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La Comisión de Seguimiento de los casos del 9 y 10 de septiembre de 2020, que está estudiando lo sucedido durante las jornadas de protestas que dejaron una decena de muertos y más de 70 heridos, presentó un informe sobre los avances de las investigaciones de las actuaciones de varios miembros de la fuerza pública, en donde se evidencia las pocas medidas que ha tomado la Policía para asegurar la no repetición de estos casos.
Actualmente hay tres personas en juicios por casos relacionados al 9 y 10 de septiembre, de los cuales solo dos están en indagación relacionados con los 75 heridos con armas de fuego durante las protestas. Por su parte, el informe indica que se desconoce la responsabilidad de las cadenas de mando y altos funcionarios de la Policía Metropolitana de Bogotá.
En uno de los casos más conocidos del 9S y 10S, tres policías fueron imputados por el homicidio de tres hombres y una mujer durante las protestas que fueron provocadas tras el asesinato de Javier Ordoñez. Sin embargo, señala el informe, estos miembros de la Policía no han sido retirados y siguen trabajando en la institución donde incluso han recibido felicitaciones por su labor posterior a las jornadas de protestas.
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“Los patrulleros Andrés Díaz, Jorge Andrés Lasso, John Gutiérrez recibieron esas felicitaciones el pasado 17 de febrero, y Lasso recibió otra el pasado 20 de diciembre” afirmó Julián Sastoque, concejal que coordinó esta comisión de seguimiento que inició sus investigaciones a finales del año pasado.
El informe también señaló que en torno a las investigaciones ha existido hostigamiento y percepción por parte de policías a miembros de las familias de las víctimas. Uno de los testimonios que se recogieron durante la investigación y se presentaron es el de un padre de uno de los jóvenes que murió durante las protestas que asegura que fue interceptado en su barrio por el presunto homicida de su hijo, quién lo confrontó y le otorgó un comparendo arbitrario.
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A través de derechos de petición y diálogos que ha tenido con la Policía de Bogotá, la comisión indicó, por medio de este informe, que la institución no ha implementado medidas para evitar la revictimización, y que no tiene contemplado pedir perdón públicamente por los hecho ocurridos a menos que un orden judicial lo demande.
