Primera Línea en Bogotá y su judicialización en medio de proyectos de indultos

En la retina de los bogotanos y colombianos quedaron las imágenes de diez jóvenes que, virtualmente, fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante una juez de control de garantías por, presuntamente, ser los responsables de varios actos vandálicos en Bogotá, durante las protestas del paro nacional, que inició el 28 de abril de 2021 e integrar el grupo autodenominado “Primera Línea”.

En la retina de los bogotanos y colombianos quedaron las imágenes de diez jóvenes que, virtualmente, fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante una juez de control de garantías por, presuntamente, ser los responsables de varios actos vandálicos en Bogotá, durante las protestas del paro nacional, que inició el 28 de abril de 2021 e integrar el grupo autodenominado “Primera Línea”.

Estas imágenes, además, mostraron el llanto que invadió a varios de ellos cuando la togada les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por lo cual enfrentan privados de la libertad el proceso por los delitos de concierto para delinquir, violencia contra servidor público, instigación a cometer actos con fines terroristas, tenencia de materiales peligrosos y lanzamiento de material inflamable, que les imputó la Fiscalía.

Los diez jóvenes procesados en este caso insisten en su inocencia, por lo cual no aceptaron los cargos en noviembre del año pasado, e irán a juicio para intentar demostrarlo. Por ello, este miércoles irán de nuevo al estrado ante el juzgado penal 28 de Bogotá, para llevar a cabo la audiencia preparatoria de juicio, en donde la Fiscalía y los abogados de los jóvenes presentarán las pruebas que serán válidas para el estudio del juez.

Sin embargo, un año después de todas las capturas y que iniciaran los procesos contra estos jóvenes, y un año y medio después de que inició el paro nacional, la realidad en el país cambió: atravesó por un proceso electoral que llevó al poder al proyecto político que apoyó e impulsó esas movilizaciones y que, ahora en el poder, intentará cumplirles la promesa de campaña sobre su excarcelación.

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Primera Línea de Suba: cuatro detenidos

El 28 de octubre de 2021, la Policía y la Fiscalía anunciaron la captura de cinco presuntos miembros de la “Primera Línea” que hacía presencia en la localidad Suba, noroccidente de Bogotá, en donde se registraron múltiples enfrentamientos con la fuerza pública, protestas y actos de vandalismo en los meses del paro nacional.

Entre los capturados estaban dos periodistas independientes —Jonathan Cortés Aldana y Karo Cepeda Andrade— que se dedicaron a transmitir, bajo el nombre de “Z11 Suba”, por redes sociales lo ocurrido durante las movilizaciones en esa localidad.

Aseguran que no son miembros de ese grupo y que se dedicaban —con casco, chaleco y máscara— a “informar y ser la voz de las organizaciones que protestaban”, como le manifestaron a El Espectador. Aun así, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, perturbación al transporte público, tentativa de homicidio y terrorismo.

El ente acusador los señala de quemar una patrulla de la Policía, de retener a seis auxiliares de esa institución y de quemar un bus eléctrico del Sitp en el humedal Juan Amarillo, en Suba.

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Después de las audiencias de legalización de captura y allanamientos, imputación de cargos y de pedido de medida de aseguramiento, Cortés, Cepeda y los otros cinco capturados gozaban del beneficio de detención domiciliaria, el cual disfrutaron hasta junio de este año cuando un juez de conocimiento lo revocó en segunda instancia y ordenó enviarlos a prisión.

Noticia que dejó la imagen de Jonathan rompiendo en llanto en un video que se hizo viral en redes sociales.

Hasta ahora, según una investigación de la Liga Contra el Silencio, los dos jóvenes de 19 y 21 años, se encuentran prófugos de la justicia, pues, después de que revocaran su detención domiciliaria, decidieron salir del país para conseguir el estatus de refugiados políticos.

