Pornografía infantil: víctimas y victimarios, separados por la pantalla
La Policía de Infancia y Adolescencia señala que en lo corrido del año, en Bogotá, se han atendido 158 denuncias por este delito, siendo la ciudad con más casos en todo el país.
La cantidad de archivos que había en su computador, relacionados con pornografía infantil, superaban su edad. Se trata de un bogotano de 21 años a quien, en una investigación que duró dos años y se denominó “The Collector” (“El coleccionista”, por su traducción del inglés), la Fiscalía y la oficina en Colombia de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos le hallaron material que involucraba a menores de 14 años con actividades sexuales.
A él, junto con otros tres hombres detenidos en Bogotá, Villavicencio, Yopal y Soledad (Atlántico), les encontraron a mediados de este año 1.500 archivos digitales con contenido sexual de menores de edad. Esta semana se cumplen tres meses de ese operativo, y si bien fue catalogado por las autoridades como un gran golpe a estas organizaciones, a la fecha este delito no presenta una disminución considerable.
Cada nuevo expediente resulta más aberrante que el anterior. Pareciera que no hay límites y día tras día el delito crece tanto en víctimas como en victimarios. Esa es la realidad que se ha registrado con celeridad en lo corrido del año y que queda en evidencia con las 47 capturas, que se han hecho en todo el país, de las cuales 10 fueron en Bogotá.
La Policía de Infancia y Adolescencia señala que, entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2021, en todo el país se han conocido 694 denuncias por pornografía infantil, de las cuales 158 han sido en Bogotá; seguido de Medellín, con 75 casos; Cundinamarca, con 43; Cali, con 37; Bucaramanga, con 32, y el restante en otras ciudades del país.
“Uno de los casos recientes en la capital fue el de un ciudadano de 56 años, capturado por orden judicial, para responder por los delitos de explotación sexual comercial y pornografía con menor de 18 años. Esta persona contactaba a los niños, niñas y adolescentes por medio de la aplicación de Whatsapp, donde les ofrecía dinero a cambio de fotografías y videos con contenido sexual”, señaló el coronel Jhon Harvey Alzate Duque, director de Protección de Servicios Especiales de la Policía Nacional.
Por su parte, la Dijín de la Policía, de 2018 a la fecha, ha investigado cerca de 5.622 denuncias por estos mismos casos en Colombia. La Fiscalía General de la Nación dice que desde enero de 2020 a marzo de 2021 atendió 1.917 casos de menores de edad que fueron víctimas de explotación sexual, de los cuales el 48,4 % están relacionados con pornografía infantil.
“En el marco del plan de intervención a Bogotá, la Policía Nacional está desarrollando diferentes acciones de prevención, control e investigación criminal para la protección de la infancia y adolescencia. Con el programa de prevención ‘Abre tus ojos’, el cual está dirigido tanto a los menores de edad como a la familia, se han realizado 2.717 acciones que han beneficiado a 35.309 personas, con las cuales se busca identificar y atender corresponsablemente las condiciones de vulnerabilidad y riesgo, a las cuales se ve expuesta la población infantil. A escala nacional, bajo este mismo programa, se han realizado 20.730 acciones beneficiando a 403.051 personas”, agregó el coronel Jhon Alzate.
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Aunque hay compromiso de las instituciones para redoblar esfuerzos, este delito pareciera tener un efecto de bucle. Cada que hay una captura, en la web son identificadas nuevas páginas de difusión de este material o nuevas formas de compartirlo. Así lo cuenta un hombre, quien desde hace varios años se ha dedicado a rastrear este tipo de información con el fin de denunciar las redes de pornografía infantil.
“Así como yo, hay personas que se han infiltrado en esos grupos para tumbar las páginas web. Estos sujetos lo que hicieron fue crear una forma de compartir los archivos sin que estén alojados como tal en una página. Crearon algo así como un PDF, que contienen los links del material y ahora lo que comparten es ese documento”, señaló.
