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De 34 entidades del Distrito, 26 tienen riesgo medio y alto de corrupción según el más reciente informe del Índice de Transparencia de Bogotá (ITB). Ese reporte no indica que las entidades sean corruptas, solo evalúa las condiciones de cada institución para establecer qué tan propensas son a no tener prácticas transparentes. La proclividad a irregularidades administrativas no solo quedaron plasmadas en papel: la Personería de Bogotá anunció este viernes que adelanta 2.850 procesos disciplinarios contra servidores de la Alcaldía, de los cuales ya han sido sancionados 99. (LEA: ¿Qué pasa con las entidades del Distrito con alto riesgo de corrupción?)
De acuerdo con la Personería, las investigaciones se adelantan por conductas sospechosas que implican actos de corrupción al interior de las entidades del Distrito. La mayoría de los procesos disciplinarios se han abierto contra conductas relacionadas con anomalías en contratación, lo que explica que más del 33 % de los sancionados sean exfuncionarios de las alcaldías locales y que la principal conducta investigada sea la presunta violación al régimen de contratación. Vale aclarar que la autonomía que tienen las alcaldías locales para contratar, lejos de alejar las prácticas corruptas, es la puerta por donde suelen ingresar las malas prácticas administrativas.
El complicado panorama en las localidades se evidencia en la cantidad de funcionarios investigados: de los 2.850 procesos disciplinarios, 1.040 se adelantan contra servidores de la Secretaría de Gobierno. A las localidades le sigue Educación como el sector con más averiguaciones disciplinarias, con 278 procesos abiertos. Hábitat y servicios públicos, con 252 procesos, cierra el “podio” de las entidades más investigadas. Otros sectores que también tienen funcionarios implicados en posibles malas prácticas administrativas son Movilidad (248 procesos), Salud (238), Cultura (164), Seguridad (137), Ambiente (131), Integración Social (120), Desarrollo Económico (98), y Hacienda (80).
Las investigaciones a procesos dudosos ha derivado en formulación de cargos, y el 89 % de las faltas evaluadas fueron calificadas como gravísimas o graves. De los procesos vigentes, 1.369 están en proceso de investigación disciplinaria, 1.102 en indagación preliminar, 237 están como queja disciplinaria y 142 en etapa de juzgamiento.
La Personería anunció que en lo corrido de esta administración se han sancionado 99 servidores públicos en segunda instancia. De ese total, el 82 % de los casos fueron destituciones y suspensiones del cargo. En el último año y medio se han tomado medidas contra 40 servidores de alcaldías locales, 8 de la Secretaría de Educación (la mayoría docentes acusados de acoso o abuso sexual a menores), 3 de la Secretaría de Integración Social, 3 del Instituto para la Economía Social y 2 de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
También hay sanciones contra funcionarios del Instituto de Turismo, Bomberos, Alcaldía Mayor, Empresa de Renovación Urbana, Concejo de Bogotá, Secretaría de Gobierno y la Mujer, Fondo de Vigilancia, Instituto de Patrimonio Cultural, Universidad Distrital y Empresa de Acueducto.
El exalcalde de Teusaquillo, Iván Marcel Fresneda, y la exalcaldesa de Santa Fe, María Esmeralda Martínez, fueron los funcionarios sancionados más recientemente. Ambos fueron destituidos e inhabilitados por diez años, pues según la Personería vulneraron los principios de transparencia y selección objetiva de la contratación estatal.
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