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El largo pleito entre el Distrito y CGR Doña Juana (operador del relleno sanitario) tendrá un nuevo capítulo en el Consejo de Estado. La Uaesp radicó formalmente la solicitud de nulidad del laudo arbitral, en el que un tribunal de arbitramento le ordenó a la administración pagarle a la empresa privada $64.000 millones, por incumplimientos en los términos del contrato. La petición apunta a que los magistrados exoneren a Bogotá de indemnizar al operador.
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Vale recordar que desde que inició el laudo arbitral, CGR (operador del relleno Doña Juana desde 2010) alegó que la tarifa que fijó el contrato era insuficiente para ejecutar su labor. Tras analizar las evidencias, los árbitros le dieron la razón y señalaron que la Uaesp incumplió el contrato al establecer tarifas para el tratamiento de lixiviados y de disposición de residuos insuficientes, afectando el contrato y llevando a la crisis económica del operador.
Además, el panel arbitral declaró, que la Uaesp violó la ley al no estimar bien el valor del riesgo de optimización de la planta de lixiviados y declaró nulas las cláusulas que obligaban al contratista a construir dicha planta; que incumplió un acuerdo frente a la disposición de residuos mixtos (mezcla de basura y escombros), y a devolver el dinero por unas reparaciones en el relleno. En total, el pago que ordenó el laudo ascendió casi a $64.000 millones.
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Tras el pronunciamiento, el Distrito expresó su desacuerdo y en la demanda ante el Consejo de Estado, se concentró en pedir la nulidad específica de los puntos que hacen relación a los pagos, argumentando que los árbitros no eran competentes para pronunciarse sobre asuntos relacionados con las tarifas de servicios públicos, las cuales son asunto de las comisiones de regulación; ni sobre asuntos catalogados como cosa juzgada, específicamente en lo concerniente a la optimización de la planta de lixiviados, que era una de las obligaciones contractuales del operador.
Mientras los magistrados analizan la solicitud, el Distrito pidió también suspender la aplicación del laudo arbitral, para evitar que el operador cobre antes de que se conozca la decisión del Consejo de Estado, pues “de ejecutarse las decisiones del laudo antes de que se resuelva este recurso, se podría generar una afectación a las finanzas del Distrit, ante el esfuerzo que representa realizar el pago de sumas con ocasión a decisiones arbitrales, que posteriormente podrían ser objeto de anulación, y las dificultades contingentes para su recuperación, de ser favorables las peticiones de nulidad que acá se presentan”.
De ser favorable la decisión del alto tribunal, el Distrito no solo podrá recuperar en 2025 el manejo del relleno, sino que se libraría del multimillonario pago. La decisión del Consejo de Estado se espera para finales del año.
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