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“Montaje judicial”, “falso positivo judicial”. Estas son las frases que más repiten los procesados por ser supuestos miembros de la “Primera Línea”. Ese es el caso de Karen Zulay Villa Herrera, a quien la Fiscalía “bautizó” con el alias de ‘Nena’.

Karen y otras nueve personas, fueron los jóvenes que no aguantaron las lágrimas, en medio de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, cuando la juez 69 con función de control de garantías de Bogotá los envió a la cárcel mientras avanza la investigación por su presunta participación en actos vandálicos durante el paro.

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Según la juez, la decisión se tomó debido a que las pruebas en contra de los señalados demostraban que podrían perpetrar otros ataques, pues las reuniones para planear y ejecutar las acciones en las protestas las realizarían en sus viviendas.

En ese sentido, la Fiscalía les imputó los cinco delitos respaldados, asegura el ente investigador, por una serie de pruebas que involucran a un testigo, quien sería un hombre infiltrado. Esto habría permitido dejar en evidencia la forma en la que operaban y en la que atacaban durante las concentraciones.

En el caso de Karen Villa, su familia y su abogado, Iván Cancino, insisten en que su caso se trata de un falso positivo judicial, argumentando que los alias que le atribuyó la Fiscalía corresponden a otras personas y que la voz que se escucha en los audios presentados por la Fiscalía no son de ella.

“En juicio oral controvertiremos esos audios a través de un perito acústico forense que determinará que la voz de los audios e interceptaciones que utiliza la Fiscalía no pertenece a Karen Villa”, explicó Iván Cancino a este diario.

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Por su parte, las defensas de los otros capturados han insistido en supuestas inconsistencias de la Fiscalía, que giran en torno a no conocer los montos de unas transferencias bancarias con las que se le señala a un joven de financiar a la “Primera Línea”; así como incongruencias entre los lugares donde se encontraban durante los enfrentamientos y las descripciones de los testigos.

Entre tanto, la Fiscalía mantiene abiertos tres procesos en Bogotá, iniciados entre mayo y junio de 2021, contra integrantes de la “Primera Línea” en el marco de las protestas sociales de ese año, en los que se involucra a 24 personas capturadas entre septiembre y noviembre pasados. El daño en bien ajeno, el empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y la violencia contra servidor público son los delitos que más se han imputado en estos casos.

Un proyecto de indulto y amnistía: ¿qué dicen los abogados?

Este martes, los representantes a la Cámara Alirio Uribe, Leyla Rincón, Andrés Cancimance y Jose Alberto Tejada presentaron un proyecto de ley con el que busca darles beneficios a los integrantes de la “Primera Línea” y otros jóvenes que se encuentran vinculados a investigaciones penales por actuaciones relacionadas con las protestas que se vivieron en el país a finales de 2019 y mediados de 2021.

La iniciativa busca otorgarles indultos (perdón de la pena) y amnistías (perdón del delito) para lograr su excarcelación, lo cual hace parte de las banderas y mensajes de campaña que el hoy presidente Gustavo Petro les hizo en elecciones a la ciudadanía que votó por él y el proyecto del Pacto Histórico.

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Aunque no contempla los beneficios para los delitos tipificados como violaciones al Derecho Internacional Humanitario, como lo son el secuestro, tortura y ataques a persona protegida, además de terrorismo y porte ilegal de armas.

No obstante, según tres abogados penalistas consultados por El Espectador, para llevarlo a la práctica se necesitaría reformar la Constitución de Colombia y el Código de Procedimiento Penal, así como vulnerar el equilibrio de poderes en el país para llevarla a ejecución. Esto dijeron.

¿Es viable conceder un indulto o una amnistía a los procesados por las movilizaciones del paro nacional de 2021?

Francisco Bernate: No lo es. La amnistía y el indulto están establecidos en nuestra Constitución Política para delitos políticos y están delimitados en rebelión, sedición y asonada. En estos casos, lo están por violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y hasta obstrucción de vías. Una agresión a un policía o gestor de convivencia no puede ser considerado un delito político. Salvo que esto sea reformado cambiando la Constitución en cuanto a esos delitos, lo cual sería echar por la borda todo el sistema del derecho penal colombiano. Eso terminaría dándole un contexto casi que guerrillero a las protestas, pero no es así.

