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La Personería de Bogotá anunció que investigará a los responsables de la construcción de la vía al Llano por presuntas irregularidades en el proceso. "Treinta y cinco meses más tarde de lo previsto y con unos costos que duplican el valor inicial, la ampliación de la vía aún no ha sido terminada después de cuatro años y medio firmando contratos en medio de reiterados incumplimientos".
Por esta razón, el ente de control inició una investigación disciplinaria contra los directivos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por su presunta responsabilidad en la demora de las obras, la entrega de los predios, los sobrecostos y los perjuicios para la comunidad.
El informe de la Personería Delegada para la Movilidad estableció que tanto en el contrato de diseño como en el de construcción de la vía, que va de la Avenida Caracas (CAI Yomasa) hasta el límite de la concesión de la carretera al Llano, "hay irregularidades en los estudios de la obra y en la ejecución por parte de dos contratistas y las firmas interventoras, sin que el IDU haya aplicado por lo menos una sanción o multas sucesivas por los permanentes incumplimientos de los particulares".
De acuerdo con la Personería Delegada para la Movilidad, tampoco se realizó de manera oportuna acción alguna para trasladar a los contratistas los mayores costos que se generaron por los retrasos; "estas sumas debieron haberse descontado de las actas de obra o actas de liquidación".
Según el contrato, tendrían que pagar seis millones de pesos por cada día de retraso. "Incluso, ni siquiera existe, a la fecha, una demanda contra el primer contratista que recibió un anticipo del 30% del valor total del contrato y sólo ejecutó 9% en 19 meses. Desde los diseños, la ampliación de la vía fue contratada en diciembre de 2005 y el acta de iniciación del contrato se suscribió sólo el 20 de febrero de 2006. Sin embargo, las obras se emprendieron el 20 de junio porque los primeros cuatro meses fueron denominados ‘etapa de preconstrucción' (incluida una prórroga), con el fin de mejorar los diseños".
Para la Contraloría, desde el inicio de la obra todos los meses se reportaron incumplimientos. "De hecho, a noviembre de 2006 el contratista no había definido los diseños de las redes de alcantarillado de aguas lluvias y en diciembre de 2006 y enero de 2007, en plena temporada de verano, el avance de las obras fue casi nulo".
"Pese a eso, el Distrito autorizó una prórroga. A los 15 meses de construcción y 19 meses de iniciado el contrato (fecha en la que deberían estar terminadas las obras), a pesar de que había sólo un avance del 9%, el IDU avaló la cesión del mismo y dio un anticipo del 50% a la nueva firma que asumió la ejecución de las obras. En ningún momento se aplicó multa alguna por los incumplimientos (180 millones mensuales), ni se obligó al contratista a devolver el 21% del anticipo que no ejecutó ni a trasladarle los costos de las demoras", señala el informe.
Así mismo, señala el documento que para la misma época el interventor también fue cambiado y, a pesar de eso, los retrasos continúan con los nuevos contratistas. "La firma que asumió la ejecución de la obra se comprometió a realizarla en 10 meses y medio; sin embargo ya van cuatro prórrogas y 37 meses sin que se termine. El presupuesto inicial de $35.723 millones pasó a $63.791 millones. No obstante, se proyecta que se necesitan $7.900 millones más para obras adicionales que no estaban previstas y que son indispensables para culminar la ampliación de la vía. La obra será entregada el 5 de julio de 2010 sin las obras de acceso a los barrios aledaños".