“Pagamos $180.000 por la bolsa para embalar el cuerpo”: afiliados de funeraria

En medio de la emergencia se siguen conociendo historias de las posibles irregularidades en medio de un momento crítico para las familias: la muerte de un ser querido. En esta oportunidad está el relato de José, quien perdió a su padre el 24 julio y quien en entrevista con El Espectador asegura que detrás de su caso hay una serie de inconsistencias que comenzaron cuando su familia se puso en contacto con la funeraria. El asesor que los atendió les dijo que iban en camino para recoger el cuerpo. “Pero pasaba el tiempo, así que seguíamos insistiendo. Nos decían que ‘ya venían’, ‘que esperen’, que ‘ya vamos llegando’”, comenta. Finalmente, trabajadores de Capillas de la Fe estuvieron allí a las 24 horas.

Al llegar les dijeron que la persona se había muerto por sospecha de COVID-19 y que por eso tenían que pagar un kit sanitario para transportar el cuerpo, el cual era obligatorio, ya que era parte del protocolo de manejo, traslado y disposición final de cadáveres establecido por el Ministerio de Salud. “Nos pareció injusto, porque sabíamos que él iría directo a cremación y, por lo tanto, no recibiríamos otros servicios que sí estaban en el contrato, como el transporte, la velación y la misa, así que intentamos negociar para que se hiciera un cruce de cuentas y no tuviéramos que pagar más por un servicio que tenemos contratado hace 20 años”, describe.

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La respuesta fue un rotundo no, pues “en la póliza no existía nada que incluyera una pandemia”. Ante la presión del momento, y por no hacer más difícil el proceso que los enlutaba, José pagó $180.000, por lo que describe como una bolsa para manejar el cuerpo. Este objeto, efectivamente, se encuentra en el protocolo para manejo de cadáveres establecido por el Ministerio de Salud. Sin embargo, José desconocía que los agentes de la funeraria no debían hacer ese cobro.

El Espectador contactó a Capillas de la Fe para averiguar qué fue lo que pasó con este caso. En un comunicado aseguraron que “desafortunadamente hubo un error del funcionario que atendió a la familia, toda vez que efectuó un cobro que no correspondía, error que se generó por el volumen de servicios que actualmente se atienden y por la tensión que la pandemia ha generado a nivel de los prestadores de servicios funerarios, los cuales está en la primera línea de riesgo”.

Horas más tarde de que este medio se hubiera puesto en contacto con la funeraria, esta llamó a la familia para ofrecerles excusas y plantear las correcciones. Del mismo modo, explicó que el tema de la bioseguridad no se encuentra en ningún plan, “porque esto es una situación anormal dentro de la prestación de servicios funerarios”.

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En suma, Capillas de la Fe dice que sus planes fueron diseñados antes de la pandemia y que, por consiguiente, “el embalaje del cuerpo de la persona fallecida no se cobra”. “Lo único que se ofrece a los dolientes es un kit de desinfección del hogar que pueden adquirir de manera adicional y voluntaria”, concluye.

Otros casos

Hay que mencionar que este no sería un caso aislado en el país y que Capillas de la Fe no sería la única en presentar presuntas irregularidades, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) actualmente investiga a 86 funerarias por presuntos cobros irregulares, demoras en la prestación del servicio, deficiente manejo de la información brindada a los familiares de personas fallecidas y cobros adicionales, todo esto aprovechando la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.

“En caso de encontrar alguna conducta que viole los derechos de los consumidores como información engañosa o insuficiente, cláusulas abusivas, falta de calidad, idoneidad, seguridad u otra infracción en términos del Estatuto del Consumidor, podrán imponerse multas hasta por 2 mil salarios mínimos (casi $1.700 millones). Asimismo, de hasta por 1.000 SMMLV en caso de no responder en término y de manera completa el requerimiento realizado por esta autoridad”, comunicó la SIC.

De estas 86 funerarias, la SIC formuló pliego de cargos a 40 de todo el país, por no responder los requerimientos de información que hizo en abril. Entre las empresas que se encuentran bajo la lupa están: Funeraria Jardines de la Paz, Jardines del Apogeo y Funeraria y Exequiales Cristo Rey.

La SIC comunicó que la negativa de estas compañías ante la información solicitada “obstaculiza las acciones de inspección y vigilancia, indispensables para supervisar dicho sector, el cual cumple un papel importante en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y tiene obligaciones precisas de bioseguridad (...) medidas que con ocasión a su implementación, según denuncia la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, han generado presuntos cobros adicionales a los inicialmente pactados antes de la declaratoria del Estado de emergencia”.

José pide a las familias que pasen por procesos similares a no dejarse llevar por el momento y estar pendientes de todos los documentos que les hagan firmar, así como los cobros que se puedan considerar irregulares, ya que, según él, las funerarias estarían aprovechando la situación para conseguir beneficios abusivos.

