“Promoambiental no puede cobrarles su negligencia a los bogotanos”: Proceraseo

La pelea por el dinero que pagan los bogotanos para que las empresas de aseo barran las vías y parques de la ciudad tiene un nuevo episodio en la Superintendencia de Servicios Públicos. Allí abrieron investigación contra tres operadores de aseo (Área Limpia, Bogotá Limpia y Ciudad Limpia) por haber recibido supuestamente más dinero del que merecían por esta actividad.

Lea: “Salen a clavarle a uno el cuchillo”: ministro de Transporte sobre Claudia López.

Detrás de esto está Promoambiental, otro operador, que insiste en que ese pago adicional va en detrimento suyo y exige que se corrija la distribución de los recaudos. Su pelea está concentrada en Proceraseo, empresa que se encarga de avalar los pagos.

En este punto es clave saber que hoy a los operadores se les paga por cantidad de usuarios en la zona de labores y no por kilómetro barrido. El desbalance, según Promoambiental, radica en que algunos tienen muchos suscriptores y pocas zonas por barrer, por lo que la ganancia es mayor. Pero el trasfondo es más amplio, dice Alejandro Carranza, gerente de Proceraseo, quien, en diálogo con El Espectador, menciona la falta de planeación del operador inconforme y hasta aprovechar un pariente del presidente Gustavo Petro para tratar de blindarse de cualquier actuación.

¿En qué va el pleito de Promoambiental vs. Proceraseo?

Ellos intentaron revivir, a través de una tutela, un fallo arbitral que ordenaba pagarles, pero la perdieron y no impugnaron. De haber ganado, hubiera sido un golpe al bolsillo de los bogotanos. El contrato con Promoambiental establecía barrer 136.000 kilómetros al mes y reportaron 270.000, aumentando la tarifa, algo que no pueden hacer por fuera del contrato. Ahora, hay un proceso ante un juzgado civil. El pleito sigue vivo. Por otro lado, esperamos decisiones de la Superintendencia de Industria sobre una queja que radicamos contra Promoambiental por competencia desleal.

Lea también: “Metro ya” y “Bogotá se respeta”: ¿los mensajes de los Transmilenios?

¿También hay una denuncia penal?

Sí, pedimos investigar por peculado a la junta directiva de la empresa, por abusar de sus facultades con la tarifa, pues al aumentar los kilómetros barridos por fuera del contrato se les olvidó que en el cobro a los estratos 4, 5 y 6 vienen recursos que subsidian a estratos 1, 2 y 3. Hoy llama la atención que, tras la elección el presidente Gustavo Petro, nombraron en su junta directiva al tío de la primera dama, Alberto Merlano Alcocer, y a dos exfuncionarios de la presidencia de Juan Manuel Santos. Una “Promoambiental humana”, buscando blindarse ante los entes de control.

¿Qué decía el contrato inicial?

La licitación buscaba equilibrio y eficiencia. Se pagan varios servicios y está estructurado para que las pérdidas en unos se compensaran con otros. Era clave hacer un análisis de las cifras, pero ellos no lo hicieron. En el caso del barrido, establecía las áreas y la frecuencia a barrer, según el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Promoambiental debía barrer 136.000 km mensuales y se pagaría por usuario. Pero ellos empezaron a reportar más.

¿Cómo ganan el contrato?

Había un elemento en la licitación que daba puntos y era el descuento en la tarifa de barrido. Los que se presentaron por el corredor oriental ofrecieron un descuento del 1 %. Sabían las características. Pero Promoambiental, como no las hizo, ofreció 11 %. Al darse cuenta, ahora pretende cambiar las reglas y cobrar más. Por eso la denuncia penal, porque la junta directiva se establece como autoridad tarifaria y recauda una tarifa, que contiene subsidios y parafiscales. Es claro que nadie puede barrer por encima del PGIR, porque genera desequilibrio en el sistema. A ellos, en un proceso de control tarifario, los obligaron a devolver dinero.

¿Cuál es su análisis de esta disputa?

Acá hay algo claro, como lo reconocieron ellos en el proceso del laudo arbitral. Por quedarse con el contrato, no hicieron los estudios financieros de manera rigurosa en la licitación y ahora ese error se lo quieren cargar a los usuarios. El contrato estaba diseñado para que existiera un equilibrio.