Ante las nuevas prácticas para difundir el material pornográfico, la Policía Nacional ha tenido que adaptar y crear nuevas estrategias, como fortalecer su pie de fuerza y ampliar sus redes de impacto, para tener mayor efectividad. Hoy la Dirección de Protección de Servicios Especiales de Colombia cuenta con el apoyo de instancias internacionales, como la Interpol, Europol y Ameripol, que se encargan de formar a los policías judiciales para aumentar su eficiencia en el seguimiento a las páginas web usadas por los traficantes de pornografía infantil.
Según expertos, aunque las autoridades están comprometidas y muestran avances en investigaciones en contra de este delito, hay situaciones a las que se enfrentan que resultan salirse de su campo de acción, como lo fue la pandemia. Como es bien sabido, el confinamiento llevó al mundo entero a adoptar prácticas que antes no se hacían con la misma frecuencia.
El uso de internet y dispositivos móviles aumentó, según la consultora internacional SuperAwesome. Antes de la pandemia, buena parte de los menores de edad pasaban cerca de siete horas al día frente a una pantalla, pero debido a las clases virtuales y los tiempos de estudio, que demandaron el uso de la tecnología, este tiempo se incrementó entre dos y tres horas, aproximadamente.
Por eso, esa conectividad con el mundo, que brinda la internet, podría ser una de las principales causas del aumento en el delito de pornografía infantil, o por lo menos así lo considera la doctora Károl Vásquez, decana de la Facultad de Terapias Psicosociales de la Universidad Antonio Nariño (UAN).
“Esto tiene que ver con varios factores: uno es que los niños se han tenido que quedar solos, debido a que en estos tiempos difíciles los padres tienen que salir a solventar la economía. En tiempos de pandemia se evidenció un acceso ilimitado al mundo digital y, por ende, el uso irresponsable de la tecnología. Vemos niños que usan redes sociales sin supervisión y resultan vulnerables a estos grupos delincuenciales, que usan perfiles falsos y estrategias para acercarse a ellos. En muchas ocasiones les ofrecen dinero o buscan elementos para su atención, seducirlos y cautivarlos”, explicó Vásquez.
Esta idea la respalda la misma Policía de Infancia y Adolescencia, que recomienda, entre otras cosas, que la edad mínima para que un menor pueda tener redes sociales sea desde los 14 años y establecer horarios durante el día, para que los adultos puedan tener un control sobre la navegación en la web y los contenidos que consumen y comparten.
En cuanto a las medidas legales que se emplean para enfrentar estas actividades ilegales, la psicóloga Vásquez refiere que “hay que priorizar y fomentar de manera urgente la protección para los niños, porque están expuestos desde casa, pues la gran mayoría de casos asociados a este tema lo generan incluso sus mismos familiares o las personas más cercanas. Hay que abordar la problemática desde múltiples niveles. La legislación debe ser coherente, porque las personas que cometen estos delitos ven que no son mayores las condenas, entonces siguen operando. Hay que tener políticas públicas que no solo existan, sino que se hagan cumplir”, añadió.
Los otros protagonistas de la problemática
En septiembre pasado, la exconcejal de Bogotá Nelly Patricia Mosquera dejó en evidencia una de las tantas aristas que tiene el delito de la pornografía infantil: se trata de los consumidores y sus distribuidores. En un video obtenido por Mosquera quedó al descubierto cómo en el centro de la capital se comercializa este material, sin ningún control de las autoridades, por un valor de $2.000.
En el material gráfico se ve cuando un vendedor informal ofrece una serie de videos, en donde hay menores de 14 y 15 años, los cuales están contenidos en un CD. Según la exconcejal, esta forma de vender el contenido hace que los delincuentes puedan seguir operando de forma anónima, porque evitan todo tipo de rastreo virtual, que pueda ser indicio para que las autoridades tomen cartas en el asunto.
