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El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra la exdirectora general de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Luz Amanda Camacho Sánchez -a cargo de la entidad durante la administración de Claudia López-, y el entonces representante legal del Consorcio San Marcos 2021, David Alejandro Cedeño Cárdenas.
La Procuraduría busca establecer si durante la ejecución del contrato suscrito con la Unión Temporal Cementerios del Distrito, se habrían presentado irregularidades que podrían atribuirse a presuntas fallas en el seguimiento y control por parte del Consorcio San Marcos 2021, responsable de la interventoría.
Asimismo, el ente disciplinario analiza los múltiples inconvenientes que esta Unión Temporal tuvo durante la ejecución y que la hicieron acreedora de sanciones impuestas por la administración distrital. “A juicio de la Segunda Delegada de Contratación, estas situaciones podrían indicar un seguimiento y control deficiente, atribuible a la interventoría”, señaló la Procuraduría.
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Por otro lado, también son objeto de investigación las presuntas anomalías derivadas del contrato de interventoría, celebrado por más de $ 6 mil millones, con el citado consorcio pues, al parecer, una integrante de este se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado en virtud de una condena penal ejecutoriada en su contra.
El lío de los cementerios distritales
La crisis que hoy vive la ciudad es producto de un cúmulo de líos con el contrato de operación, por $41.000 millones, que le adjudicó la Uaesp a Jardines de Luz y Paz, en junio de 2021, para que administrara los cuatro cementerios distritales (Central, Norte, Sur y Serafín), por cinco años. A pesar de que las condiciones y el presupuesto de la licitación fueron claros, casi desde el comienzo el concesionario empezó a reportar pérdidas y conflictos. El gerente, Éder Parada, le dijo en su momento a El Espectador, que desde los primeros meses advirtieron que los ingresos no serían suficientes; habló de pérdidas por $2.600 millones, entre 2021 y 2023, y señaló que antes de asumir la operación, la empresa no había podido revisar, con detalle, los pormenores del contrato.
Esto llevó a que hace un año se presentara un episodio similar, al que vive hoy la ciudad. Ante el avance de un proceso sancionatorio, el contratista cerró los cementerios públicos, lo que obligó al Distrito a buscar una salida urgente para evitar la crisis. Luego de un diálogo, la ejecución del contrato continuó. Pero hoy, la situación es diferente: el consorcio ya no tiene margen de maniobra. Por eso, no solo cerró los cementerios, sino que radicó procesos judiciales contra Consuelo Ordóñez, actual directora de la UAESP, y el alcalde Carlos Fernando Galán. Al consultar la opinión del Distrito frente a la situación, Juan Pablo Estrada Sánchez, asesor externo de la UAESP, aclaró que ninguno de los funcionarios podía dar declaraciones, debido a que el operador los recusó.
Incumplimientos
Durante el proceso de empalme, en enero de este año, el contrato 415 de 2021 era uno de los puntos frágiles entre la administración Galán y la de la exalcaldesa Claudia López. Jardines de Luz y Paz sostuvo desde un inicio que el contrato financieramente no era viable y esto lo reflejó con constantes incumplimientos. Independiente de la explicación del contratista, al Distrito no tuvo más que abrir procesos sancionatorios, que hoy derivan en la inhabilidad, que el gerente de la empresa contratista calificó como el resultado de un proceso “arbitrario”.
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En el nuevo escenario de 2024, con dos sanciones en un año, el contratista Jardines de Luz y Paz quedó sin posibilidad de seguir operando los cementerios.
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