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“Es imposible negar el hacinamiento y las malas condiciones de todo orden, que afectan a las personas privadas de la libertad en las estaciones de Policía de Soacha”. Con esta afirmación el Juzgado Primero Penal del Circuito de Soacha le da la razón a la personera municipal, Nicoll Díaz Coronado, quien instauró una tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por el hacinamiento y las malas condiciones de salubridad y alimenticias, en las que viven cerca de 280 detenidos de cinco estaciones del municipio.
De acuerdo con la personera, en las estaciones de Ciudad Verde, Cazucá, Chico, Compartir, Ciudadela Sucre, Estación Central de Policía de Soacha y el Centro de Traslado por Protección hay hacinamiento superior al 500 %, por tal razón, y con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales y constitucionales de las personas privadas de la libertad, el juzgado ordenó al Inpec que, en máximo de 20 días (que se cumple el 17 de octubre) traslade a los 280 detenidos a otras estaciones o centros de detención.
La decisión del juzgado también ordena a la Alcaldía garantizar los servicios sanitarios y productos de aseo, como jabón y gel antibacterial, a todos los detenidos. Además, insta para que en los lugares de reclusión se suministre la alimentación diaria, con el componente nutricional requerido por los estándares aplicados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (Uspec). El comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel Wharlinton Iván Gualdrón, confirmó estos hechos, destacando que no ha contado con el apoyo de las otras instituciones involucradas para solucionar la problemática.
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Por hacinamiento de presos, Personera Municipal de Soacha tuteló al Inpec y demás entidades.
— Personería de Soacha (@personersoacha) September 20, 2021
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El fallo también ordena para que la Secretaría de Salud de Soacha verifique el estado de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud de las personas privadas de la libertad y, realice las gestiones pertinentes para que los mismos no queden por fuera del sistema. Con esto se espera impulsar y garantizar la prestación de los servicios de salud requeridos por los detenidos en la estación de Policía.
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También se busca que el Fondo Nacional de Salud de Personas Privadas de la Libertad disponga brigadas de atención periódica que visiten las estaciones del municipio. Según el juez, dichas verificaciones deberán programarse al menos una vez cada mes.
La personera resaltó que, la comisión de delitos por parte de estas personas no justifica la vulneración o restricción de sus derechos fundamentales, en especial, el derecho a la dignidad humana. “Me siento motivada y positiva por este fallo, y espero que las entidades accionadas cumplan a cabalidad con lo ordenado por el juzgado”, manifestó Nicoll Díaz Coronado.