“Estas imágenes son impactantes y, además, dejan al descubierto que la falta de control al espacio público de la Alcaldía de Bogotá y la piratería terminan permitiendo la presunta comercialización de material pornográfico con niñas y niños”, dijo Nelly Patricia Mosquera. Ella, además, aprovechó para hacer un llamado, y al igual que la doctora Károl Vásquez, invitó a atacar la problemática de forma global. “Es necesario redoblar esfuerzos en pedagogía y prevención para las familias, pero también entender que el delito está cambiando por la pandemia y que nuestra niñez está en grave riesgo”, agregó.
De acuerdo con los procesos investigativos de los últimos años y ante la creciente ola de nuevas aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales, las autoridades han identificado que los principales canales de distribución y contacto para la ejecución de pornografía infantil están en Whatsapp, Messenger, Kik, Mega, Facebook, Telegram, Skype e Instagram.
Asimismo, estas personas han creado un lenguaje cifrado para comunicarse y lograr un intercambio de este material burlando las políticas de cada una de las redes sociales que usan, sin levantar sospecha entre los demás usuarios. Los pedófilos, dicen las unidades investigativas, se comunican con palabras claves para la distribución de contenido de abuso sexual infantil, las cuales están asociadas a las iniciales de Child Pornography (pornografía infantil): usando palabras como “Caldito de pollo”, “Código postal”, “Club Penguin” o simplemente las iniciales “CP”.
Una de las posibles soluciones para frenar el incremento de este delito, en las que coinciden expertos y autoridades, es fortalecer los lazos de confianza entre los menores de edad y los padres, lo que ayudaría tanto a prevenir la pornografía infantil como a identificar a los responsables de los casos que se presentan. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con la línea 141 para denunciar, mientras que la Policía Nacional atiende estos casos en la línea de emergencias 123, o en el aplicativo “A Denunciar” del CAI virtual, canales de comunicación que están dispuestos, las 24 horas, para recibir información que afecte o ponga en riesgo a las niñas, niños y adolescentes de la ciudad y el país.
La cantidad de archivos que había en su computador, relacionados con pornografía infantil, superaban su edad. Se trata de un bogotano de 21 años a quien, en una investigación que duró dos años y se denominó “The Collector” (“El coleccionista”, por su traducción del inglés), la Fiscalía y la oficina en Colombia de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos le hallaron material que involucraba a menores de 14 años con actividades sexuales.
A él, junto con otros tres hombres detenidos en Bogotá, Villavicencio, Yopal y Soledad (Atlántico), les encontraron a mediados de este año 1.500 archivos digitales con contenido sexual de menores de edad. Esta semana se cumplen tres meses de ese operativo, y si bien fue catalogado por las autoridades como un gran golpe a estas organizaciones, a la fecha este delito no presenta una disminución considerable.
Cada nuevo expediente resulta más aberrante que el anterior. Pareciera que no hay límites y día tras día el delito crece tanto en víctimas como en victimarios. Esa es la realidad que se ha registrado con celeridad en lo corrido del año y que queda en evidencia con las 47 capturas, que se han hecho en todo el país, de las cuales 10 fueron en Bogotá.
La Policía de Infancia y Adolescencia señala que, entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2021, en todo el país se han conocido 694 denuncias por pornografía infantil, de las cuales 158 han sido en Bogotá; seguido de Medellín, con 75 casos; Cundinamarca, con 43; Cali, con 37; Bucaramanga, con 32, y el restante en otras ciudades del país.
“Uno de los casos recientes en la capital fue el de un ciudadano de 56 años, capturado por orden judicial, para responder por los delitos de explotación sexual comercial y pornografía con menor de 18 años. Esta persona contactaba a los niños, niñas y adolescentes por medio de la aplicación de Whatsapp, donde les ofrecía dinero a cambio de fotografías y videos con contenido sexual”, señaló el coronel Jhon Harvey Alzate Duque, director de Protección de Servicios Especiales de la Policía Nacional.
