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La Contraloría de Bogotá acaba de abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde Enrique Peñalosa y el gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, por un presunto detrimento patrimonial –que asciende a los $146 mil millones– al no tener en cuenta los estudios que elaboró la administración pasada para estructurar la primera línea del sistema.
De acuerdo con el contralor distrital, Juan Carlos Granados, se trata de establecer si la decisión fue acertada en términos de eficiencia y eficacia, dado que se trata de estudios que fueron avalados por el Banco Mundial y las universidades Nacional y Los Andes, en los que se estructuró un sistema subterráneo, diferente al metro elevado que ha ideado la administración Peñalosa.
“Se trata de establecer si hubo un detrimento patrimonial al no utilizar o utilizar parcialmente los estudios. Queremos determinar si fue una decisión eficaz, eficiente y económica (…) Los recursos del Distrito son del Distrito y no se pueden usar en estudios y dejarlos en anaqueles, a menos de que se compruebe eficazmente que la decisión o la omisión es por razones de mayor eficiencia”, declaró Granados, alertando que en poco más de dos meses –según el cronograma de la obra– se debe firmar el convenio de cofinanciación que garantizará los recursos para el proyecto por parte del Gobierno Nacional.
Para la firma de tal convenio, el Distrito deberá tener listos los estudios de detalle, proceso en el que se trabaja actualmente y que había dejado listo la administración pasada. En ese sentido, Granados expresó preocupación porque no se alcance a cumplir con el cronograma y no se logre abrir la licitación del sistema, prevista para noviembre próximo. (Lea: El metro de Bogotá y su lucha contrarreloj)
“Estamos conminados a dos meses y 10 días de la firma de un convenio, circunstancia que, si no se diere en cumplimiento de los requisitos del Confis, se traduciría en que no tendríamos iniciación del metro, por lo menos no en los próximos años”, agregó el funcionario.
Lo anterior, teniendo en cuenta que una vez entre en vigencia la Ley de Garantías en noviembre, por el inicio de las campañas electorales, no se podrán celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos. Para abrir la licitación del metro este año, el Gobierno y el Distrito deben firmar un convenio de cofinanciación con el que comprometen las vigencias futuras, es decir, el dinero que durante 30 años cada uno asignará a esta obra.
Tanto Peñalosa como el gerente del Metro deberán comparecer el próximo 29 de agosto a la Contraloría Distrital para que rindan versión libre y detallen las razones de la medida. El proceso de responsabilidad fiscal busca recuperar los dineros públicos que presuntamente hayan sido malversados o extraviados como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal.
El alcalde Peñalosa ya ha manifestado que su decisión de cambiar de diseño se debe a un asunto presupuestal. Bogotá no tenía cómo pagar metro subterráneo propuesto por el exalcalde Gustavo Petro, cuyos costos aumentaron con la devaluación del peso. El burgomaestre asegura que el diseño elevado costará menos y será de calidad, “alto, esbelto y valorizará las propiedades”.
Otros casos
No es la primera vez que la Contraloría investiga a funcionarios del Distrito. El año pasado, Juan Carlos Granados le abrió un proceso de responsabilidad fiscal a la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas. Según el ente de control, Transmilenio dejó de recibir $2.809 millones porque Rojas decidió delegarles a los buses provisionales la operación de las rutas del SITP que cubrían Egobús y Coobús, operadores en proceso de liquidación. Hoy la funcionaria tiene embargada sus cuentas.
El segundo proceso fue en contra de la presidenta de la Empresa de Energía de Bogotá, Astrid Álvarez, por unas posibles irregularidades en las indemnizaciones de los funcionarios que sacaron cuando arribó a su puesto