Prohibir o prevenir: el dilema de regular el consumo de drogas en espacio público

El mapeo más reciente de consumo de sustancias ilícitas en Bogotá arrojó que el uso de marihuana aumentó de 13,4 % en 2016 a 14,95 % en 2022, y los consumidores crecieron de 4,1 % a 5,71 %. Un dato particular del tercer “Estudio de sustancias psicoactivas en Bogotá”, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Secretaría de Salud, es que los jóvenes, entre 12 y 17 años, son el segundo grupo de edad que cumple los criterios de abuso y dependencia de cualquier sustancia ilícita. En total, contabilizaron 27.477.

El mapeo más reciente de consumo de sustancias ilícitas en Bogotá arrojó que el uso de marihuana aumentó de 13,4 % en 2016 a 14,95 % en 2022, y los consumidores crecieron de 4,1 % a 5,71 %. Un dato particular del tercer “Estudio de sustancias psicoactivas en Bogotá”, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Secretaría de Salud, es que los jóvenes, entre 12 y 17 años, son el segundo grupo de edad que cumple los criterios de abuso y dependencia de cualquier sustancia ilícita. En total, contabilizaron 27.477.

Pero los resultados del estudio no llamaron tanto la atención como lo hizo la decisión del presidente Gustavo Petro de derogar el Decreto 1844 de 2018, que expidió el gobierno de Iván Duque, para sancionar el porte de dosis mínima de drogas. Tan solo horas después del anuncio, dirigentes y políticos de las principales ciudades exigieron medidas restrictivas en cada territorio. Algunos con un afán prohibicionista que, según expertos, deja por fuera el enfoque preventivo.

Y es que solo en Bogotá hay cinco proyectos de acuerdo en el Concejo sobre regulación de sustancias, tres de los cuales son de la bancada del Centro Democrático. En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez lanzó su decreto, que contempla multas de hasta $600.000 a quien consuma en las áreas demarcadas. Por su lado, Carlos Fernando Galán se ha referido numerosas veces a la regulación, anunciando que se “cocina en el horno” una medida, acentuando en su narrativa que el punto central es “proteger los derechos de niños”.

Si bien el contexto hace necesaria una regulación, expertos y actores sociales de grupos de consumidores, como la Mesa Distrital Canábica, coinciden en la necesidad de concertar estas medias, teniendo como precedente el talante progresista de Bogotá e incluyendo un enfoque preventivo. “Hoy la ciudad y la Nación saben que la discriminación y la prohibición tienen sus días contados; que la estigmatización y la negación son vencidas por la ciencia, la razón y el sentido común”, dice el bogotano Javier Francisco Becerra Cornejo, Javi Cannabis, enfermero, padre de familia y activista cannábico.

Perspectivas

Según los proyectos radicados en el Concejo, este fenómeno no solo afecta la seguridad, sino que refuerza una cultura que lleva años germinando: la del consumo. Solo en 2024, la Policía hizo 476 capturas por trafico y porte de estupefacientes e incautó 450 kilos de marihuana que, junto a la cocaína, es la que más se mueve en el mercado. Una encuesta de 2022 reveló que los menores encuentran fácil marihuana 20,5 %, popper (12 %) y cocaína (7,5 %).

Todos los proyectos coinciden en la restricción de consumo en parques públicos —en la capital hay 5.241 parques, 131 administrados por el IDRD—, colegios y transporte público, entre otros. Algunos definen la restricción 500 metros a la redonda.

Vladimir Torres lleva 20 años trabajando con habitantes de calle. Es creador y director del Diplomado de Reducción de Riesgos y daños de Sustancias Psicoactivas en Contextos Educativos, dirigido a adolescentes en etapa de escolaridad, y según él, la medida se arriesga a simplemente desplazar el consumo. Por su parte, Julián Quintero, sociólogo e investigador, piensa que el decreto que se expida debe tener en cuenta los espacios que la ciudad ha obtenido en estos años de incierta regulación.

“Llamamos a que los concejos o alcaldes regulen protegiendo los derechos de los niños y adolescentes, pero también reconociendo los derechos de las personas consumidoras. No es solo imponer 500 metros, porque más del 98 % de la ciudad quedaría con la restricción y eso sería una prohibición absoluta, en contra de la Constitución”.

¿Restricción = seguridad?

Una de las premisas de la regulación parte de que la inseguridad deviene, en gran medida, del microtráfico. Pero el microtráfico nació de un falla social que permite la incursión de actores jóvenes en la cadena de venta y consumo, aspecto que la prohibición no atacaría. En 2023, cerca del 17 % de la población carcelaria cumplía penas por microtráfico. El proyecto de acuerdo del Centro Democrático indica que se “deben tomar medias para restringir el consumo”, reconociendo que el conflicto tiene otras esferas como la pobreza: “Abarca personas en situaciones de pobreza, desplazamiento, marginación”. . Pese a los argumentos, la medida restrictiva podría ir más allá que castigar y desplazar el consumo.

Andrés Nieto, director del observatorio de seguridad de la U. Central, anota que al cruzar las llamadas a las líneas de emergencia por consumo de ilícitos estas no coincide con el reporte de denuncias por otros delitos de alto impacto. Es decir, la relación consumo-delito no está comprobada. “En la mayoría de localidades donde hay consumo focalizado, si bien hay una distribución de ilícitos, no hay una correlación directa de esas llamadas en ese mismo lugar”, indicó.

Andrés Macías, experto en seguridad de la Universidad Externado, añade que la función de las autoridades podría verse alterada bajo este reglamento y el riesgo de “persecución” se volvería latente: “Teniendo en cuenta que Bogotá tiene un déficit de uniformados, les estarían poniendo la tarea de vigilar los parques para evitar que la gente esté consumiendo, acción que podría ejecutar otro actor”.

Finalmente, desde Échele Cabeza reflexionan: “Esperamos que se estén haciendo las cosas con mesura y no se cometan los errores de otras ciudades del país, a las que se les vienen demandas en los próximos meses porque esos decretos han desatendido muchas sentencias y derechos ganados”, concluyó Quintero.

Por ahora, mientras el debate crece, el Distrito sigue trabajando en su decreto, que ojalá cumpla lo que indicó el secretario de Seguridad, César Restrepo: que surja de un diálogo entre quienes representan los derechos de los de los consumidores y quienes representan a la ciudadanía no consumidora para crear el mejor acuerdo social posible. “Entendemos que la única forma efectiva de hacer sostenible una solución es comprender que no solo están los derechos de los consumidores, sino de ciudadanos no consumidores y los derechos superiores de niños y jóvenes”, concluyó.