Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Una gran controversia se ha generado alrededor del proyecto de decreto de Bogotá A Cielo Abierto 2.0, debido al modelo de retribución económica que se aplicaría a los restaurantes que hacen parte del plan de reactivación y utilizan el espacio público.
En esencia, la denuncia que hizo la concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde) es que se comenzaría a cobrar por el uso del espacio público, lo que para ella iría en contra de los planes de reactivación en Bogotá. “No es momento de cobros para los restaurantes que sobrevivieron a un año de cierres y dos de paro. La buena estrategia de cielos abiertos es de reactivación, por la pandemia y por la imposibilidad de aforos completos no para que cobren”, señaló en redes sociales.
En respuesta, Alejandra Rodríguez Cortés, directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), aseguró que este decretó comenzará a regir desde el 15 de julio para el sector gastronómico. “Es una autorización del uso de andenes, calles o parqueaderos para que los negocios (restaurantes o foodtrucks) puedan extender su negocio comercial en el espacio público”, y a cambio se haría la retribución económica para mejorar el mismo espacio donde funciona la estrategia, pero esto no es lo único que establece el decreto.
De acuerdo con el Dadep, el documento es resultado de más de 30 socializaciones con representantes del sector gastronómico que han participado del modelo de Bogotá a Cielo Abierto y, aunque el decreto comenzaría a regir desde el 15 de julio, los cobros solo se harían a partir de octubre.
Lo primero que se resalta es la revitalización del espacio público, ya que los aportes recaudados serían utilizados en el mantenimiento de andenes y vías, en los sectores donde se aplique la estrategia. El espacio se asignará a uno solo comerciante o grupos de ellos que presenten propuestas conjuntas.
Se advierte que la asignación del espacio público no significa que se pueda impedir el paso de transeúntes. Por el contrario, el decreto determinar que se debe garantizar un mínimo de circulación libre, por lo que no se permitirán los cercamientos ni los controles de ingreso a estas zonas.
En cuanto al monto a pagar, dependerá del número de mesas, la cantidad de elementos a instalar, el espacio que ocupe, la duración y el promedio de costo de los arriendos del sector, pero los cobros que se harán este año solo serán del 20% de lo que determine la fórmula. Luego, se hará un aumento progresivo de tal forma que en el 2022 se pagará el 50% y en 2023 el 100% de lo determinado.
La forma de pago deberá ser en dinero si el espacio lo ocupa un solo comerciante, mientras que para los grupos se da la opción de hacer una retribución en especie que consiste en la recuperación de las zonas.
Por último, se pide a los comerciantes destinar un espacio para artistas y vendedores informales, por lo que esto se debe incluir en las propuestas que presenten al Distrito. De la misma forma, se otorgan descuentos hasta del 30% en las retribuciones si los restaurantes incluyen dentro de su empleados personas en condición de discapacidad, integrantes de grupos étnicos, población vulnerable o vendedores informales.
“Es un modelo progresivo, no va a empezar de manera inmediata, vamos a tener un periodo de transición de tres meses y que para este año tendrá un cobro muy bajito”, señaló Rodríguez.