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Los líos entre el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), operador del relleno sanitario Doña Juana, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) continúan. Sin embargo, esta vez puede haber un giro en el caso, teniendo en cuenta que la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto dirigido al tribunal de arbitraje en el que reposa este caso, con el cual, el organismo de control le daría la razón a la entidad del Distrito.
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Recordemos que el consorcio denuncia que en el contrato hubo incumplimientos por parte de la entidad del Distrito y que, incluso, la operación habría salido más costosa de lo previsto, por lo que decidió demandar a la Uaesp, además de pedirles $1,3 billones. Por su parte, la entidad decidió demandar al contratista, señalando que CGR fue quien incumplió con lo firmado.
En el documento emitido por la Procuraduría, el organismo señala que: “expuestas las consideraciones, y las conclusiones que se acaban de anotar, encuentra esta Agencia del Ministerio Público, en virtud de las atribuciones que le ha conferido la Constitución Política y la ley, respecto de la defensa del patrimonio público, el orden jurídico y los derechos y garantías fundamentales que se deben denegar las pretensiones del convocante, Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.SP. y reconocer las formuladas en la demanda de reconvención formulada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos -Uaesp-”.
Lo que indica que la Procuraduría le señala al tribunal de arbitraje negar las peticiones del operador y tener en cuenta la demanda del Distrito para tomar una decisión. En este caso, CGR denuncia que la planta que recibió en el 2010 no correspondía a lo que detallaba la licitación; que en las alcaldías de Petro y Peñalosa tuvieron que enfrentar dificultades en los pagos, en las que el operador no tenía que ver; y que los recursos del Distrito no fueron suficientes para atender el servicio que ellos estaban prestando.
Por su parte, la UAESP, señala que CGR debió llevar a cabo anticipadamente el estudio de los gastos e inversiones que se necesitaban para operar, teniendo en cuenta que el consocio tenía las capacidades para llevar a cabo esta labor y la operación del lugar. Además, que el contratista ha incumplido con sus obligaciones, entre las que están mejorar los vertimientos en el río Tunjuelio.
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