Opinión: Un plan de seguridad hídrica a la espera de hacerse realidad

Durante años hemos vivido convencidos acerca de la garantía que tenemos en nuestros hogares, colegios, empresas o grandes industrias de tener agua para satisfacer nuestras necesidades. Abrir la llave y que el preciado líquido emane en grandes cantidades, como si fuera inagotable, parecía parte del “paisaje”, un hecho normal, como si fuera una obligación de la naturaleza o del gobierno de turno, a través de las empresas de servicios públicos.

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Esa normalidad que vivíamos, principalmente en las grandes urbes como Bogotá, desconociendo que en otras latitudes el agua es más valiosa que el oro, que no brota a borbotones y que de hecho llega como si fuese un milagro de la vida, ha ido cambiando poco a poco durante el último mes, luego del inicio del racionamiento.

Una verdadera ironía, sin duda, para una ciudad bendecida por estar a los pies de los páramos de Sumapaz, Chingaza, Cruz Verde, productores de agua, uno de ellos el más grande del mundo, y un ecosistema maravilloso que también abarca los departamentos de Meta, Huila y Cundinamarca, que hacen parte de la Región Central.

La crisis de desabastecimiento que atraviesa la ciudad y la región era previsible. Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, todo lo que tiene que ver con los problemas derivados de la crisis climática y el cuidado del ambiente, son vistos como algo remoto, que afectará a las futuras generaciones, pero que no es perentorio, pese a las cumbres, conferencias o reuniones de alto nivel cuyas conclusiones se convierten en letra muerta y pocas veces se ponen en práctica una vez se cierran las discusiones, se toman las fotos para las redes sociales y se hace el último brindis.

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Desde la RAP-E nos anticipamos a esta inevitable coyuntura, por eso en diciembre de 2021, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentamos el Plan de Seguridad Hídrica, cuyo objetivo principal era y sigue siendo la preservación de este recurso esencial para la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, la preservación de ecosistemas y, en resumen, la conservación de la vida misma.

Para ello, propusimos cinco dimensiones desde la gobernanza, la gestión integral del recurso, la identificación de ecosistemas de importancia hídrica regional, los aspectos socioeconómicos y la resiliencia. En ese orden de ideas, para la Región Central la seguridad hídrica significa tener una disponibilidad de agua que sea adecuada, en cantidad y calidad, para el abastecimiento humano, los usos de subsistencia, la protección de los ecosistemas y la producción, así como un nivel aceptable de riesgos (asociados a los recursos hídricos) para la población, el medio ambiente y la economía.

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Desde ese momento y hasta hoy, el diagnóstico sigue siendo el mismo: baja inversión y capacidad organizacional desde los municipios en temas del recurso hídrico, baja disponibilidad de información, poca efectividad de los espacios de articulación institucional, bajo Impacto de los instrumentos dirigidos a la protección y mantenimiento de áreas y predios estratégicos para el recurso hídrico, deforestación, riesgo de inundaciones, altas sequías, déficit de sistemas de alertas tempranas, crecimiento poblacional, y un largo etcétera que no ha sido subsanado por los entes territoriales.

Estamos en el momento justo para pasar del discurso a la acción, de las palabras a los hechos, y de trazar una hoja de ruta clara en los planes de desarrollo que actualmente se debaten en los municipios y capitales, que establezca la seguridad hídrica y la protección al ambiente como eje fundamental de cualquier política.

A partir de esta visión, no sólo sobrevivirá el proyecto y el legado particular de cada mandatario o mandataria de turno, también nosotros como individuos, como especie, como seres vivos que tenemos la ineludible responsabilidad de salvar este hogar llamado planeta tierra.

Durante años hemos vivido convencidos acerca de la garantía que tenemos en nuestros hogares, colegios, empresas o grandes industrias de tener agua para satisfacer nuestras necesidades. Abrir la llave y que el preciado líquido emane en grandes cantidades, como si fuera inagotable, parecía parte del “paisaje”, un hecho normal, como si fuera una obligación de la naturaleza o del gobierno de turno, a través de las empresas de servicios públicos.

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Esa normalidad que vivíamos, principalmente en las grandes urbes como Bogotá, desconociendo que en otras latitudes el agua es más valiosa que el oro, que no brota a borbotones y que de hecho llega como si fuese un milagro de la vida, ha ido cambiando poco a poco durante el último mes, luego del inicio del racionamiento.

Una verdadera ironía, sin duda, para una ciudad bendecida por estar a los pies de los páramos de Sumapaz, Chingaza, Cruz Verde, productores de agua, uno de ellos el más grande del mundo, y un ecosistema maravilloso que también abarca los departamentos de Meta, Huila y Cundinamarca, que hacen parte de la Región Central.

La crisis de desabastecimiento que atraviesa la ciudad y la región era previsible. Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, todo lo que tiene que ver con los problemas derivados de la crisis climática y el cuidado del ambiente, son vistos como algo remoto, que afectará a las futuras generaciones, pero que no es perentorio, pese a las cumbres, conferencias o reuniones de alto nivel cuyas conclusiones se convierten en letra muerta y pocas veces se ponen en práctica una vez se cierran las discusiones, se toman las fotos para las redes sociales y se hace el último brindis.

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Para ello, propusimos cinco dimensiones desde la gobernanza, la gestión integral del recurso, la identificación de ecosistemas de importancia hídrica regional, los aspectos socioeconómicos y la resiliencia. En ese orden de ideas, para la Región Central la seguridad hídrica significa tener una disponibilidad de agua que sea adecuada, en cantidad y calidad, para el abastecimiento humano, los usos de subsistencia, la protección de los ecosistemas y la producción, así como un nivel aceptable de riesgos (asociados a los recursos hídricos) para la población, el medio ambiente y la economía.

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Desde ese momento y hasta hoy, el diagnóstico sigue siendo el mismo: baja inversión y capacidad organizacional desde los municipios en temas del recurso hídrico, baja disponibilidad de información, poca efectividad de los espacios de articulación institucional, bajo Impacto de los instrumentos dirigidos a la protección y mantenimiento de áreas y predios estratégicos para el recurso hídrico, deforestación, riesgo de inundaciones, altas sequías, déficit de sistemas de alertas tempranas, crecimiento poblacional, y un largo etcétera que no ha sido subsanado por los entes territoriales.

Estamos en el momento justo para pasar del discurso a la acción, de las palabras a los hechos, y de trazar una hoja de ruta clara en los planes de desarrollo que actualmente se debaten en los municipios y capitales, que establezca la seguridad hídrica y la protección al ambiente como eje fundamental de cualquier política.

A partir de esta visión, no sólo sobrevivirá el proyecto y el legado particular de cada mandatario o mandataria de turno, también nosotros como individuos, como especie, como seres vivos que tenemos la ineludible responsabilidad de salvar este hogar llamado planeta tierra.