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El último mes de protestas se desarrolló con relativa calma. Pero lo que ocurrió el fin de semana y el pasado lunes agitó de nuevo las posiciones sobre las movilizaciones en Bogotá. Los choques en Suba y Kennedy del pasado 7 de agosto, sumados al desalojo en el humedal Tibabuyes, que terminó en vandalismo y exceso de la fuerza del Esmad, llevaron a que la alcaldesa Claudia López afirmara de nuevo que hay un grupo político que está apoyando los desmanes. Aunque para algunos no es más que una respuesta a la época preelectoral en el país, también se abre paso la pregunta de cuál será el futuro de la movilización social en medio del endurecimiento de posturas.
Las acusaciones que hizo la alcaldesa no son nuevas. Hace dos meses prohibió las concentraciones en los portales Suba y Américas, y señaló a Colombia Humana, movimiento liderado por el senador Gustavo Petro, como un partido que estaba aumentando el fervor en las calles. Esta vez fue más lejos y apuntó directamente al senador Gustavo Bolívar de haber “recaudado recursos” para dotar de elementos de protección a los jóvenes de la Primera Línea.
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Según la mandataria, los hechos de los últimos días han ocurrido gracias a una mezcla de “radicalización política irresponsable” y “financiación de grupos delincuenciales”, para que los policías no atiendan los actos vandálicos. El soporte de esa afirmación, por ahora, es la declaración de un joven capturado en actos vandálicos, quien confesó haber recibido un pago de $70 mil para generar daños durante las marchas.
No hay todavía resultados de investigaciones u otros elementos que permitan confirmar que los miembros de Colombia Humana o el Pacto Histórico han estado sosteniendo la continuidad del paro, por lo que algunos consideran clave investigar a fondo el testimonio del joven detenido. Pero las palabras de la alcaldesa sí desataron un cruce de señalamientos entre algunos políticos, lo que inclina la balanza hacia la teoría de que tanto el Pacto Histórico como Alianza Verde están queriendo desligarse de los apoyos que se dieron en el pasado Gustavo Petro y Claudia López.
Sobre las palabras de la alcaldesa hay posiciones encontradas. Para algunos hay un cambio de discurso. Paro otros, que se están cerrando las puertas a las protestas violentas, pero no a la movilización que se da sin contratiempos. Lo único claro es que ahora viene una tarea clave para el Distrito, que es identificar y demostrar que hay un apoyo económico de líderes políticos.
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En eso coinciden los analistas Óscar Castelblanco, docente de la Universidad Libre, y Patricia Muñoz, profesora de la U. Javeriana. No obstante, difieren en que para Castelblanco sí hay un cambio de discurso, que se basa en que una cosa es hacer oposición y otra es ser responsable de cuidar el patrimonio. “Hasta Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, pidió no destruir la ciudad y usó al Esmad”.
Por su parte, Muñoz considera que no hay un cambio de discurso, pero sí una postura más fuerte sobre la afectación de bienes públicos. “No me pareció un rechazo absoluto a la manifestación, pero sí a los actos vandálicos”. En esa medida, dice la académica, se está subrayando un apoyo a la manifestación pacífica, pero no hay una radicalización en que se le esté cerrando del todo el camino a la protesta.
Esa visión es la que se ha intentado posicionar entre el apoyo político de la alcaldesa, pero, incluso ahí, se evidencian diferencias sobre el tratamiento de las protestas. El concejal Julián Espinosa (Alianza Verde), aseguró que la instrumentalización de jóvenes está empañando la protesta pacífica, y apoya la idea de que más que un cambio de discurso, se están tomando acciones para que los vándalos no se tomen ciertas zonas de la ciudad.
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“Hay legítimas causas para protestar, pero quemar un bus nuevo es inentendible. Protesta sí, pero pacífica”, destacó Espinosa, algo con lo que no está de acuerdo su copartidario Diego Cancino, quien dijo estar en desacuerdo con las declaraciones de la alcaldesa López, pues, insistió, primero hay que averiguar bien si el tema del pago es cierto y de dónde viene. El punto crítico, para Cancino, es que no se están tramitando las diferencias de manera dialogada, sino “con un enfoque policivo y violento”.
Por ahora, el clamor principal desde el Concejo es que se investigue a fondo el tema de la hipótesis de que hay pagos detrás de las participaciones en protestas. Samir Abisambra (Partido Liberal), calificó de “inaudita” esa posibilidad e indicó que se deben acelerar las indagaciones. “La protesta es libre y no se puede estar haciendo política con esas formas para presionar a la administración”.
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Entretanto, los cabildantes del Pacto Histórico no ocultaron su malestar, con lo que consideran una nueva estigmatización a los políticos del grupo político y, por supuesto, a la movilización social. Según Heidy Sánchez (Colombia Humana), lo de la alcaldesa han sido señalamientos “sin fundamento” que, a su juicio, da vía libre a que aumenten el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de quienes están en las calles, aun cuando no sean parte de los desmanes.
La época electoral sin duda ha movido posturas preexistentes. No obstante, por ahora parece claro que la prioridad es cerrarles cada vez más el protagonismo a los violentos y garantizar que quienes quieran manifestarse, lo hagan sin afectar los bienes de la ciudad. Para saber con certeza lo que hay detrás, será clave la investigación.
