Procuraduría investigará a gerente de RenoBo por Ciudadela del Cuidado
El Ministerio Público abrió un expediente a Juan Guillermo Jiménez Gómez por irregularidades en proceso de contratación del proyecto.
La batalla por definir el futuro de la Ciudadela de la Educación y del Cuidado, en Suba, no ha hecho más que comenzar. Cuando todo parecía indicar que la administración saliente había conseguido la victoria sobre el debate en torno al proyecto, con la adjudicación de las obras efectuada ayer, dos nuevos obstáculos a la iniciativa urbanística surgieron en las últimas horas.
Más información sobre Bogotá: Galán hará todo lo posible para frenar la Ciudadela del Cuidado y el Corredor Verde.
La Procuraduría, que ya había efectuado observaciones al proceso de contratación del proyecto, abrió recientemente un expediente disciplinario en contra del gerente de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, Juan Guillermo Jiménez Gómez. El funcionario, a cargo de la entidad que adelantó el proceso de contratación de la obra a nombre del Distrito, será investigado por presuntas irregularidades en torno la ciudadela.
“La investigación se inició con ocasión de la acción preventiva realizada por el órgano de control, en la que se formularon advertencias técnicas y jurídicas por inconsistencias en la estructuración, desarrollo y ejecución del proceso de contratación, así como por una posible vulneración de los principios rectores de la etapa precontractual como la transparencia, responsabilidad, economía, buena fe y legalidad”, reza el comunicado emitido por el Ministerio Público.
Con base en lo anterior, Jiménez Gómez deberá responder a cada una de las inquietudes del ente de control en torno a la celebración del contrato de la ciudadela, en el que se destinarán $ 370.419 millones del erario. Para defenderse, el gerente de RenoBo tendrá la posibilidad de ser escuchado mediante una versión libre, si así lo solicita.
Asimismo, en el transcurso del proceso disciplinario en curso, el funcionario deberá enviar al Ministerio Público un dosier con los siguientes documentos: copia del contrato firmado, el manual de contratación de la entidad, y otras pruebas de carácter testimonial y pericial tendientes a esclarecer los hechos relacionados con las modificaciones realizadas al proceso.
Del análisis y contraste de estos documentos, la Procuraduría determinará si el proceder de Jiménez acarreó una falta disciplinaria y tomará las medidas punitivas del caso, que pueden acarrear sanciones económicas e inhabilidades para ejercer cargos públicos en el futuro. Por el momento, ninguna voz del Distrito se ha pronunciado sobre el tema.
Aunado a lo anterior, en su más reciente entrevista a los medios, el Alcalde electo, Carlos Fernando Galán, anunció que haría todo lo posible por detener el proyecto. Lo anterior, en atención a las observaciones de la Procuraduría, y al escándalo que suscitó la renuncia de funcionarios a RenoBo, alegando presuntas presiones para firmar los requerimientos para adjudicar el contrato.
La gente que lee la sección está interesada en: CAR otorga licencia ambiental a Lagos de Torca para ampliar la avenida Boyacá.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
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“La investigación se inició con ocasión de la acción preventiva realizada por el órgano de control, en la que se formularon advertencias técnicas y jurídicas por inconsistencias en la estructuración, desarrollo y ejecución del proceso de contratación, así como por una posible vulneración de los principios rectores de la etapa precontractual como la transparencia, responsabilidad, economía, buena fe y legalidad”, reza el comunicado emitido por el Ministerio Público.
Con base en lo anterior, Jiménez Gómez deberá responder a cada una de las inquietudes del ente de control en torno a la celebración del contrato de la ciudadela, en el que se destinarán $ 370.419 millones del erario. Para defenderse, el gerente de RenoBo tendrá la posibilidad de ser escuchado mediante una versión libre, si así lo solicita.
Asimismo, en el transcurso del proceso disciplinario en curso, el funcionario deberá enviar al Ministerio Público un dosier con los siguientes documentos: copia del contrato firmado, el manual de contratación de la entidad, y otras pruebas de carácter testimonial y pericial tendientes a esclarecer los hechos relacionados con las modificaciones realizadas al proceso.
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