Plantón indígena a favor de su EPS

Al menos 80 indígenas emberas y zenúes llevan 38 días plantados frente a la Superintendencia de Salud. Exigen que se cumpla la orden del Tribunal de Córdoba de reabrir la EPS indígena Manexka, entidad creada en 1998 y que hasta 2016 prestó sus servicios en el resguardo de San Andrés de Sotavento, de Córdoba y Sucre.

La EPS la cerraron luego de que la Supersalud descubriera un desvío de recursos y cobros por procedimientos médicos inexistentes, y la Fiscalía encontró que la entidad no tenía cómo justificar el origen de los $2.900 millones que gastaron en la compra de su sede. Por este caso la junta directiva es procesada penalmente y la Superintendencia ordenó su liquidación.

Desde entonces, los 210.000 afiliados fueron distribuidos en las cuatro EPS que operan en los dos departamentos. Esto llevó a un particular a presentar una tutela invocando el derecho a la consulta previa, pues la liquidación se ordenó sin preguntarle a la comunidad. Aunque el ente de control justificó el cierre, diciendo que con las irregularidades se violaron derechos como la vida y la salud, el juez falló a favor de los indígenas y el año pasado ordenó a la Supersalud reabrir la EPS. La decisión fue confirmada en segunda instancia.

Como Manexka sigue cerrada, los indígenas decidieron hacer un plantón frente a la sede de la Supersalud en Bogotá. Según Dairo Blanco, cacique del resguardo indígena en Duchín (Córdoba), llegaron casi 100 indígenas. Algunos se han devuelto por problemas de salud. Aun así, frente a la entidad, siguen casi 80 indígenas (entre éstos 10 mujeres y un niño), que viven en precarias condiciones. Por ejemplo, para usar un baño deben ir hasta un parqueadero cercano, donde les cobran $2.000. Otros, en las noches, están haciendo sus necesidades sobre el vallado que rodea el edificio, cerca de donde tienen sus carpas. Para lavar su ropa usan el agua de los dos pozos que están en la entrada de la Supersalud, mientras que para comer, según ellos, algunos vecinos les dan comida, pero a veces deben apelar a la caridad.

El pasado viernes los indígenas se tomaron la avenida Ciudad de Cali y la calle 26 por cinco horas. Aunque aseguran que su protesta es pacífica, ante la negativa del Gobierno de dialogar con ellos, dicen que se sumarán más indígenas al plantón y están dispuestos a convocar una minga nacional. “Nos vamos hasta que nos devuelvan la EPS”, asegura Blanco.

A pesar de esto, la Superintendencia indicó que ya expidió una resolución para que los antiguos afiliados a Manexka puedan volver a esta EPS. No obstante, Javier Villarreal, superintendente delegado para las medidas especiales, dice que por ahora la empresa de salud no tiene una red contratada para operar y el procedimiento de reabrirla es lento, pues no existe instrucciones de cómo reversar una liquidación. Agrega, además, que no han querido dialogar con los indígenas, porque “no van a ceder a chantajes, ya que se está actuando conforme a la ley”.

Lo que preocupa, por el momento, son las condiciones en que permanecen los indígenas frente a la Supersalud. Aunque aseguran que al comienzo recibieron ayuda de entidades distritales, es evidente que cada día las condiciones son más precarias; entonces, ¿quién debe velar por las condiciones de estos indígenas en Bogotá y sus reclamos?

Al menos 80 indígenas emberas y zenúes llevan 38 días plantados frente a la Superintendencia de Salud. Exigen que se cumpla la orden del Tribunal de Córdoba de reabrir la EPS indígena Manexka, entidad creada en 1998 y que hasta 2016 prestó sus servicios en el resguardo de San Andrés de Sotavento, de Córdoba y Sucre.

La EPS la cerraron luego de que la Supersalud descubriera un desvío de recursos y cobros por procedimientos médicos inexistentes, y la Fiscalía encontró que la entidad no tenía cómo justificar el origen de los $2.900 millones que gastaron en la compra de su sede. Por este caso la junta directiva es procesada penalmente y la Superintendencia ordenó su liquidación.

Desde entonces, los 210.000 afiliados fueron distribuidos en las cuatro EPS que operan en los dos departamentos. Esto llevó a un particular a presentar una tutela invocando el derecho a la consulta previa, pues la liquidación se ordenó sin preguntarle a la comunidad. Aunque el ente de control justificó el cierre, diciendo que con las irregularidades se violaron derechos como la vida y la salud, el juez falló a favor de los indígenas y el año pasado ordenó a la Supersalud reabrir la EPS. La decisión fue confirmada en segunda instancia.

Como Manexka sigue cerrada, los indígenas decidieron hacer un plantón frente a la sede de la Supersalud en Bogotá. Según Dairo Blanco, cacique del resguardo indígena en Duchín (Córdoba), llegaron casi 100 indígenas. Algunos se han devuelto por problemas de salud. Aun así, frente a la entidad, siguen casi 80 indígenas (entre éstos 10 mujeres y un niño), que viven en precarias condiciones. Por ejemplo, para usar un baño deben ir hasta un parqueadero cercano, donde les cobran $2.000. Otros, en las noches, están haciendo sus necesidades sobre el vallado que rodea el edificio, cerca de donde tienen sus carpas. Para lavar su ropa usan el agua de los dos pozos que están en la entrada de la Supersalud, mientras que para comer, según ellos, algunos vecinos les dan comida, pero a veces deben apelar a la caridad.

El pasado viernes los indígenas se tomaron la avenida Ciudad de Cali y la calle 26 por cinco horas. Aunque aseguran que su protesta es pacífica, ante la negativa del Gobierno de dialogar con ellos, dicen que se sumarán más indígenas al plantón y están dispuestos a convocar una minga nacional. “Nos vamos hasta que nos devuelvan la EPS”, asegura Blanco.

A pesar de esto, la Superintendencia indicó que ya expidió una resolución para que los antiguos afiliados a Manexka puedan volver a esta EPS. No obstante, Javier Villarreal, superintendente delegado para las medidas especiales, dice que por ahora la empresa de salud no tiene una red contratada para operar y el procedimiento de reabrirla es lento, pues no existe instrucciones de cómo reversar una liquidación. Agrega, además, que no han querido dialogar con los indígenas, porque “no van a ceder a chantajes, ya que se está actuando conforme a la ley”.

Lo que preocupa, por el momento, son las condiciones en que permanecen los indígenas frente a la Supersalud. Aunque aseguran que al comienzo recibieron ayuda de entidades distritales, es evidente que cada día las condiciones son más precarias; entonces, ¿quién debe velar por las condiciones de estos indígenas en Bogotá y sus reclamos?