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Cuando todo parecía indicar que Claudia López tenía todo listo para que su proyecto de ciudadela en Suba fuera una realidad, aun después de culminar su mandato, la Procuraduría General de la Nación le ha puesto un traspié a la ambiciosa obra que nadie se esperaba. Y mucho menos la propia Claudia López.
En contexto: Urbanización que sepulta la ALO Norte: una polémica en cierre de mandato.
El Ministerio Público emitió en las últimas horas una misiva a Juan Guillermo Jiménez, gerente de la empresa de Renovación y de Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), en la que compiló una serie de observaciones al proyecto de licitación, hoy vigente, para adjudicar la obra.
Con base en las irregularidades que el ente halló en el pliego del contrato, que tiene un valor de $ 370.419.000.000, le solicitó tanto a RenoBo y al Distrito, frenar en seco el proceso de adjudicación que se tendría previsto para los próximos meses.
“El Ministerio Público, en sus acciones preventivas, halló falencias técnicas y jurídicas en el contrato que ampara obras de urbanismo y en la que se detectaron, al parecer, irregularidades en estructuración, desarrollo y ejecución de las mismas. Advierte el ente de control que existe, por parte de la entidad, una flagrante vulneración de los principios de legalidad y buena fe, rectores de la etapa precontractual”, reza la misiva emitida por la Procuraduría.
Aunado a lo anterior, el Ministerio Público justifica su oposición a la obra, argumentando que en el planteamiento del contrato se omiten las normas estipuladas para la celebración de este tipo de acuerdos. Por consiguiente, además de solicitar el alto al proceso de licitación y adjudicación, la Procuraduría pidió que el pliego de observaciones que emitió, sean incluidos en los pliegos del proyecto alojados en Secop II. Esta advertencia se suma a otras críticas que han surgido desde la academia y exalcaldes de la ciudad al proyecto de la Ciudadela Educativa y del Cuidado.
La principal inquina a estas obras, que plantean la construcción de 14.000 viviendas y la principal universidad pública de Suba, radica en los predios en los que será desplegada, y los cuales estaban destinados para la construcción de la ALO norte.
Un mes atrás, al interior de RenoBo, estalló un escándalo en el que trascendió la renuncia de varios funcionarios de la empresa que abandonaron sus puestos argumentando presiones para firmar la documentación necesaria para licitar la ciudadela. Asimismo, desde el propio exalcalde Enrique Peñalosa, hasta profesores expertos en movilidad, señalan las consecuencias en materia de movilidad que traería descartar la construcción de la ALO.
Juan Eduardo Chica Mejía, docente y líder del Urban Lab Bogotá Región, apunta que un proyecto de esta magnitud obliga a pensar cómo será exitoso teniendo en cuenta los déficits de movilidad del territorio. “Se hace necesario un consenso sobre su pertinencia. Este territorio merece más concertación, teniendo en cuenta que los terrenos eran para la ALO Norte”, dice.
Otro detalle poco popular es el recorrido que plantea y que, por no cruzar el humedal Juan Amarillo, obliga a conectar con la avenida Ciudad de Cali. “Para la salida norte solo está la séptima y la Autonorte. Es necesaria una vía en esa zona, por ser tan densa. Con esta obra se pierde la oportunidad de la ALO y solo queda la opción de la Boyacá, que también cruza por 20 hectáreas de la Van der Hammen, aspecto que contradice a la alcaldesa”, añade.
En respuesta a lo anterior, la administración saliente defiende la conveniencia del proyecto, en cuanto su utilidad para la materialización de la ciudad de los 30 minutos a la que apunta el POT. Es decir, los ciudadanos de Suba ya no tendrían que desplazarse a otros sectores de la ciudad, obligados a soportar los trancones propiciados por la escasa oferta de movilidad, ya que tendrían a su disposición todos los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de sus vidas. De hecho, la semana pasada, López logró concretar una alianza con el Gobierno Nacional para la financiación de la obra.
En medio de estas dos visiones, resaltó de manera extraoficial que el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, también expresó su preocupación sobre el futuro de la ciudadela. Ahora, con la observación de la Procuraduría, el nuevo inquilino del Liévano tendría más herramientas a su favor, en caso de que considere descartar este proyecto.
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