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Al alcalde Enrique Peñalosa, de cumplir las propuestas que fijó en el Plan de Desarrollo que radicó el viernes en el Concejo, posiblemente lo recordarán por una administración en la que Bogotá estuvo, gracias a las numerosas obras civiles, “en obra negra”. Eso puede concluirse al conocer los detalles de la propuesta, en la que la movilidad se lleva la mitad de las inversiones.
Las cifras evidencian un ambicioso plan de gobierno que costará casi $90 billones. Y aunque supera ampliamente la propuesta de su antecesor en materia presupuestal, todo tiene una razón: esta será una alcaldía que venderá activos como la ETB y tendrá las puertas bien abiertas al capital de las empresas privadas a través de las Alianzas Público-Privadas (APP).
El sector privado tendrá un amplio campo de acción. Al revisar sector por sector, como plantea Peñalosa invertir el multimillonario presupuesto, hay un dato llamativo: de los $90 billones, la mitad se destinará a mejorar la movilidad de la ciudad. El documento plantea ampliar la red de Transmilenio de 113 a 170 kilómetros, con la construcción de troncales por las avenidas Ciudad de Cali (entre la avenida Bosa y la calle 170) y la calle 100 (de la carrera séptima a la avenida Suba), que cataloga como obras prioritarias. A esto se suma el objetivo de mejorar o extender otras, como la calle 80 hasta la salida de Bogotá, y la calle 26 hasta el aeropuerto El Dorado; construir nuevas avenidas y ciclorrutas, y mejorar intersecciones, accesos a la ciudad y algunas vías locales. Este menú de propuestas estará a cargo del IDU y de Transmilenio, que tendrán gran parte del presupuesto.
El alcalde argumenta que su plan tiene un fuerte componente social, aunque alrededor de esto puede plantearse una discusión. Para él, el hecho de que la inversión se concentre en localidades con población vulnerable, como Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Suba y Rafael Uribe Uribe hace que su propuesta beneficie a los que más necesidades tienen. Pero si las cifras se analizan por sectores de inversión, sí se nota el privilegio a la movilidad (48,6 %) por encima de otros campos. Por ejemplo, educación se lleva el 16,8 %; salud, el 15 %; hábitat, el 6,3 %, e integración social, 5,7 %. Estos cuatro sectores suman 44 % del total. El 6 % restante se destinará a sectores como seguridad, defensa, planeación, hacienda, desarrollo económico, gobierno, entre otros. La administración, de todas formas, argumenta que “las obras destinadas a la movilidad generan condiciones que mejoran la calidad de vida de los habitantes, no en vano fue el reto de ciudad en el que más ideas aportaron los ciudadanos”.
Esa distribución de la inversión ya la había criticado el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), que luego de estudiar el primer borrador del Plan de Desarrollo cuestionó que lo social carezca de financiación suficiente, mientras “la prioridad que les da a infraestructura y movilidad es notoria”, por encima de las estrategias para construir comunidad, como seguridad, justicia, derechos humanos, víctimas, paz y posconflicto.
La financiación
En medio de todo este panorama, el reto principal es la financiación. Dado lo ambicioso del Plan, la apuesta es conseguir recursos adicionales a los impuestos. Se destacan cuatro fuentes: primero, las Alianzas Público-Privadas (APP), que se prevé cubran $13 billones de los $90 billones que cuesta hacer todo lo que propone Peñalosa. Esta estrategia no sólo servirá para financiar infraestructura vial (como las carreteras de acceso a Bogotá), sino la construcción de colegios y hospitales. Si se tiene en cuenta que Gustavo Petro propuso en su plan conseguir $3,6 billones del sector privado, la cifra de Peñalosa es ambiciosa. Aunque, vale decirlo, la moderó sustancialmente: hace dos meses, cuando presentó el borrador del Plan, había propuesto $30 billones.
Segundo, la venta de la ETB. Aún es incierto cuánto costará la empresa. Las acciones del Distrito en la compañía costaban el jueves pasado cerca de $1,9 billones, pero como es un proceso que tomará un buen tiempo y ante el inminente interés de diferentes empresas privadas, seguramente incrementará. El alcalde espera contar con los recursos en 2018. Anunció, no obstante, que de ese negocio dependerá, al menos en parte, la construcción de un centro de comando y control de cámaras de seguridad, 30 colegios, cuatro hospitales, ocho jardines, dos megacentros deportivos y troncales de Transmilenio, así como la capitalización de la EPS Capital Salud, que es de la Alcaldía y está en crisis.
Tercero, buscará créditos por $5,1 billones. La Alcaldía presentará un proyecto de acuerdo al Concejo para que le apruebe un cupo de endeudamiento para financiar, sobre todo, infraestructura vial. Finalmente, gestión de recursos adicionales, como los cobros por congestión, impuesto de valorización, pago voluntario por librarse del pico y placa, contribución a parqueaderos, peajes urbanos, entre otros.
De cumplir, al menos en infraestructura, le cambiará la cara a la ciudad. Falta ver cómo el ingrediente social que dice estar incluido en todas sus propuestas, también les cambia el día a día a los bogotanos. Es claro que el Plan de Desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa propone una visión a largo plazo, que trasciende los cuatro años de su mandato. Y aunque la mayoría de obras propuestas no terminarán en su gobierno y le tocará inaugurarlas al siguiente mandatario, el alcalde concluye: “Eso no me preocupa”.