Nuestra pelea es por demostrarlo y proteger a los usuarios, porque si ellos ganan, será algo que podrá ocurrir en el resto del país y cualquiera podría barrer lo que quisiera para hacer subir la tarifa. No pueden cobrarles su negligencia a los bogotanos.

Pero Superservicios investiga a tres operadores, dándole en parte la razón a Promoambiental.

Hay algo curioso: Promoambiental inicia en 2019 un laudo arbitral que pierde contra la UAESP, donde le dicen que no puede modificar tarifas. Luego promueve otro contra Proceraseo, que sale a su favor, pero que después fue anulado al demostrar la incompetencia de los árbitros para intervenir en estos asuntos. Es curioso que ahora, en 2023, le den trámite a esta queja.

Este es un contrato en el que, desde el principio, el Distrito dejó clara la forma de remunerar a los operadores, sin tener en cuenta que se debe respetar un contrato, que es ley para las partes. La Superservicios entraría a modificar un contrato entre la UAESP y los operadores, algo para lo que no tiene competencia.

La investigación muestra que, para los usuarios, sería más beneficioso cobrar por kilómetro.

No, eso es lo que quieren hacer ver. Pero la norma tiene una fórmula para cobrar el servicio de aseo de áreas públicas, que tiene un concepto de igualdad, en el sentido de que se cobra una tarifa a toda la ciudad, que se calcula dependiendo de lo que ejecute cada operador. Lo que hace Promoambiental, con sus reportes elevados, es poner a pagar más a toda la ciudad, rompiendo la tarifa que se estableció en el contrato.

¿Qué viene?

Procurar que los bogotanos no tengan que pagar por algo que no fue contratado; que la tarifa baje; que las autoridades posen los ojos ante las denuncias por peculado, y que el tío de la primera dama no termine influenciando las decisiones. Nosotros seguiremos defendiendo un servicio eficiente y justo para los usuarios.

¿Es un problema en la estructura del contrato de aseo?

No, la licitación estaba bien. Lo que está mal es que usted prometa algo para ganarse el contrato y luego, cuando no le dan los números, quiera cambar las reglas. Reitero, esa negligencia no se le puede trasladar a los usuarios.

La pelea por el dinero que pagan los bogotanos para que las empresas de aseo barran las vías y parques de la ciudad tiene un nuevo episodio en la Superintendencia de Servicios Públicos. Allí abrieron investigación contra tres operadores de aseo (Área Limpia, Bogotá Limpia y Ciudad Limpia) por haber recibido supuestamente más dinero del que merecían por esta actividad.

Lea: “Salen a clavarle a uno el cuchillo”: ministro de Transporte sobre Claudia López.

Detrás de esto está Promoambiental, otro operador, que insiste en que ese pago adicional va en detrimento suyo y exige que se corrija la distribución de los recaudos. Su pelea está concentrada en Proceraseo, empresa que se encarga de avalar los pagos.

En este punto es clave saber que hoy a los operadores se les paga por cantidad de usuarios en la zona de labores y no por kilómetro barrido. El desbalance, según Promoambiental, radica en que algunos tienen muchos suscriptores y pocas zonas por barrer, por lo que la ganancia es mayor. Pero el trasfondo es más amplio, dice Alejandro Carranza, gerente de Proceraseo, quien, en diálogo con El Espectador, menciona la falta de planeación del operador inconforme y hasta aprovechar un pariente del presidente Gustavo Petro para tratar de blindarse de cualquier actuación.

¿En qué va el pleito de Promoambiental vs. Proceraseo?

Ellos intentaron revivir, a través de una tutela, un fallo arbitral que ordenaba pagarles, pero la perdieron y no impugnaron. De haber ganado, hubiera sido un golpe al bolsillo de los bogotanos. El contrato con Promoambiental establecía barrer 136.000 kilómetros al mes y reportaron 270.000, aumentando la tarifa, algo que no pueden hacer por fuera del contrato. Ahora, hay un proceso ante un juzgado civil. El pleito sigue vivo. Por otro lado, esperamos decisiones de la Superintendencia de Industria sobre una queja que radicamos contra Promoambiental por competencia desleal.

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¿También hay una denuncia penal?

