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En la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación se tomó la decisión, durante este miércoles 15 de febrero, de suspender la inhabilidad por tres meses impuesta a la subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, Ingrid Lisbeth Ramírez Moreno.
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Recordemos que esta funcionaria fue retirada temporalmente de su cargo en la Unidad Administrativa de Servicios Públicos -UAESP-, el pasado 16 de enero, tras el escándalo que envolvió su gestión en la entidad debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la operación de los cementerios en la ciudad.
“En la presente actuación disciplinaria se investiga una presunta omisión en el seguimiento a la ejecución del contrato de concesión de cementerios distritales, ya que conforme al informe origen del proceso, posiblemente no se han cumplido con las obligaciones por parte del contratista, tales como la habilitación de las salas de funeraria y tanatopraxia, los hornos de cremación no están funcionando en su totalidad, no se han presentado y corregido los informes y no ha habido un seguimiento ni conminación al contratista para que haga el manejo financiero del contrato a través de la fiducia, tal como se ha establecido en el contrato.
Así mismo, se investiga si se omitió o retardó el cumplimiento del deber de denunciar oportunamente los hechos que podrían constituir faltas disciplinarias y/o delitos dolosos ante las autoridades competentes, entre otras conductas conexas”, se lee en la decisión tomada hace un mes.
Sin embargo, y tal como está en el documento al cual tuvo acceso la sección Bogotá de El Espectador, los reportes frente a las presuntas irregularidades venían desde noviembre del 2022.
No obstante, el nombre de Ramírez Moreno también se vio involucrado en la acusación, publicada por la revista ‘Cambio’, en la que el empresario Sergio Venegas afirmó haber pagado millonarios sobornos para la adjudicación de un contrato:
“Ante la pregunta de a cuáles funcionarios les pagó sobornos para obtener el contrato, el hombre aseguró: “A Marcel (Esquivel), asesor del asesor jurídico, al asesor jurídico (Carlos Quintana), a Íngrid (Íngrid Ramírez, subdirectora de servicios funerarios) y a la directora Bernal, quienes son la cabeza de la UAESP”.
Empero, desde la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría se afirmó que el expediente no cuenta con elementos de juicio que permitan acreditar que la señalada, pueda continuar o reiterar la conducta investigada:
“Esta afirmación no tiene efectos vinculantes con respecto a las resultadas en la investigación propiamente dicha. En ese orden de ideas, esta colegiatura, determina que el tercer requisito para que proceda la suspensión provisional de la investigada, no está debidamente probado, lo que significa que, la exigencia de ley, no se ha cumplido y, por lo mismo y tanto, se determina que es procedente disponer la revocatoria de la medida de suspensión”, se lee en el documento expedido por los procuradores delegados Luis Francisco Casas y Diomedes Yate.
Lo que se traduce en que, según el órgano de control, su suspensión se hizo sin tener sustento probatorio y desconociendo lo que en la jurisprudencia se denomina como el derecho al buen nombre y la presunción de inocencia.
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