Procuraduría indaga sobre escándalo de camiones usados como ambulancias en Bogotá

Según información dada a conocer por la concejal Diana Diago (Centro Democrático), los vehículos eran camiones que fueron adecuados como ambulancias, por lo que "la suspensión no sirve y la parte eléctrica no sirve".

Foto: Prensa Diana Diago

La Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una indagación previa para esclarecer un hecho que fue denunciado desde diciembre del año pasado por la concejal de Bogotá, Diana Diago (Centro Democrático). Se trata de la compra de unos camiones que habrían sido adecuados como ambulancias, los cuales costaron al rededor de $36 mil millones.

De acuerdo con Diago, se habría tratado de un presunto engaño, pues “nos metieron gato por liebre, la administración de Claudia López compró furgones y los habilitaron para ambulancias, la suspensión no sirve, la parte eléctrica no sirve, 36 mil millones de pesos en despilfarro”, señaló la cabildante.

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Ante esta situación, la Procuraduría “requirió información sobre los contratos celebrados desde el año 2020 para adquirir ambulancias o vehículos para acondicionarlos y, sobre los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá que participaron en la etapa precontractual, celebración, ejecución y liquidación de estos”, indicó el ministerio público.

Con esta indagación previa se podrían identificar a los servicios públicos que participaron en la compra de los vehículos en cuestión, así como establecer si efectivamente no se tuvieron en cuenta las exigencias establecidas en la normatividad ICONTEC 3729 actualizada, para prestar el servicio de atención en salud.

Tras el anuncio de la Procuraduría, la concejal Diago aprovechó para exigir la renuncia del secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, tanto por esta presunta irregularidad, como por el ya recordado escándalo del supuesto sobre costo en la compra de productos tecnológicos para las subredes de Bogotá. La solicitud se adelantó por medio de una carta que envió directamente a la alcaldesa Claudia López.

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“Son presuntos casos de detrimento patrimonial que se han venido denunciando desde el Concejo de Bogotá. Los documentos formales y las pruebas ya se encuentran en la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Personería de Bogotá. Esperemos que la indagación de la Procuraduría esclarezca las presuntas irregularidades encontradas en la contratación”, señaló Diago.

“Es necesario, exigir la renuncia de los funcionarios que están al frente de las entidades donde se están presentando presuntas irregularidades para garantizar la protección de los recursos de la ciudad, las denuncias no pueden pasar de agache, y menos en un gobierno que se hizo elegir con las banderas de la anticorrupción”, concluyó la cabildante.

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