En medio de la emergencia se siguen conociendo historias de las posibles irregularidades en medio de un momento crítico para las familias: la muerte de un ser querido. En esta oportunidad está el relato de José, quien perdió a su padre el 24 julio y quien en entrevista con El Espectador asegura que detrás de su caso hay una serie de inconsistencias que comenzaron cuando su familia se puso en contacto con la funeraria. El asesor que los atendió les dijo que iban en camino para recoger el cuerpo. “Pero pasaba el tiempo, así que seguíamos insistiendo. Nos decían que ‘ya venían’, ‘que esperen’, que ‘ya vamos llegando’”, comenta. Finalmente, trabajadores de Capillas de la Fe estuvieron allí a las 24 horas.

Al llegar les dijeron que la persona se había muerto por sospecha de COVID-19 y que por eso tenían que pagar un kit sanitario para transportar el cuerpo, el cual era obligatorio, ya que era parte del protocolo de manejo, traslado y disposición final de cadáveres establecido por el Ministerio de Salud. “Nos pareció injusto, porque sabíamos que él iría directo a cremación y, por lo tanto, no recibiríamos otros servicios que sí estaban en el contrato, como el transporte, la velación y la misa, así que intentamos negociar para que se hiciera un cruce de cuentas y no tuviéramos que pagar más por un servicio que tenemos contratado hace 20 años”, describe.

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La respuesta fue un rotundo no, pues “en la póliza no existía nada que incluyera una pandemia”. Ante la presión del momento, y por no hacer más difícil el proceso que los enlutaba, José pagó $180.000, por lo que describe como una bolsa para manejar el cuerpo. Este objeto, efectivamente, se encuentra en el protocolo para manejo de cadáveres establecido por el Ministerio de Salud. Sin embargo, José desconocía que los agentes de la funeraria no debían hacer ese cobro.

El Espectador contactó a Capillas de la Fe para averiguar qué fue lo que pasó con este caso. En un comunicado aseguraron que “desafortunadamente hubo un error del funcionario que atendió a la familia, toda vez que efectuó un cobro que no correspondía, error que se generó por el volumen de servicios que actualmente se atienden y por la tensión que la pandemia ha generado a nivel de los prestadores de servicios funerarios, los cuales está en la primera línea de riesgo”.

Horas más tarde de que este medio se hubiera puesto en contacto con la funeraria, esta llamó a la familia para ofrecerles excusas y plantear las correcciones. Del mismo modo, explicó que el tema de la bioseguridad no se encuentra en ningún plan, “porque esto es una situación anormal dentro de la prestación de servicios funerarios”.

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En suma, Capillas de la Fe dice que sus planes fueron diseñados antes de la pandemia y que, por consiguiente, “el embalaje del cuerpo de la persona fallecida no se cobra”. “Lo único que se ofrece a los dolientes es un kit de desinfección del hogar que pueden adquirir de manera adicional y voluntaria”, concluye.

Otros casos

Hay que mencionar que este no sería un caso aislado en el país y que Capillas de la Fe no sería la única en presentar presuntas irregularidades, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) actualmente investiga a 86 funerarias por presuntos cobros irregulares, demoras en la prestación del servicio, deficiente manejo de la información brindada a los familiares de personas fallecidas y cobros adicionales, todo esto aprovechando la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.

“En caso de encontrar alguna conducta que viole los derechos de los consumidores como información engañosa o insuficiente, cláusulas abusivas, falta de calidad, idoneidad, seguridad u otra infracción en términos del Estatuto del Consumidor, podrán imponerse multas hasta por 2 mil salarios mínimos (casi $1.700 millones). Asimismo, de hasta por 1.000 SMMLV en caso de no responder en término y de manera completa el requerimiento realizado por esta autoridad”, comunicó la SIC.

De estas 86 funerarias, la SIC formuló pliego de cargos a 40 de todo el país, por no responder los requerimientos de información que hizo en abril. Entre las empresas que se encuentran bajo la lupa están: Funeraria Jardines de la Paz, Jardines del Apogeo y Funeraria y Exequiales Cristo Rey.

La SIC comunicó que la negativa de estas compañías ante la información solicitada “obstaculiza las acciones de inspección y vigilancia, indispensables para supervisar dicho sector, el cual cumple un papel importante en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y tiene obligaciones precisas de bioseguridad (...) medidas que con ocasión a su implementación, según denuncia la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, han generado presuntos cobros adicionales a los inicialmente pactados antes de la declaratoria del Estado de emergencia”.

José pide a las familias que pasen por procesos similares a no dejarse llevar por el momento y estar pendientes de todos los documentos que les hagan firmar, así como los cobros que se puedan considerar irregulares, ya que, según él, las funerarias estarían aprovechando la situación para conseguir beneficios abusivos.