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La Procuraduría General de la Nación solicitó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad a cargo de la licitación del proyecto del Corredor Verde por la Séptima, que se amplíe el plazo para la recepción de las propuestas formales, que se vence el próximo 17 de septiembre.
“Hemos recomendado a la entidad que se amplíe el plazo para la recepción de propuestas, lo que permitirá a los interesados en las tres licitaciones que componen el Corredor Verde, analizar con mayor detenimiento las modificaciones realizadas por el IDU en la Adenda” precisó Gabriel del Toro, Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
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En ese sentido, durante una mesa de trabajo con el IDU se repasaron algunos de los puntos más controversiales del proyecto, como el avance de la elaboración de los estudios y diseños del proyecto, la gestión predial, aprovechamiento y administración del espacio público, matriz de riesgos y las principales observaciones de los interesados a las licitaciones, entre otros.
La Procuraduría ha insistido en que se otorguen plazos razonables que faciliten la confección de propuestas serias y se garantice la pluralidad de oferentes. Por su parte, también se han pedido aclaraciones sobre el del aprovechamiento y administración de los nuevos espacios públicos que pretende generar el proyecto, tema en el que el IDU manifestó que trabajan en alternativas que garanticen el mantenimiento de estas zonas.
“La reunión sirvió también para repasar los estudios y diseños urbanísticos que se entregaran a los futuros contratistas, la gestión con respecto de los predios de Patrimonio de la Nación como el Museo del Chico y las acciones judiciales que se han iniciado en contra del proyecto”, concluyó la Procuraduría, a través de un comunicado.
Vale señalar que el proyecto ha enfrentado cierto rechazo por parte de las comunidades a lo largo de sus tramos por reparos en la participación ciudadana, así como la imposición de Transmilenio en este corredor vial.
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En ese sentido, recientemente un tribunal admitió una acción popular en contra del proyecto. En el escrito de la acción popular, los opositores indican que “la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, defraudó la buena fe y confianza de los bogotanos, cuando en campaña anunció que no haría Transmilenio por la séptima y ahora busca imponer el Corredor Verde que, sustancialmente, es idéntico”. En ese sentido, la acción cuestiona la legalidad del proyecto por incumplir, presuntamente, el artículo 105 del Plan de Desarrollo Distrital (PDD 2020-2024), el cual dice que “en ningún caso el corredor incluirá una troncal de transporte masivo, como la que se planteó en 2017″. Está aún por verse la suerte de este intento de frenar la adjudicación del proyecto.
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