Por su parte, la Dijín de la Policía, de 2018 a la fecha, ha investigado cerca de 5.622 denuncias por estos mismos casos en Colombia. La Fiscalía General de la Nación dice que desde enero de 2020 a marzo de 2021 atendió 1.917 casos de menores de edad que fueron víctimas de explotación sexual, de los cuales el 48,4 % están relacionados con pornografía infantil.
“En el marco del plan de intervención a Bogotá, la Policía Nacional está desarrollando diferentes acciones de prevención, control e investigación criminal para la protección de la infancia y adolescencia. Con el programa de prevención ‘Abre tus ojos’, el cual está dirigido tanto a los menores de edad como a la familia, se han realizado 2.717 acciones que han beneficiado a 35.309 personas, con las cuales se busca identificar y atender corresponsablemente las condiciones de vulnerabilidad y riesgo, a las cuales se ve expuesta la población infantil. A escala nacional, bajo este mismo programa, se han realizado 20.730 acciones beneficiando a 403.051 personas”, agregó el coronel Jhon Alzate.
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Aunque hay compromiso de las instituciones para redoblar esfuerzos, este delito pareciera tener un efecto de bucle. Cada que hay una captura, en la web son identificadas nuevas páginas de difusión de este material o nuevas formas de compartirlo. Así lo cuenta un hombre, quien desde hace varios años se ha dedicado a rastrear este tipo de información con el fin de denunciar las redes de pornografía infantil.
“Así como yo, hay personas que se han infiltrado en esos grupos para tumbar las páginas web. Estos sujetos lo que hicieron fue crear una forma de compartir los archivos sin que estén alojados como tal en una página. Crearon algo así como un PDF, que contienen los links del material y ahora lo que comparten es ese documento”, señaló.
Ante las nuevas prácticas para difundir el material pornográfico, la Policía Nacional ha tenido que adaptar y crear nuevas estrategias, como fortalecer su pie de fuerza y ampliar sus redes de impacto, para tener mayor efectividad. Hoy la Dirección de Protección de Servicios Especiales de Colombia cuenta con el apoyo de instancias internacionales, como la Interpol, Europol y Ameripol, que se encargan de formar a los policías judiciales para aumentar su eficiencia en el seguimiento a las páginas web usadas por los traficantes de pornografía infantil.
Según expertos, aunque las autoridades están comprometidas y muestran avances en investigaciones en contra de este delito, hay situaciones a las que se enfrentan que resultan salirse de su campo de acción, como lo fue la pandemia. Como es bien sabido, el confinamiento llevó al mundo entero a adoptar prácticas que antes no se hacían con la misma frecuencia.
El uso de internet y dispositivos móviles aumentó, según la consultora internacional SuperAwesome. Antes de la pandemia, buena parte de los menores de edad pasaban cerca de siete horas al día frente a una pantalla, pero debido a las clases virtuales y los tiempos de estudio, que demandaron el uso de la tecnología, este tiempo se incrementó entre dos y tres horas, aproximadamente.
Por eso, esa conectividad con el mundo, que brinda la internet, podría ser una de las principales causas del aumento en el delito de pornografía infantil, o por lo menos así lo considera la doctora Károl Vásquez, decana de la Facultad de Terapias Psicosociales de la Universidad Antonio Nariño (UAN).
“Esto tiene que ver con varios factores: uno es que los niños se han tenido que quedar solos, debido a que en estos tiempos difíciles los padres tienen que salir a solventar la economía. En tiempos de pandemia se evidenció un acceso ilimitado al mundo digital y, por ende, el uso irresponsable de la tecnología. Vemos niños que usan redes sociales sin supervisión y resultan vulnerables a estos grupos delincuenciales, que usan perfiles falsos y estrategias para acercarse a ellos. En muchas ocasiones les ofrecen dinero o buscan elementos para su atención, seducirlos y cautivarlos”, explicó Vásquez.
