El Sindicato de Empleados de la Personería de Bogotá (Sindeperbo) compartió con El Espectador las razones por las que le solicitó a la Procuraduría General de la Nación iniciar una investigación disciplinaria y a la Contraloría Distrital una fiscal contra los funcionarios de esa entidad de control que hayan participado en la modificación del despacho del personero.
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Recordemos que este edificio, ubicado en la carrera 7 n.° 21-26, es un bien de interés cultural y arquitectónico, y de acuerdo con la denuncia, se le hicieron intervenciones a la oficina del personero Julián Enrique Pinilla Malagón, a través del contrato de obra 005-2021, por $18.692.184, y sin el concepto ni aprobación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).
Los integrantes del sindicato expresaron que ninguno de los personeros que ha tenido Bogotá había llevado a cabo modificaciones estructurales en esa oficina.
“No le habían hecho cambios ni mucho menos sin la autorización previa del IDPC. Pero está vez sí cambiaron la oficina entre marzo y abril de 2021, luego hicieron arreglos en otras partes y con esos sí llevaron a cabo la solicitud del concepto ante el IDPC, sin embargo, en esos arreglos no incluyeron las modificaciones que ya habían hecho en esa oficina”, señaló uno de los funcionarios de la entidad.
Y es que de acuerdo con el antes y el después del despacho, se evidencia que quitaron la madera de las paredes y las pintaron de blanco, modificaron la biblioteca y agregaron una pared con piedras decorativas, que de acuerdo con la información brindada a El Espectador, costaron 4 millones de pesos en ese contrato.
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“El sindicato pide sancionar a los responsables, empezando por el personero que fue quien lideró el cambio”, agregó un empleado del lugar.
Denuncian irregularidades en el contrato
“Se encontró que el certificado de disponibilidad presupuestal que soportó la aceptación de oferta No. 093/2021 suscrito con la firma 2F Construcciones S.A.S. fue expedido con antelación a los estudios previos, cuando las normas indican que primero se realizan el análisis preliminar para poder determinar el costo de la obra y luego emitir la disponibilidad presupuestal”, compartió el Sindicato.
Asimismo, señalaron que el contrato fue firmado inicialmente por $13.631.546, con plazo de ejecución de un mes, sin embargo, el 16 de marzo de 2021 se adicionaron $5.060.638 y fue prorrogado, “no obstante, el documento no tiene firmas de ninguna de las partes. Además, en SECOP II no se incluyó el certificado de registro presupuestal que soporta la adición y prórroga”.
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De acuerdo con el IDPC, la pintura de muros interiores o de fachadas internas, debe mantener las condiciones existentes en los muros. Asimismo, no se permite el “retiro de elementos estructurales en madera como pies derechos o maderos que sean parte estructural principal de la cubierta, y el cambio del sistema de iluminación no debe alterar las características de muros, cielorrasos, así como no modificar la estructura de los elementos portantes”.
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“En resumen, la autorización del IDPAC no otorgó permisos para intervenciones en la modalidad de ampliación, modificación, reforzamiento, demolición parcial o ninguna otra que requiera licencia de construcción”, concluyó el Sindicato, el cual quedó a la espera de lo que encuentre la Procuraduría y Contraloría.
Actualmente la Personería de Bogotá está revisando el caso para dar respuesta a esta denuncia.
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