Peculado por apropiación, fraude procesal y fraude a resolución judicial. Estos fueron los tres delitos por los cuales la Alcaldía de Bogotá denunció penalmente al consorcio CGR, actual operador del relleno sanitario Doña Juana. La denuncia la radicó Luz Amanda Camacho, como directora de la Uaesp, contra Mauricio Bernal Marcucci, representante legal del consorcio, y todos los que hayan actuado en su representación desde 2010.
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La justificación de la alcaldesa Claudia López es que la empresa se ha dedicado a “estafar a los bogotanos, embolsillándose en los últimos cuatro años $163.000 millones, que ha cobrado a través de la tarifa de aseo, por un servicio que no está prestando: el tratamiento de lixiviados”. López calificó la acción como “el mayor caso de corrupción que he descubierto en esta administración”.
“Estamos siendo víctimas de corrupción y abuso. Le estamos pagando al operador las tarifas de aseo, que son bastante altas, para que construyan una planta de tratamiento de lixiviados y evitar que lleguen al río Bogotá y lo contaminen. No contentos con el incumplimiento, han pretendido engañar a las autoridades judiciales con información falsa, en nuestra opinión, de mala fe, para evadir su responsabilidad para seguir incumpliéndole a los bogotanos. Además, demandó al Distrito por más de $1 billón”, agregó la alcaldesa Claudia López.
Este fuerte señalamiento es el punto cúspide de un largo conflicto entre la administración y el operador del relleno, casi desde que le adjudicó el contrato en 2010. En 12 años de labores, al parecer, han sido más las quejas, las investigaciones y las sanciones de diferentes autoridades, que los buenos oficios en la operación del sitio de disposición. A pesar de esto, CGR sigue al frente y dando le pelea por mantener el contrato. Su principal defensa, cada que se revive la polémica, ha sido señalar como responsable de los yerros en su gestión a la propia Alcaldía, por el supuesto desequilibrio económico que, dicen, ha soportado desde que asumió el contrato.
Un largo pleito
Desde que le adjudicaron el contrato a CGR en 2010, sus competidores (Ecoparque y Gestión Ambiental) denunciaron posible manipulación del proceso. Desde entonces, los pleitos por varios frentes no han cesado. La Contraloría ha hecho varias advertencias por falta de claridad en las cuentas del esquema de aseo; la Superintendencia de Servicios Públicos ha identificado fallas operativas; la CAR la ha investigado por afectación del agua, el suelo y la flora, y le Uaesp ha intentado sancionarla por incumplimientos. Todas, CGR las ha logrado sortear.
La nueva etapa del pleito entre el Distrito y CGR, se podría decir, comenzó en julio de 2018 cuando la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) autorizó a CGR el cobro inmediato de la tarifa por tratamiento de lixiviados. La Contraloría cuestionó en 2019 la decisión, al señalar que la CRA dio la autorización sin que CGR tuviera permiso de vertimientos ni una PTAR que cumpliera las exigencias de la normatividad ambiental. Además, que lo hizo dando como aprobada una ampliación de la vida útil de relleno, la cual no había sido aprobada.
“El operador estaría cobrando por un servicio que no estaría prestando, con las implicaciones que ello representa para los suscriptores. Es claro en la legislación que ningún operador de ningún servicio público en nuestro país puede cobrar por un servicio que no está prestando, so pena de tener que devolver a los suscritores los servicios cobrados y no prestados”.
A pesar de la advertencia de la Contraloría, en su momento, CGR no solo empezó a cobrar la tarifa, sino que en noviembre de 2019 promovió un laudo arbitral contra el Distrito, para que le pagaran lo que dejó de recibir los años anteriores, señalando que la administración no había hecho un buen control de contrato.
La denuncia penal
Con el cambio de administración, el pleito se agudizó cuando la directora de la Uaesp, Luz Amanda Camacho, anunció cuál sería su meta al frente de la entidad: que el Distrito fuera el titular de la licencia ambiental del relleno. El anuncio coincidía con el trámite que adelantaba el operador para obtener la ampliación de la vida útil del relleno por cinco años más. En ese momento habló de evaluar cada aspecto de la concesión, por los múltiples incumplimientos.
