Procuraduría abrió investigación por muerte de jóvenes en Usme y Suba
El anuncio se dio después de que, durante esta semana, en ambas localidades de Bogotá se registraran muertes en medio de enfrentamientos entre agentes del Esmad y encapuchados.
La Procuraduría General de la Nación abrió este viernes una indagación contra miembros de la fuerza pública con el fin de verificar su participación o responsabilidad en las muertes de Jaime Alonso Fandiño, en Usme, y Cristian David Castillo, en Suba. Vale recalcar que, después de ambas muertes, la Policía Metropolitana de Bogotá afirmó que están adelantando investigaciones al interior de la institución para que aquellos uniformados que “individualmente se desvíen” respondan por sus actos.
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Una de las exigencias que hizo la Procuraduría fue que estas investigaciones, de haberse iniciado, sean remitidas de inmediato al ente de control para que den continuidad a la investigación. El ente de control también solicitó a la Fiscalía, Personería, Defensoría, Secretaría de Gobierno y Alcaldía de Bogotá brindar los documentos que confirmen las posibles irregularidades en los protocolos usados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante las protestas de esta semana.
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De igual forma, la Procuraduría ordenó la realización de pruebas para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el presunto comportamiento irregular de los uniformados, con el objetivo de determinar si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria o si por el contrario actuaron amparados en alguna de las causales de exclusión de la responsabilidad.
Por estos dos casos, el ente de control también solicitó a la Policía de Bogotá que entregue un listado del personal de uniformados que se encontraban en los sectores donde ocurrieron las muertes. Asimismo, pidió que se mencionen las características de las armas “letales y no letales” que fueron utilizadas durante el desarrollo de las protestas el día lunes 21 de junio en Usme y el martes 22 de junio en Suba.
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Entre las exigencias, la Procuraduría también exigió a la Policía que informe los grados y nombres de los agentes que comandaban cada una de las secciones del Esmad y de la fuerza disponible, para determinar quién o quiénes estaban al mando del personal policial presente en los sitios. El ente de control también pidió informar sobre los gastos de munición en las localidades. Para la investigación fueron designados dos procuradores diferentes para cada caso, con el fin de esclarecer de manera oportuna lo ocurrido.
La Procuraduría General de la Nación abrió este viernes una indagación contra miembros de la fuerza pública con el fin de verificar su participación o responsabilidad en las muertes de Jaime Alonso Fandiño, en Usme, y Cristian David Castillo, en Suba. Vale recalcar que, después de ambas muertes, la Policía Metropolitana de Bogotá afirmó que están adelantando investigaciones al interior de la institución para que aquellos uniformados que “individualmente se desvíen” respondan por sus actos.
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Una de las exigencias que hizo la Procuraduría fue que estas investigaciones, de haberse iniciado, sean remitidas de inmediato al ente de control para que den continuidad a la investigación. El ente de control también solicitó a la Fiscalía, Personería, Defensoría, Secretaría de Gobierno y Alcaldía de Bogotá brindar los documentos que confirmen las posibles irregularidades en los protocolos usados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante las protestas de esta semana.
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De igual forma, la Procuraduría ordenó la realización de pruebas para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el presunto comportamiento irregular de los uniformados, con el objetivo de determinar si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria o si por el contrario actuaron amparados en alguna de las causales de exclusión de la responsabilidad.
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Entre las exigencias, la Procuraduría también exigió a la Policía que informe los grados y nombres de los agentes que comandaban cada una de las secciones del Esmad y de la fuerza disponible, para determinar quién o quiénes estaban al mando del personal policial presente en los sitios. El ente de control también pidió informar sobre los gastos de munición en las localidades. Para la investigación fueron designados dos procuradores diferentes para cada caso, con el fin de esclarecer de manera oportuna lo ocurrido.