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Tras casi cuatro horas de reunión entre el presidente Gustavo Petro; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y representantes del consorcio chino, encargado de construir la primera línea del metro, persiste la incertidumbre sobre el futuro de la principal obra de infraestructura en la capital.
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A pesar de que los constructores señalaron que no ven viable jurídicamente modificar el actual proyecto, salvo una extensión desde la calle 72 hasta la calle 100, el primer mandatario tiene otra cosa en mente: un metro subterráneo, desde la estación 8 (calle primera con carrera 50) hasta la calle 72. Y para lograrlo, dice tener dos conceptos que permitirían la modificación. Incluso, si es del caso, dijo que cambiaría la ley para que el Gobierno pueda asumir el 100 % de los sobrecostos.
Así lo dio a conocer la alcaldesa de la capital, al término de la reunión, en la que hablo de las conclusiones del encuentro y contó que, tal como lo pidió el presidente, el consorcio presentó el informe con cinco opciones para el metro subterráneo, de las cuales, el mismo consorcio descartó cuatro, por los riesgos jurídicos que implicarían.
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Solo recomendó una, por viabilidad técnica y financiera: la extensión hasta la calle 100, con tres estaciones y 3,9 kilómetros adicionales subterráneas. Y para hacerlo, se basó en razones jurídicas, porque no modifica el contrato y no superaría un costo adicional al 50 % del valor original. Además, le agregaría valor, porque integraría 20.000 pasajeros más.
No obstante, el presidente Petro no quedó convencido e hizo la contrapropuesta de instalar dos mesas de trabajo: una jurídica, para estudiar los conceptos (a favor y en contra) de la modificación del objeto del contrato, y otra para analizar técnica, jurídica y financieramente el metro subterráneo que tiene en mente, que va desde la calle primera hasta la calle 72.
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“Nos ha pedido que continuemos dos mesas de trabajo, que vamos a continuar. El presidente solicitó dos conceptos jurídicos, según los cuales sí se podría modificar el objeto del contrato, que va en contra vía del análisis del consorcio chino. Y como hay dos versiones jurídicas, hemos decidido continuar la conversación en una mesa para evaluarlos”, señaló López. Dicha mesa la dirigirán el secretario jurídico de la presidencia, el Vladimir Fernández, y el secretario Jurídico de la Alcaldía, William Mendieta.
La otra mesa se dedicará a analizar en detalle la opción que prefiere el presidente Petro. “El análisis inicial del concesionario, es que esa opción, que era la 4 en su informe, no es jurídica ni económica viable, porque cambiaríamos las reglas de selección y generaría muchos riesgos. Sin embargo, el presidente hizo varias valoraciones, comparaciones de costo, de tasas de interés, de tasa de cambio y nos ha pedido que volvamos a echar una segunda revisada, más en detalle, a ver si se ajusta en el 50% máximo adicional y analizar la viabilidad jurídica”, agregó la alcaldesa.
Según la mandataria, por ahora no hay plazos para una conclusión, solo que esperan hacerlo lo más rápido posible. “Vamos a seguir las instrucciones del presidente”, dijo la mandataria, quien aprovechó para reiterar al presidente que, independiente de la decisión que se tome con el metro, espera que este año se asegure la cofinanciación del Regiotram del Norte y de tres cables adicionales y dos cables del centro.
“Justo hoy, que estuvimos en la audiencia pública de priorización de proyectos estratégicos de inversión para el Plan Nacional de Desarrollo. Allí, Bogotá y Cundinamarca, le reiteramos al presidente nuestra solicitud de que, en cualquier caso, la prioridad de inversión nueva y adicional que solicitamos es que incluya en el Plan Nacional de Desarrollo, que presentará al Congreso, es el Regiotram y los cables. Le he insistido en que no es el interés de Bogotá y Cundinamarca que reemplace una inversión con otra. Si llegamos a un acuerdo es sobre las tres cosas: metro, regiotram y cables”.
Finalmente, la alcaldesa insistió en que Bogotá no tiene plata adicional para poner en la modificación del contrato de la primera línea del metro. Por lo tanto, que el presidente indicó que, lo que cueste adicional, si hay viabilidad jurídica y económica, los pondría completos el Gobierno Nacional. Aunque la ley dice que la Nación solo puede financiar el 70 % de las obras, Petro indicó que si hay que modificar esa ley para poder asumir el 100 % de los sobrecostos, lo hará.
Se sabe que, una propuesta que el presidente pidió evaluar, para poder tener metro subterráneo, implicaría seis años más de tiempo en obras y $12 billones adicionales. Aunque la alcaldesa dijo que, las obras del metro elevado continuarán como están programadas, hasta tanto no exista un cambio, la incertidumbre se persiste.
Así van las obras del metro
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