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El Distrito dio a conocer que a partir de denuncias de la misma comunidad Embera en Bogotá, entre los días 27 y 30 de junio, se conocieron cuatro casos de presunto abuso sexual a menores de edad indígenas en la UPI La Florida y el Parque Nacional. Ante estos graves hechos, la Procuraduría anunció que intervendrá y verificará la activación de rutas de atención y de protección en favor de las menores.
A través de una agencia especial, el designado procurador 246 Judicial I, Pablo Sergio Badillo García, determinará si se activó el mecanismo articulador para el abordaje de las violencias por razones de sexo y género, la activación de la ruta de acceso a la justicia, y la adopción de medidas de protección en favor de las menores de edad. También verificará la apertura de los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos y las medidas adoptadas en garantía de las niñas indígenas.
Así mismo, frente a los graves casos denunciados, en el que se afectan los derechos fundamentales de varias menores indígenas, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer requirió a la directora regional del ICBF, Diana Arboleda y al secretario de Salud, Gerson Bermont, para que hagan entrega de un informe con las medidas de protección adoptadas en favor de las menores de edad.
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“Las mencionadas entidades deberán detallar la intervención y acompañamiento psicológico por parte del ICBF y del Distrito, para las menores de edad y su familia y demás acciones desplegadas en garantía de los derechos de las menores de edad, para asegurar el efectivo abordaje y garantía de su protección integral”, acotó el Ministerio Público.
La respuesta de las entidades
Al momento de conocerse estos graves hechos, el Distrito informó que activaron la ruta de atención integral para salvaguardar a las menores afectadas.
Así mismo, la Policía Metropolitana de Bogotá, y su Unidad Especial de Infancia y Adolescencia, aseguró realizar el acompañamiento respectivo, deteniendo a uno de los presuntos agresores quien fue individualizado y judicializado.
Por su parte, el ICBF hasta el momento solo se ha referido al caso de dos niñas embera de 11 y 14 años, también víctimas de presunto abuso sexual, en la UPI La Florida, designando un equipo profesional que activó la ruta para la verificación de sus derechos, siendo igualmente ubicadas en la modalidad hogar sustituto.
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