Opinión: Vivienda social en Bogotá, una política en el aire

Adriana es madre cabeza de hogar y vive con sus tres hijos en Ciudad Bolívar (Bogotá), muy cerca al límite con Soacha. Comparte la misma casa con otras tres familias, distribuidas en dos apartamentos y una pieza. En total, 13 personas conviven en una casa de cuatro pisos, tres metros de ancho y diez de largo.

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Este no es un caso aislado. De acuerdo con Olga Lucía Ceballos, profesora del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana, quien ha venido estudiando la situación de la vivienda en Bogotá, en las dos últimas décadas no ha habido una política coherente, clara, estratégica y de largo plazo en la ciudad para este tema. Estas iniciativas dependen del alcalde de turno, que en cuatro años tiene que mostrar resultados tangibles, por lo que no hay una planificación a largo plazo para enfrentar el déficit de vivienda. En general, las familias de bajos ingresos son las más afectadas.

Una política que se mueve por inercia

Más que ser un proceso ordenado, planificado y estratégico, su investigación evidencia que la construcción de vivienda en la capital se ha fundamentado en dos modelos principales. El primero se basa en la experiencia que tuvo Chile en los años setenta. Allí se generó un modelo en el que el sector público dejaba de asumir la producción, y se enfocaba en financiar parcialmente el desarrollo de unidades de bajo costo construidas por privados. Dicho modelo se denominó ‘subsidio a la demanda’.

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El segundo consiste en legalizar los barrios de origen informal y adelantar en ellos programas de mejoramiento. En esta modalidad, se mejora la infraestructura que han hecho las personas por sus propios medios, mediante la pavimentación de las calles, la extensión de redes de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, así como con la entrega de los títulos de propiedad de las viviendas. Así fue como se estableció el barrio donde vive Adriana hace unos quince años.

Dice Ceballos que, si bien estos dos modelos han funcionado relativamente bien durante décadas, las entidades estatales no están jugando un papel determinante y propositivo en la atención efectiva al déficit de vivienda y en la consecuente planificación del ordenamiento territorial. “No son las autoridades nacionales ni regionales las que están promoviendo y creando los proyectos de vivienda.

El Estado regula el mercado mediante el subsidio a la demanda, pero no hay claridad frente a planes estratégicos que apunten a solucionar la penuria habitacional de los hogares pobres”. El hecho de que la promoción de proyectos de vivienda dependa principalmente del sector privado ha incidido en un crecimiento de la ciudad aleatorio, desarticulado y desordenado.

Un sector altamente informal

Dice el estudio que es una situación preocupante, porque la capacidad de los privados no es suficiente para cubrir la demanda. Por ello, muchas familias, especialmente en barrios de periferia, encuentran una alternativa en la informalidad. Según datos de la Secretaría Distrital de Planeación, anualmente se forman cerca de 55.000 nuevos hogares en la ciudad, para los cuales, y según cifras del distrito, el mercado formal oferta un promedio de 30.000 unidades de vivienda al año y el sector informal aporta cerca de 20.000 unidades.

“Cuando recorremos los barrios de origen informal en Ciudad Bolívar, como Caracolí, Potosí y Santa Viviana, vemos cómo sus habitantes van construyendo tercer, cuarto y hasta quinto piso para generar unidades para alquilar. Los barrios se están densificando y, en la mayoría de los casos, en condiciones constructivas con muchos riesgos, que no cumplen las normas de resistencia sísmica”, expone Ceballos.

Si bien se formuló la Política Integral del Hábitat 2007-2017, con el objetivo de lograr una actuación pública más articulada que mejorara la eficiencia de los programas distritales pertinentes, los resultados evidencian que no se alcanzaron sus objetivos. Entre sus finalidades se planteaba enfrentar el tema de la producción informal de vivienda para disminuir su impacto en la ciudad.

No obstante, las cifras demuestran que este fenómeno no solo se ha mantenido, con un incremento anual sostenido en la ocupación informal de suelo en la periferia de la ciudad, sino que adicionalmente se da en la densificación de las viviendas en los barrios de origen informal. Es posible señalar que años atrás la estrategia de este sector era ocupar suelo para que la gente fuera propietaria, pero a ello hoy se suma la práctica de densificar verticalmente para lograr unidades de alquiler.

Adicionalmente, no se ha logrado un control efectivo de las autoridades para contrarrestar este fenómeno. Adriana cuenta que una fotocopia de la cédula y un contrato fueron suficientes para arrendar el último piso de la casa en la que vive, pero que en ningún momento las autoridades locales revisan las instalaciones, ni los permisos, ni el tipo de arrendamiento que tiene.

La investigadora insiste en que es necesario plantear estrategias de largo aliento, que no cambien con cada administración nueva y que no dependan exclusivamente de los privados. Y, también, que contemplen diferentes formas de tenencia y no se centren exclusivamente en la vivienda en propiedad.

Una política sin mucho rumbo

En los últimos días de 2021 la alcaldesa Claudia López promulgó por decreto el Plan de Ordenamiento Territorial. Este documento define el uso del suelo y los proyectos estructurales que se realizarán en la ciudad hasta 2035. Para la experta este documento tampoco trae un gran cambio cualitativo en la nueva política pública. “No cambia el modelo, confía mucho en que sea el sector privado el que actúe. Se continúa la discusión alrededor de los beneficios normativos que pueden facilitar su labor y se revisa muy poco lo que sucede en la producción informal”, explica. Mientras tanto, familias como la de Adriana seguirán viviendo en la informalidad, porque a pesar de las incomodidades, es lo que pueden pagar.

