Personería de Bogotá destituye e inhabilita por 10 años a exfuncionario del IDRD
La decisión se tomó luego de validar que desconoció los principios de moralidad y celeridad de la función pública dentro de la licitación pública 22 de 2014.
La Personería de Bogotá a través de la delegada para la Potestad Disciplinaria IV notificó en la mañana de este lunes, 8 de mayo, la destitución y sanción a Juan Carlos Montes Fernández, quien se desempañaba como subdirector técnico de Construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte -Idrd-.
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Según el ente garante de derechos, el funcionario incurrió al parecer en una falta “gravísima” al participar en la etapa precontractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal.
Según la investigación en su contra adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el exfuncionario de la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá habría utilizado su cargo para intervenir indebidamente en la fase previa de un contrato de obra.
Se trata de un convenio, suscrito en 2015, el cual ascendió a 19.000 millones de pesos y tenía como fin la construcción del parque El Porvenir, en la localidad de Bosa, en el suroccidente de la capital del país.
“Esta injerencia supuestamente ilegal también se presentó en el contrato de interventoría de 2015, cuyo valor superó los 1.160 millones de pesos. El material de prueba permitió identificar varias posibles anomalías como el favorecimiento de un consorcio específico”, señaló la Fiscalía en julio del año pasado.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, también se encontraron deficiencias en los estudios previos, que no fueron ajustados a los precios del mercado ni caracterizaban a la población que se beneficiaría con el proyecto; y desconocimiento de principios definidos en la contratación pública como participación, igualdad y transparencia, entre otros.
“Igualmente, se le probó el desconocimiento de los principios de moralidad y celeridad de la función pública dentro de la licitación pública 22 de 2014, al revivir etapas contractuales fenecidas para adelantar una nueva evaluación de ofertas y adjudicar el contrato de obra No. 39093 de 2015 a un proponente inicialmente rechazado en la calificación definitiva”, afirmaron desde la Personería.
Por estos motivos Montes además de ser destituido, fue sancionado con inhabilidad para ejercer cargos públicos y contratar con el estado hasta el 2033.
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Se trata de un convenio, suscrito en 2015, el cual ascendió a 19.000 millones de pesos y tenía como fin la construcción del parque El Porvenir, en la localidad de Bosa, en el suroccidente de la capital del país.
“Esta injerencia supuestamente ilegal también se presentó en el contrato de interventoría de 2015, cuyo valor superó los 1.160 millones de pesos. El material de prueba permitió identificar varias posibles anomalías como el favorecimiento de un consorcio específico”, señaló la Fiscalía en julio del año pasado.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, también se encontraron deficiencias en los estudios previos, que no fueron ajustados a los precios del mercado ni caracterizaban a la población que se beneficiaría con el proyecto; y desconocimiento de principios definidos en la contratación pública como participación, igualdad y transparencia, entre otros.
“Igualmente, se le probó el desconocimiento de los principios de moralidad y celeridad de la función pública dentro de la licitación pública 22 de 2014, al revivir etapas contractuales fenecidas para adelantar una nueva evaluación de ofertas y adjudicar el contrato de obra No. 39093 de 2015 a un proponente inicialmente rechazado en la calificación definitiva”, afirmaron desde la Personería.
Por estos motivos Montes además de ser destituido, fue sancionado con inhabilidad para ejercer cargos públicos y contratar con el estado hasta el 2033.
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