Sí, pedimos investigar por peculado a la junta directiva de la empresa, por abusar de sus facultades con la tarifa, pues al aumentar los kilómetros barridos por fuera del contrato se les olvidó que en el cobro a los estratos 4, 5 y 6 vienen recursos que subsidian a estratos 1, 2 y 3. Hoy llama la atención que, tras la elección el presidente Gustavo Petro, nombraron en su junta directiva al tío de la primera dama, Alberto Merlano Alcocer, y a dos exfuncionarios de la presidencia de Juan Manuel Santos. Una “Promoambiental humana”, buscando blindarse ante los entes de control.

¿Qué decía el contrato inicial?

La licitación buscaba equilibrio y eficiencia. Se pagan varios servicios y está estructurado para que las pérdidas en unos se compensaran con otros. Era clave hacer un análisis de las cifras, pero ellos no lo hicieron. En el caso del barrido, establecía las áreas y la frecuencia a barrer, según el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Promoambiental debía barrer 136.000 km mensuales y se pagaría por usuario. Pero ellos empezaron a reportar más.

¿Cómo ganan el contrato?

Había un elemento en la licitación que daba puntos y era el descuento en la tarifa de barrido. Los que se presentaron por el corredor oriental ofrecieron un descuento del 1 %. Sabían las características. Pero Promoambiental, como no las hizo, ofreció 11 %. Al darse cuenta, ahora pretende cambiar las reglas y cobrar más. Por eso la denuncia penal, porque la junta directiva se establece como autoridad tarifaria y recauda una tarifa, que contiene subsidios y parafiscales. Es claro que nadie puede barrer por encima del PGIR, porque genera desequilibrio en el sistema. A ellos, en un proceso de control tarifario, los obligaron a devolver dinero.

¿Cuál es su análisis de esta disputa?

Acá hay algo claro, como lo reconocieron ellos en el proceso del laudo arbitral. Por quedarse con el contrato, no hicieron los estudios financieros de manera rigurosa en la licitación y ahora ese error se lo quieren cargar a los usuarios. El contrato estaba diseñado para que existiera un equilibrio.

Nuestra pelea es por demostrarlo y proteger a los usuarios, porque si ellos ganan, será algo que podrá ocurrir en el resto del país y cualquiera podría barrer lo que quisiera para hacer subir la tarifa. No pueden cobrarles su negligencia a los bogotanos.

Pero Superservicios investiga a tres operadores, dándole en parte la razón a Promoambiental.

Hay algo curioso: Promoambiental inicia en 2019 un laudo arbitral que pierde contra la UAESP, donde le dicen que no puede modificar tarifas. Luego promueve otro contra Proceraseo, que sale a su favor, pero que después fue anulado al demostrar la incompetencia de los árbitros para intervenir en estos asuntos. Es curioso que ahora, en 2023, le den trámite a esta queja.

Este es un contrato en el que, desde el principio, el Distrito dejó clara la forma de remunerar a los operadores, sin tener en cuenta que se debe respetar un contrato, que es ley para las partes. La Superservicios entraría a modificar un contrato entre la UAESP y los operadores, algo para lo que no tiene competencia.

La investigación muestra que, para los usuarios, sería más beneficioso cobrar por kilómetro.

No, eso es lo que quieren hacer ver. Pero la norma tiene una fórmula para cobrar el servicio de aseo de áreas públicas, que tiene un concepto de igualdad, en el sentido de que se cobra una tarifa a toda la ciudad, que se calcula dependiendo de lo que ejecute cada operador. Lo que hace Promoambiental, con sus reportes elevados, es poner a pagar más a toda la ciudad, rompiendo la tarifa que se estableció en el contrato.

¿Qué viene?

Procurar que los bogotanos no tengan que pagar por algo que no fue contratado; que la tarifa baje; que las autoridades posen los ojos ante las denuncias por peculado, y que el tío de la primera dama no termine influenciando las decisiones. Nosotros seguiremos defendiendo un servicio eficiente y justo para los usuarios.

¿Es un problema en la estructura del contrato de aseo?

No, la licitación estaba bien. Lo que está mal es que usted prometa algo para ganarse el contrato y luego, cuando no le dan los números, quiera cambar las reglas. Reitero, esa negligencia no se le puede trasladar a los usuarios.