Siete años demorará la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)-Canoas, ubicada en el municipio de Soacha, para ser una realidad y dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado que en 2014 le exigió a entes territoriales y entidades públicas recuperar el río Bogotá, el cual recibe los residuos de la ciudad y de varias ciudades de Cundinamarca.
La Alcaldía de Bogotá ha señalado que será la más grande del país y una de las más grandes de América Latina, pero para llegar a que esas consignas sean una realidad, el proyecto ha tenido que pasar por varias revisiones ácidas de los organismos de control, así como por vistos buenos que le han dado impulso para que, en este 2022, pueda iniciar un proceso licitatorio.
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¿Qué es la PTAR Canoas?
Esta planta de tratamiento es un proyecto que, cuando finalice, recibirá las aguas residuales de las cuencas del río Fucha, Tunjuelo, Tintal y del casco urbano del Municipio de Soacha, que son transportadas por los interceptores y elevadas por la Estación de bombeo de Canoas.
El proyecto tiene una gran importancia para Bogotá, pues beneficiará a más de 14 municipios —desde Soacha hasta Girardot— y contribuirá a la descontaminación del río Bogotá.
Se estima que esta planta de tratamiento se entregue en 2029 para descontaminar el 70 % de las aguas residuales que genera la capital y el 100 % de las de Soacha, por lo que la PTAR Canoas ayudará a disminuir los desechos que llegan al río Bogotá.
Una auditoría de la Contraloría General
La Contraloría General de la República realizó, en 2020, una auditoría de cumplimiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales de Salitre y Canoas, en lo que respecta a las competencias de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental (Anla). El resultado, sin embargo, fue amargo.
El ente de control fiscal consideró que “el cumplimiento de los planes establecidos para el desarrollo de los proyectos PTARs (sic) Salitre y Canoas (...), las contrataciones efectuadas y el seguimiento general al desarrollo del proyecto (...) No Resulta Conforme en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados y las debilidades de cumplimiento”.
La Contraloría lo evidenció basado en siete aspectos que se condensaron en debilidades en la gestión de permisos y autorizaciones en la estación elevadora de aguas residuales, debilidades en la aplicación del principio de planeación en la gestión contractual, debilidades en el cumplimiento de los objetivos de la calidad del agua para la cuenca del río Bogotá, debilidades en la Anla respecto al monitoreo de olores y la calidad del aire y debilidades en la eficacia de los canales de comunicación con la veeduría ciudadana, entre otros aspectos.
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Por último, esa entidad aclaró que “como resultado de la evaluación realizada no se determinaron situaciones de carácter fiscal”.
Al cierre del informe, la Contraloría sugirió a ambas entidades “elaborar y/o ajustar sus planes de mejoramiento con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados”.
La mirada de la Contraloría de Bogotá
En agosto de 2021, la Contraloría Distrital y la Contraloría General realizaron una acción conjunta de seguimiento para determinar los posibles retrasos y el avance en general de este megaproyecto, en la cual se aseguró que avanza en la segunda fase del proyecto que consiste en la construcción de la estación elevadora, que permitirá llevar al nivel de la planta de tratamiento, las aguas residuales que transitan a más de 60 metros bajo tierra.
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Según los entes de control, la obra reportaba para entonces un avance físico del 38 por ciento, en cuya construcción se han invertido cerca de $125.000 millones, lo que representa un avance en la ejecución financiera del 35 por ciento.
En el mismo mes, el proyecto tuvo otro impulso que le fue dando impulso para que la planta avance en su concreción. Así fue la licencia que la Anla le dio al Acueducto de Bogotá para la construcción y operación de la PTAR Canoas, que estará ubicada en la vereda Charquitos de Soacha (Cundinamarca).
Con esta aprobación, el Acueducto de Bogotá tuvo luz verde para abrir la licitación en la que los $4,5 billones de inversión se reparten entre Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Gobernación de Cundinamarca.
Un empujón desde el Concejo
A comienzos de junio de este año, las mayorías aplastantes de la administración de Claudia López en el Concejo de Bogotá aprobaron la ampliación del cupo de endeudamiento que pidió el Distrito para financiar una serie de grandes obras en la capital, entre las que se encontraba la PART Canoas.
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Luego de esta aprobación, el Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tendrá $2,8 billones para su proceso licitatorio y de contratación, cuya hoja de términos fue publicada por esa entidad y en la cual están tres características para llevar a cabo.
La primera, una planta de tratamiento de aguas residuales con una línea de agua y dos trenes de tratamiento con una capacidad total de diseño de 16 metros cúbicos por segundo en caudal medio diario total y las obras necesarias para la descarga de las aguas tratadas al río Bogotá. Ambos trenes deberán tener la capacidad de tratar un caudal máximo mensual de 20 m3/s, caudal máximo horario de 22 m3/s y caudal máximo de aguas combinadas de 32 m3/s.
La segunda, una línea de lodos que incluya un tren de tratamiento compuesto de cribado, espesamiento primario, espesamiento secundario, digestión anaerobia y deshidratación. Y la tercera, un sistema de cogeneración.
Lo cierto es que el avance de esta megaobra depende, en gran parte, el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado para la descontaminación del río Bogotá y del compromiso de las próximas administraciones y del gobierno nacional, dependerá del éxito de la que es considerada la segunda obra más importante en la ciudad y el país, después del Metro de Bogotá.
De acuerdo a los cálculos de la Alcaldía, entre 2023 y 2029 se llevará a cabo la fase preoperativa que consta de 18 meses de preconstrucción, 52 de cvonstrucción y doce de puesta en marcha, mientras que la fase operativa iniciará desde 2029 que consta de 5 a 10 años de operación y doce meses de reversión.
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