Adriana es madre cabeza de hogar y vive con sus tres hijos en Ciudad Bolívar (Bogotá), muy cerca al límite con Soacha. Comparte la misma casa con otras tres familias, distribuidas en dos apartamentos y una pieza. En total, 13 personas conviven en una casa de cuatro pisos, tres metros de ancho y diez de largo.

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Este no es un caso aislado. De acuerdo con Olga Lucía Ceballos, profesora del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana, quien ha venido estudiando la situación de la vivienda en Bogotá, en las dos últimas décadas no ha habido una política coherente, clara, estratégica y de largo plazo en la ciudad para este tema. Estas iniciativas dependen del alcalde de turno, que en cuatro años tiene que mostrar resultados tangibles, por lo que no hay una planificación a largo plazo para enfrentar el déficit de vivienda. En general, las familias de bajos ingresos son las más afectadas.

Una política que se mueve por inercia

Más que ser un proceso ordenado, planificado y estratégico, su investigación evidencia que la construcción de vivienda en la capital se ha fundamentado en dos modelos principales. El primero se basa en la experiencia que tuvo Chile en los años setenta. Allí se generó un modelo en el que el sector público dejaba de asumir la producción, y se enfocaba en financiar parcialmente el desarrollo de unidades de bajo costo construidas por privados. Dicho modelo se denominó ‘subsidio a la demanda’.

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El segundo consiste en legalizar los barrios de origen informal y adelantar en ellos programas de mejoramiento. En esta modalidad, se mejora la infraestructura que han hecho las personas por sus propios medios, mediante la pavimentación de las calles, la extensión de redes de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, así como con la entrega de los títulos de propiedad de las viviendas. Así fue como se estableció el barrio donde vive Adriana hace unos quince años.

Dice Ceballos que, si bien estos dos modelos han funcionado relativamente bien durante décadas, las entidades estatales no están jugando un papel determinante y propositivo en la atención efectiva al déficit de vivienda y en la consecuente planificación del ordenamiento territorial. “No son las autoridades nacionales ni regionales las que están promoviendo y creando los proyectos de vivienda.

El Estado regula el mercado mediante el subsidio a la demanda, pero no hay claridad frente a planes estratégicos que apunten a solucionar la penuria habitacional de los hogares pobres”. El hecho de que la promoción de proyectos de vivienda dependa principalmente del sector privado ha incidido en un crecimiento de la ciudad aleatorio, desarticulado y desordenado.

Un sector altamente informal

Dice el estudio que es una situación preocupante, porque la capacidad de los privados no es suficiente para cubrir la demanda. Por ello, muchas familias, especialmente en barrios de periferia, encuentran una alternativa en la informalidad. Según datos de la Secretaría Distrital de Planeación, anualmente se forman cerca de 55.000 nuevos hogares en la ciudad, para los cuales, y según cifras del distrito, el mercado formal oferta un promedio de 30.000 unidades de vivienda al año y el sector informal aporta cerca de 20.000 unidades.

“Cuando recorremos los barrios de origen informal en Ciudad Bolívar, como Caracolí, Potosí y Santa Viviana, vemos cómo sus habitantes van construyendo tercer, cuarto y hasta quinto piso para generar unidades para alquilar. Los barrios se están densificando y, en la mayoría de los casos, en condiciones constructivas con muchos riesgos, que no cumplen las normas de resistencia sísmica”, expone Ceballos.

Si bien se formuló la Política Integral del Hábitat 2007-2017, con el objetivo de lograr una actuación pública más articulada que mejorara la eficiencia de los programas distritales pertinentes, los resultados evidencian que no se alcanzaron sus objetivos. Entre sus finalidades se planteaba enfrentar el tema de la producción informal de vivienda para disminuir su impacto en la ciudad.

No obstante, las cifras demuestran que este fenómeno no solo se ha mantenido, con un incremento anual sostenido en la ocupación informal de suelo en la periferia de la ciudad, sino que adicionalmente se da en la densificación de las viviendas en los barrios de origen informal. Es posible señalar que años atrás la estrategia de este sector era ocupar suelo para que la gente fuera propietaria, pero a ello hoy se suma la práctica de densificar verticalmente para lograr unidades de alquiler.

Adicionalmente, no se ha logrado un control efectivo de las autoridades para contrarrestar este fenómeno. Adriana cuenta que una fotocopia de la cédula y un contrato fueron suficientes para arrendar el último piso de la casa en la que vive, pero que en ningún momento las autoridades locales revisan las instalaciones, ni los permisos, ni el tipo de arrendamiento que tiene.

La investigadora insiste en que es necesario plantear estrategias de largo aliento, que no cambien con cada administración nueva y que no dependan exclusivamente de los privados. Y, también, que contemplen diferentes formas de tenencia y no se centren exclusivamente en la vivienda en propiedad.

Una política sin mucho rumbo

En los últimos días de 2021 la alcaldesa Claudia López promulgó por decreto el Plan de Ordenamiento Territorial. Este documento define el uso del suelo y los proyectos estructurales que se realizarán en la ciudad hasta 2035. Para la experta este documento tampoco trae un gran cambio cualitativo en la nueva política pública. “No cambia el modelo, confía mucho en que sea el sector privado el que actúe. Se continúa la discusión alrededor de los beneficios normativos que pueden facilitar su labor y se revisa muy poco lo que sucede en la producción informal”, explica. Mientras tanto, familias como la de Adriana seguirán viviendo en la informalidad, porque a pesar de las incomodidades, es lo que pueden pagar.