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Este fin de año, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), se ha visto en vuelta en una serie de escándalos por presuntos casos de corrupción en los que estarían involucrados algunos funcionarios de esa cartera.
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El primero se trataría de irregularidades en la adjudicación de un millonario contrato por más de $41.300 millones, en donde un trabajador de la UAESP habría favorecido a una empresa para que esta se quedara con la operación de los cementerios distritales de la ciudad. Lo que llevó a la Fiscalía a abrir una investigación en contra de la entidad.
El otro caso se trata sobre la contratación de Proarquing LTDA, empresa acusada de subir pólizas falsas al Secop con la intención de cumplir con los requisitos del Distrito para poder acceder a un contrato sobre intervenciones y mantenimientos en las sedes de la entidad.
Ambas denuncias de corrupción llegaron al Concejo de Bogotá, en el que, en medio de un debate, la concejal Lucía Bastidas pidió a los entes de control adelantar las respectivas investigaciones frente a estos casos.
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“Los ganadores de estos procesos no fueron por mérito propio, sino por la información que les suministraron los propios funcionarios de la UAESP para que pudieran cumplir con los requisitos”, señaló Bastidas.
La cabildante también denunció que en cuanto al caso de los cementerios, hay incumplimientos contractuales como: no consignar los dineros recaudados en las cuentas de la fiducia, retrasos en los pagos a empleados y la falta de pago de los servicios públicos que impedirían el correcto funcionamiento de los hornos crematorios.
“Estos hechos fueron liderados por un funcionario de la UAESP, el señor Marcel Esquivel Reina. La pregunta es ¿dónde estuvieron los controles al interior de la UAESP para evitar este tipo de situaciones?”, cuestiona la concejala, la cual también trajo al debate el caso de las redes de alcantarillado Mochuelo.
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De acuerdo con Bastidas, ese contrato, que es de $1.680 millones, se le adjudicó a la empresa INALTER S.A.S. la cual tendría como representante legal a Sandra Jeannette Forero, quien sería parte del cartel de la contratación del Quindío.
En cuanto al lío de las pólizas falsas, en el que se le pagaron $1.800 millones a la firma que presentó estos documentos, el Concejo de Bogotá espera que la Alcaldía de Bogotá se pronuncie, además, se cuestionó la continuidad en el cargo de directora de la UAESP a Luz Amanda Camacho.
Esto responde la directora de la UAESP
Por su parte, Luz Amanda Camacho recalca que la UAESP, el Distrito y la alcaldesa de Bogotá Claudia López, son los “más interesados en que la verdad salga a flote. Aquí nosotros no estamos escondiendo ni ocultando nada, estamos en un acto de absoluta transparencia y poniendo ante los entes de control las denuncias necesarias para que todo se sepa”
Además, señaló que, si en la entidad quisieran ocultar algo, no habrían denunciado lo sucedido ante la Fiscalía.
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En cuanto al caso de las pólizas falsas, la directora aclaró “una vez algún proponente ganó, nosotros dimos paso a lo que sería un anticipo en una fiducia, eso no se le entregó a un contratista para que la plata quede resguardada”.
“Así las cosas, el primer contratista que ganó ese contrato a los pocos meses se declaró líquido, a ese contratista no se le entregó ningún recurso, no le dimos plata de ese anticipo. Por decisión de ellos mismos nos hacen la solicitud de ceder ese contrato y se le entregó a la empresa de Proarquing LTDA”, comentó Camacho.
De acuerdo con ella, cuando se dieron cuenta de que las pólizas eran falsas, se hizo el seguimiento y el reporte a la Fiscalía desde los primeros días de noviembre. Asimismo, el contrato se suspendió.
En cuanto al caso de los cementerios, en el cual se conocieron unos audios que serían las pruebas de que un funcionario de la Uaesp estaría facilitando la adjudicación del contrato a una empresa, la directora dijo que serían “una presunta prueba de hechos irregulares en la contratación del proceso de interventoría a la concesión de servicios funerarios del Distrito”.
Asimismo, dio a conocer que en la Fiscalía hay tres denuncias de ese caso, dos de la Uaesp y una de los concesionarios contra la cartera. “Sobre eso no tenemos más información, sabemos que han sido llamados algunas personas a ampliar la denuncia y estamos atendiendo todo lo que la Fiscalía nos pida”.
Por último, Camacho informó que la misma empresa hizo un llamado a la Contraloría para que se llevara a cabo una auditoría al interior de la entidad, la cual tendrá cita en enero de 2023.
“Cualquier hecho que nosotros encontremos que debamos informar a los entes de control, a la ciudadanía y a los medios de comunicación lo haremos siempre, así el hecho haya sucedido dentro de la entidad”, concluyó la directora.
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