A partir de ese momento, a la par con el laudo arbitral promovido por CGR, se dieron varios choques. En julio de 2020, la Uaesp abrió un proceso sancionatorio contra CGR por 13 presuntos incumplimientos al contrato: seis irregularidades en la operación, como retrasos en las obras que se incluyeron dentro del contrato y la licencia ambiental, así como por el incumplimiento en la habilitación de una celda de emergencia para la disposición final de residuos, y siete más por el manejo de lixiviados, entre los que se destaca que su tratamiento estaría por debajo de las exigencias ambientales, causando graves afectaciones al río Tunjuelo.
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En medio del proceso se filtraron unas grabaciones entre personal de la Uaesp con un representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en el que aseguraron que el Distrito estaba “90% seguro” de que podrá revocar el contrato con CGR Doña Juana. En la conversación definían detalles del contrato para realizar un peritaje en el relleno, que ayudara a definir los perjuicios por las posibles faltas contractuales de operador.
En octubre, a pesar del intento del Distrito por sancionar al operador, en octubre de 2020 le pusieron un tatequieto. El tribunal de arbitramento le ordenó a la Uaesp suspender el proceso y abstenerse de iniciar otros relacionados con el pleito que avanzaba en dicha instancia. La decisión la hizo al admitir la solicitud del operador de decretar medidas cautelares. Su principal razón: como el proceso administrativo y el arbitraje tienen que ver casi con el mismo asunto, lo que busca la Uaesp era “obstaculiza la función de los árbitros, al pretender decidir de forma paralela y unilateral los asuntos sometidos a decisión arbitral”.
La acción más reciente de CGR se conoció en una audiencia, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde planteó un posible desacato a la sentencia del Río Bogotá, al incluir en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (que está suspendido) un artículo que declara el predio del relleno como un futuro parque de innovación, que permitiría implementar nuevas tecnologías para el tratamiento de basuras. Según CGR esto pondría en riesgo la disposición de residuos. La acción desató la furia de la administración que, recogiendo cada una de las acciones de CGR optó por denunciarlo penalmente. Aquí la Alcaldía de Bogotá aboga que el operador ha incumplido varias cláusulas del contrato de Concesión 344 de 2010 firmado entre la UAESP y CGR, donde este último estaba obligado a la construcción y entrada en operación de un “Sistema de Tratamiento de Lixiviados despúes de cuatro meses después de la suscripción del Acta de Inicio. El Distrito señala que el CGR ha incumplido con esta obligación por más de 12 años.
Frente al incumplimiento de la planta, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ha señalado en distintos informes que el concesionario continúa incumpliendo, logrando solo 34 parámetros de calidad de vertimiento (61,8%) de los 55 parámetros de control indicados por las normativas ambientales. “Ante esto, la Subdirección de Disposición Final de la UAESP se encuentra adelantando los conceptos técnicos correspondientes por el incumplimiento en la ejecución de estos monitoreos durante los años de transcurso de la licencia ambiental”, indicó la UAESP en un derecho de petición conocido por este diario.
Sobre el Tribunal de Arbitramento, según ha informado la UAESP, se encuentra suspendido por la necesidad de remplazar un árbitro que renunció. Se trata de Rodrigo Noguera, rector de la Universidad Sergio Arboleda debido a denuncias relacionadas con irregularidades en la investigación de la Fiscalía por el contrato de tarjetas de transporte masivo de Bogotá, se desvinculó del proceso. Desde entonces, ambas partes no se han puesto de acuerdo sobre el nombramiento del árbitro faltante, sin el cual el proceso se encuentra estancado. Esta situación sin resolver ha dificultado la maniobrabilidad jurídica de la Alcaldía de Bogotá ante el presunto incumplimiento del operador.
“Lo que impide que la UAESP pueda actuar es su propia torpeza jurídica, ya que ellos contra demandaron a CGR por una serie de supuestos incumplimientos que puso a ser resueltos por el Tribunal. De tal manera que ya no podría, por ejemplo, multar o declarar caducidad sobre aspectos que ella misma decidió poner en manos de la decisión del Tribunal”, aseguró Ricardo Herrera, abogado experto en servicio públicos.
CGR, en medio de todo, indicó que acudirá a las instancias judiciales pertinentes para ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas correspondientes. Y agregó que se reserva el derecho de iniciar las acciones judiciales que a bien tenga para defender su derecho al buen nombre y a la honra”, respondió a través de un comunicado el operador. Por ahora, al laudo arbitral, el pleito se suma la denuncia en la justicia penal, en la que, según el Distrito, espera celeridad para poder destrabar la situación y poder definir lo antes posible el futuro del relleno Doña Juana.
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