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En momentos en que arrecian las críticas contra el Distrito por la prórroga (que empezó la semana pasada y se extenderá por nueve meses) a los millonarios contratos que tienen cuatro empresas para la recolección, barrido y limpieza de las basuras en la ciudad, debido a que este aplazamiento no contempla rebajas en las tarifas que pagan los usuarios, una denuncia del concejal Carlos Galán que involucra al contratista que asesoró dicha prórroga agita aún más las aguas en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), entidad encargada de manejar el tema del aseo en la capital.
El cabildante se refiere a Luis Augusto Cabrera Leal, asesor de la directora de la Uaesp, Miriam Martínez, en la elaboración de los documentos requeridos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y en la suscripción de la prórroga y adición a los contratos de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos de Bogotá. Su contrato se hizo a través de una firma de consultoría llamada Cefinco S.A. y éste asciende a $348 millones por seis meses.
Resulta que Cabrera Leal ocupó el cargo de director ejecutivo de la CRA entre el 15 de mayo de 2001 y el 15 de mayo de 2005. Como alto funcionario de esa entidad, tuvo pleno conocimiento de los estudios que crearon las Ases, o Áreas de Servicio Exclusivo, en las que se divide la ciudad para la prestación del servicio de recolección, barrido y limpieza de basuras. Y ahora, desde la Uaesp, asesora la elaboración del nuevo modelo para las Ases que tendrá que autorizarle la CRA a la Unidad para que se pueda llevar a cabo una licitación una vez termine la prórroga. El negocio es de $2,5 billones y se entregará en concesión por siete años.
En concepto del concejal Carlos Galán, Luis Augusto Cabrera podría estar incurriendo en una inhabilidad por asesorar a una entidad sobre asuntos que manejó desde otro escenario siendo servidor del Estado. Para demostrarlo, cita la Sentencia C-893 de 2003, en la cual la Corte Constitucional establece que a todo empleado público le está prohibido prestar asesorías en temas relacionados con las funciones de su cargo de manera “indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos” que conoció, y que el mismo impedimento será de un año en los demás casos. “Pido que la Procuraduría investigue este caso y por ello le entregaré al ente de control todos los documentos de mi investigación”, dijo el cabildante.
El Espectador conoció una carta, fechada el pasado 2 de septiembre, en la cual la Uaesp le insiste a la CRA que prorrogue la vigencia de las actuales Áreas de Servicio Exclusivo. La misiva aparece firmada por Miriam Martínez y elaborada por Luis Augusto Cabrera.
Consultada respecto a la denuncia del concejal, la Unidad le contestó a este diario vía electrónica que Luis Augusto Cabrera Leal “no ha estado ni lo está actualmente en su condición de persona natural como contratista en la Uaesp. Desarrolla actividades de asesoría como parte de Cefinco S.A., que es una empresa… de la cual ha sido representante legal”.
Asimismo, la entidad asegura que han transcurrido más de cinco años desde que el funcionario dejó de ser servidor público en la CRA y afirma no conocer ninguna sentencia de la Corte Constitucional en relación con el tema. Más allá, advierte que “no todas las sentencias de la Corte Constitucional tienen efectos generales aplicables a todas las personas”.
Un ex magistrado de ese alto tribunal le explicó a este diario que en este caso habría que analizar si la situación de Cabrera está entre los supuestos de los que habla la jurisprudencia, pero que eso sólo podrá definirlo la Procuraduría General, tal y como lo solicita Carlos Galán.
El concejal, además, llama la atención sobre el hecho de que, según los registros de Cámara de Comercio, Cabrera ya no aparezca como miembro de la empresa de consultoría Cefinco. “Me parece extraño porque antes era el representante. Entonces, ¿cómo es que presta servicios de asesorías a través de esa firma si no forma parte de ella?”.
Galán anunció que hoy mismo radicará su denuncia ante la Procuraduría, aunque a la Uaesp le parece que “no tiene fundamento legal alguno”. La última palabra, como siempre, la darán los organismos competentes.