![Paulatinamente, los habitantes de calle se han asentado en el caño de la calle sexta con carrera 30. / Archivo particular.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/ZXKM5GO2NBB6LNQUILQKWK6PTY.jpg?auth=391ed6bc7f8f1195e5aa3bb898f21a36b1c7d268b58b669e21191cd6547efbc7&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Mientras en 2017 se reportó en promedio la muerte de un habitante de calle cada 15 días, en lo corrido de este año ya van cuatro casos. La situación ha generado preocupación entre las organizaciones sociales que los defienden y entre los miembros de esta población vulnerable. Si bien sólo en un caso las autoridades certificaron que se trató de un homicidio, frente a las otras tres muertes persisten las dudas, pues sus propios compañeros de calle dicen que los cuerpos aparecieron con signos de violencia.
La primer muerte se conoció en los primeros días del año, cuando encontraron a un hombre sin identificar en el sector de Cinco Huecos, con aparentes golpes en diferentes partes del cuerpo. Luego aparecieron dos cadáveres a orillas del río Fucha. El hecho más reciente ocurrió en la madrugada del pasado viernes, en el caño de la calle 6ª con carrera 30, donde un indigente fue asesinado en medio de una riña.
A pesar de que organizaciones sociales que defienden a esta población, como la Red de Trabajo de Habitabilidad en Calle, expresaron su preocupación e insinuaron que podrían ser más casos, las cifras de Medicina Legal de los últimos tres años muestran una disminución en el número de muertes de habitantes de calle: 57 en 2015, 36 en 2016 y 25 entre enero y noviembre de 2017.
A esta situación se suma una particularidad: la red que busca ser vocera de los habitantes de calle documenta los casos de otros indigentes a los que les han perdido el rastro. Si bien esto tendría explicación en la intervención del Bronx, que dispersó a sus “inquilinos” por los municipios y localidades aledañas, para ellos no deja de ser un campanazo de alerta al que hay que prestarle atención.
“Nos están notificando todos los días desapariciones, disminución de las personas en los sectores en que habitualmente están y persecuciones terribles. Si usted va a Los Mártires, el Estado muestra cómo la zona está ‘limpia’, pero ¿limpia de qué? ¿Limpiando a quién? Usted ya casi no encuentra habitantes de calle en ese sector. ¿Dónde están?”, pregunta el sacerdote fray Gabriel Gutiérrez, conocido como Fray Ñero debido a su vocación por servirles y defenderlos.
Las autoridades justifican este fenómeno en la congregación de habitantes de calle en puntos como el caño de la calle 6ª con carrera 30, donde ocurrió la más reciente muerte. La Red de Trabajo reconoce que continuamente se presentan estos altercados, pero señala que no es la única explicación.
Alberto López de Mesa, exhabitante de calle y miembro de la red, sostiene que “los ciudadanos callejeros están volviendo a los caños. Hay riñas frecuentes, pero también muertes inexplicables, y aparecen cuerpos en andenes y canales”.
Por este tema, la red espera que el Distrito saque adelante el censo de habitantes de calle, cuyos resultados están a punto de conocerse. Según dicen, este sería el balance clave para saber la situación real, pues no habría una justificación si llega a evidenciarse una disminución abrupta en el número de personas que integran esta población.
“Nos tiene en vilo el censo de habitabilidad en calle, porque el número será reducido de manera brutal. En las estadísticas que se están manejando, cada día se disminuye el número y hay más cifras que no concuerdan. En la calle la gente sigue faltando y no sabemos qué está pasando”, manifiesta Hanni Moon, miembro de la red y reconocida entre esta población por las jornadas en las que les lleva alimentos.
No obstante las dudas que plantean los líderes sociales, la administración, por su parte, se remite a las cifras oficiales. Efectivamente resalta la disminución en el número de muertes y asegura que el descenso en la cifra se debe al trabajo que han realizado en las calles y en los hogares que tiene la Secretaría de Integración Social.
Richard Romero, subsecretario de la entidad, manifiesta que hay más de 700 funcionarios denominados Ángeles Azules que los contactan en las calles para persuadirlos de que vayan a sus centros de acogida. Allá los atienden y los capacitan. No obstante, y como son conscientes de que muchos no quieren estar en esos lugares y prefieren seguir en la calle, dice que seguirán trabajando para atender a esta población.
“La muerte de los habitantes de calle ha disminuido y seguiremos trabajando. Incluso queremos transmitirles el mensaje de que no se pueden matar por cualquier cosa, como un cartón, un espacio o una dosis, entendiendo que para ellos son importantes. Queremos unidades móviles para prestar mejor servicio y seguir reduciendo estos conflictos”, agregó Romero.
Pese a que las autoridades destacan el trabajo que vienen adelantando para dignificar la opción de vida que escogieron estos ciudadanos, lo cierto es que las cuatro muertes que se han reportado en las primeras semanas del nuevo año no dejan de preocupar a las organizaciones sociales que también velan por su bienestar.