Aydeé Acevedo: Eso rayaría con la Constitución y los tratados internacionales, pues tendrían que tener una modificación a la Constitución y a esos tratados que hemos suscrito. No es viable y sería violatorio de la Constitución.

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Sebastián Escobar: En Colombia las amnistías e indultos proceden para delitos políticos, eso implica que poder hacerlas pasa por el reconocimiento de algunos de los actos por los que están siendo judicializados los jóvenes, para que puedan ser reconocidos como delitos políticos. El desafío inicial es la forma en que la Fiscalía General de la Nación ha venido abordando estos casos. La preocupación más evidente de varias organizaciones de derechos humanos tiene que ver con las macroimputaciones, algunas infladas, que se perciben con el propósito de asegurar la limitación de la libertad, pero que a futuro no se ve manera de que ganen un caso. La judicialización de jóvenes se debe a un escenario de conflictividad social en los que el uso del derecho penal de la Fiscalía ha sido desastroso y amerita una salida política a esta situación.

¿Qué pasaría con los procesos penales que actualmente avanzan contra integrantes de la “Primera Línea”?

F.B: Los procesos penales se adelantan por fiscales y jueces, el poder ejecutivo debe respetar sus funciones. En medio de la discusión en el Congreso podrían encontrar alternativas diferentes y podría el gobierno establecer una mesa en donde afectados por el paro nacional, la Fiscalía y el Gobierno, así como los procesados, busquen beneficios como un principio de oportunidad, mediación o acuerdos que establece la ley, sin meterle la mano a la Constitución. El miedo es que haya impunidad, pues si se hace eso, las miles de víctimas que denunciaron hechos vandálicos no tendrían una reparación. Eso se puede hacer por otros caminos.

A.A: En ese caso, tendrían que dejar a todos los procesados por esos delitos, por principio de igualdad y de favorabilidad de ley, en libertad. Yo no puedo decirle a alguien que lo indulto porque quemó un bus y considero que se lo voy a perdonar, pero no hacer los mismo con el resto de marchantes que ya están condenados. Tienen que quedar exactamente igual. No pueden decir que solo a cinco se les conceden esos beneficios y al resto no, porque prima el principio de igualdad y favorabilidad.

S.E: Creo que enfrentaría desafíos en los procesos por terrorismo y concierto para delinquir, en los que aplicarlos no se dé tan fácilmente. El derecho penal y la acción penal de la Fiscalía ha sido desbordado y no me parece que sea la salida adecuada a un conflicto político y social en el que se dio el paro nacional.

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De ser realidad, ¿qué mensaje le enviaría esto al país?

F.B: El de un desbarajuste institucional porque dejaría sin piso lo que la Fiscalía y los jueces han considerado que son delitos y así el Gobierno demostraría que está sobre los jueces y fiscales. Dejaría desamparadas a las víctimas de hechos delictivos en el marco del paro. Enviaría el mensaje de que la protesta violenta no genera consecuencias.

A.A: Uno gravísimo. Los indultos son igual a impunidad. Un mensaje terrible porque las agremiaciones delincuenciales tendrán soporte del Estado que les permitirá delinquir con mayor tranquilidad. Tendría que haber una reforma constitucional, al código penal y al de procedimiento penal. La cantidad de delincuentes que saldrían a la calle es fuerte.

S.E: Hay un país dividido profundamente en torno a esta situación, pero ese tipo de división amerita una mayor discusión de esas iniciativas por la naturaleza política de estas coyunturas. Hay mucha más posibilidad de diálogos políticos en estos escenarios de discusión más allá de la aplicación del derecho penal que la Fiscalía ha erudido contra las personas que se movilizan. Se debe tener una salidad política.

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