Esta idea la respalda la misma Policía de Infancia y Adolescencia, que recomienda, entre otras cosas, que la edad mínima para que un menor pueda tener redes sociales sea desde los 14 años y establecer horarios durante el día, para que los adultos puedan tener un control sobre la navegación en la web y los contenidos que consumen y comparten.
En cuanto a las medidas legales que se emplean para enfrentar estas actividades ilegales, la psicóloga Vásquez refiere que “hay que priorizar y fomentar de manera urgente la protección para los niños, porque están expuestos desde casa, pues la gran mayoría de casos asociados a este tema lo generan incluso sus mismos familiares o las personas más cercanas. Hay que abordar la problemática desde múltiples niveles. La legislación debe ser coherente, porque las personas que cometen estos delitos ven que no son mayores las condenas, entonces siguen operando. Hay que tener políticas públicas que no solo existan, sino que se hagan cumplir”, añadió.
Los otros protagonistas de la problemática
En septiembre pasado, la exconcejal de Bogotá Nelly Patricia Mosquera dejó en evidencia una de las tantas aristas que tiene el delito de la pornografía infantil: se trata de los consumidores y sus distribuidores. En un video obtenido por Mosquera quedó al descubierto cómo en el centro de la capital se comercializa este material, sin ningún control de las autoridades, por un valor de $2.000.
En el material gráfico se ve cuando un vendedor informal ofrece una serie de videos, en donde hay menores de 14 y 15 años, los cuales están contenidos en un CD. Según la exconcejal, esta forma de vender el contenido hace que los delincuentes puedan seguir operando de forma anónima, porque evitan todo tipo de rastreo virtual, que pueda ser indicio para que las autoridades tomen cartas en el asunto.
“Estas imágenes son impactantes y, además, dejan al descubierto que la falta de control al espacio público de la Alcaldía de Bogotá y la piratería terminan permitiendo la presunta comercialización de material pornográfico con niñas y niños”, dijo Nelly Patricia Mosquera. Ella, además, aprovechó para hacer un llamado, y al igual que la doctora Károl Vásquez, invitó a atacar la problemática de forma global. “Es necesario redoblar esfuerzos en pedagogía y prevención para las familias, pero también entender que el delito está cambiando por la pandemia y que nuestra niñez está en grave riesgo”, agregó.
De acuerdo con los procesos investigativos de los últimos años y ante la creciente ola de nuevas aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales, las autoridades han identificado que los principales canales de distribución y contacto para la ejecución de pornografía infantil están en Whatsapp, Messenger, Kik, Mega, Facebook, Telegram, Skype e Instagram.
Asimismo, estas personas han creado un lenguaje cifrado para comunicarse y lograr un intercambio de este material burlando las políticas de cada una de las redes sociales que usan, sin levantar sospecha entre los demás usuarios. Los pedófilos, dicen las unidades investigativas, se comunican con palabras claves para la distribución de contenido de abuso sexual infantil, las cuales están asociadas a las iniciales de Child Pornography (pornografía infantil): usando palabras como “Caldito de pollo”, “Código postal”, “Club Penguin” o simplemente las iniciales “CP”.
Una de las posibles soluciones para frenar el incremento de este delito, en las que coinciden expertos y autoridades, es fortalecer los lazos de confianza entre los menores de edad y los padres, lo que ayudaría tanto a prevenir la pornografía infantil como a identificar a los responsables de los casos que se presentan. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con la línea 141 para denunciar, mientras que la Policía Nacional atiende estos casos en la línea de emergencias 123, o en el aplicativo “A Denunciar” del CAI virtual, canales de comunicación que están dispuestos, las 24 horas, para recibir información que afecte o ponga en riesgo a las niñas, niños y adolescentes de la ciudad y el país.