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Fallas en la prestación del servicio de aseo en Bogotá y el transporte de los residuos al relleno de Doña Juana fueron las razones por las que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios decidió sancionar a cuatro de los cinco operadores de aseo de la capital.
Las sanciones, que suman $751 millones, se dan tras indagaciones que inició la superintendencia en febrero de 2018, cuando se dio inicio al nuevo esquema de aseo, con el que se dividió a la ciudad en cinco Áreas de Servicio Exclusivo que fueron entregadas por licitación a privados.
Las multas, de acuerdo con la superintendente Natasha Avendaño, “fueron impuestas por incumplimientos en el establecimiento de microrrutas y macrorrutas de recolección y transporte de residuos sólidos en Bogotá; y por infracciones a condiciones técnicas requeridas para los vehículos recolectores de basura y sus bases de operaciones”.
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Entre las condiciones que se tuvieron en cuenta, estaba que los operadores contaran con áreas de parqueo y maniobra de los vehículos, oficinas administrativas, depósitos de insumos, vestidores y baños para el personal, los cuales algunos no tenían.
Por ello, Promoambiental Distrito fue sancionada por $160.809.102, Área Limpia por $90.852.600, Bogotá Limpia por $158.992.050 y Ciudad Limpia por $340.697.250. Tras la notificación, estas empresas podrán interponer recursos de reposición ante la Superintendencia de Servicios.
“Es muy importante recordarle a todos los prestadores a nivel nacional los lineamientos técnicos que implica tener un carro recolector: el cumplimiento de las rutas, de poder garantizar que las condiciones de los vehículos son los indicados para la recolección de los residuos, principalmente porque en rutas muy largas el no tratamiento de los lixiviados afecta el cumplimiento de la regulación y poner en riesgo ambiental a la ciudad”, indicó Avendaño.
El cambio del modelo de recolección de basuras en Bogotá fue caótico. Como Aguas de Bogotá, la empresa pública, se encargaba del 52 % de la recolección y en el nuevo esquema ya no tenía participación, los empleados entraron en paro ante la inminente masacre laboral. Esto provocó una crisis por la que algunos de los operadores tuvieron que encargarse de las zonas designadas.