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“Tenían retenidos a ocho jóvenes en la caseta del vigilante, que no tenía ventilación. Para verificar su estado de salud me tocó negociar con el vigilante, como si él estuviera al mando de la operación, es decir, de esa detención”. La declaración es del psicólogo Cristian Cabrera, excontratista de la Alcaldía de Kennedy y quien se encargaba en la localidad de verificar el respeto de los derechos humanos en el paro nacional de 2021.
Hoy está en el exilio, porque debido a esa labor garante, que adelanta hace una década, recibió amenazas que lo obligaron a salir del país. A kilómetros de la capital, Cabrera decidió denunciar lo que presenció hace nueve meses y poner en evidencia una serie de conductas que revelarían prácticas violentas de uniformados de la Policía y el Esmad, en inmediaciones del Portal Américas.
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“El 29 de abril, a los funcionarios de la Alcaldía de Kennedy, de la Alcaldía Mayor y de la Secretaría de Gobierno nos notificaron que estaban deteniendo a jóvenes del Portal Américas. Me dirigí al punto como garante de DD. HH. y como funcionario de la Alcaldía local para saber qué estaba sucediendo”.
“Al llegar me di cuenta de que tenían retenidos a ocho jóvenes. Cuando logré entrar donde estaban, me manifestaron que habían sido gaseados y golpeados por policías en ese cuarto. También vi cómo traían a un joven arrastrándolo y golpeándolo”, relata.
Entre lo que evidenció, agrega que vio cómo a ese mismo joven, que llevaban directo a un cuarto privado en el portal, lo estaba agrediendo insistentemente un oficial del Esmad, al punto de que “un policía tuvo que quitarlo de encima para evitar que lo siguiera agrediendo”.
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Este relato está contenido en la denuncia que ayer ampliaron los concejales Diego Cancino (Alianza Verde) y Susana Muhamad (Colombia Humana), sobre el uso de las instalaciones de las estaciones de Transmilenio, en el marco de las protestas, luego de conocer los videos en donde manifestantes aseguraban haber sido detenidos y golpeados por la Fuerza Pública.
¿Práctica sistemática?
Adicional a lo ocurrido el 29 de abril de 2021, los concejales lograron reunir pruebas de un hecho similar, registrado el 3 y 4 de mayo del año pasado. En esta oportunidad la retención y la agresión de la Policía y el Esmad quedó registrada en un video en vivo, que se hizo por la red social Facebook. Tras analizar el material y el testimonio del denunciante, los cabildantes concluyeron que se trataría de una práctica sistemática.
La persona que sale en el video es Diego Luna, quien el 3 de mayo visitó el Portal Américas, debido a la situación de orden público que se estaba presentando. La transmisión en vivo deja en evidencia que no estaba participando en las movilizaciones, pero aun así fue detenido por un uniformado de la Policía, en el puente peatonal, ubicado frente al portal.
Tras su detención fue trasladado al interior del portal y allí alcanzó a grabar imágenes de la actuación de las autoridades. En el registro se puede ver que en las instalaciones hay varios uniformados y otros detenidos. Además de la actuación abusiva de las autoridades, en el video quedó el cuestionamiento del joven, por el uso de gases lacrimógenos en espacios tan reducidos, práctica que coincide con lo narrado por Cristian Cabrera.
En su traslado, a lo que llamaron los cabildantes como el “cuarto de tortura”, Luna le alcanza a preguntar a la Policía por qué la zona de retención huele a gas (lacrimógeno), pero no le respondieron. Mientras logra grabar parte del espacio donde se encuentra, se escuchan llantos y gritos de mujeres. El video deja de ser emitido debido a que le habrían quitado el celular, motivo por el que después, Diego, aparece en un segundo video danto detalles de lo que pasó en el portal y mostrando que le rompieron la cabeza.
“Me empezaron a pegar puños, hasta que me botaron al piso. Me arrastraron por el pasillo, mientras me golpeaban. La gente la están ahogando con gas en una de las habitaciones. Están separando a los hombres de las mujeres. A los muchachos les pegan hasta que les dicen: ‘Se van a quedar callados o qué’, y les siguen pegando. Antes de entrar había muchas personas que estaban en Transmilenio, como los conductores, que estaban mirando cómo metían a los muchachos y evidenciaban que había gas lacrimógeno ahí”, dice Diego Luna.
Cristian, Diego y los concejales concuerdan en que estas prácticas no serían aisladas, pues además de las dos fechas en las que hay confirmación de lo sucedido en el Portal Américas, también hay registro -respaldado por la Personería- de lo que sucedió en el Portal Suba el 19 de mayo de 2021. “Eso no es todo lo que sabemos. Seguramente hay mucho más al respecto y por eso pedimos saber la verdad”, dijo el concejal Diego Cancino.
“Este tipo de actos no pueden seguir pasando en los portales. Esto se notificó en el Puesto de Mando Unificado (PMU), que se instaló en esa jornada el 29 de abril y, a pesar de eso, nos dimos cuenta de que estos hechos se repitieron por mucho tiempo”, señaló Cabrera.
Frente a la ampliación de la denuncia que hicieron los concejales, las autoridades no se han pronunciado. No obstante, en su momento, con las primeras denuncias de las retenciones, reconocieron en comunicados aislados que sí se registraron detenciones, pero las justificaron de diferentes formas.
Mientras el mayor general Jorge Luis Ramírez, inspector general de la Policía, dijo que la institución contaba con la facultad jurídica para la conducción de los detenidos a las instalaciones de Transmilenio, el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que habían sido “traslados por protección, mientras se daba posterior traslado ante las autoridades judiciales”.
Independiente de las denuncias y las respuestas, lo cierto es que hay hechos por aclarar. Por esta razón, los denunciantes pidieron a la Alcaldía garantizar una relatoría independiente sobre el uso de portales de Transmilenio en las protestas iniciadas el 28 de abril de 2021 y las posibles violaciones de derechos humanos de la Fuerza Pública.
Además, que la Fiscalía investigue con diligencia los hechos y lleve a los responsables -por acción y por omisión- de violaciones a los derechos humanos ante los jueces penales, y a la Procuraduría ejercer el poder disciplinario preferente y lleve a juicio disciplinario a los responsables.