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Un gran interrogante se ha sembrado alrededor de la indemnización que deberían recibir los habitantes afectados por el derrumbe del relleno sanitario de Doña Juana, en septiembre de 1997. Pese a que hay reservados $235.409 millones para hacer los pagos de las indemnizaciones a los que fueron declarados como víctimas, la Defensoría del Pueblo cumple seis años en el proceso de identificación de los afectados, labor que no ha sido sencilla.
La historia comenzó con una demanda conjunta contra el Estado que radicaron 1.472 víctimas, por los problemas respiratorios y dermatológicos que les produjo la catástrofe. El Consejo de Estado, en segunda instancia, les dio la razón y ordenó al Distrito repararlos. De paso, sentenció que se debía identificar a los otros posibles afectados que residieran, trabajaran o estudiaran en un rango máximo de cinco kilómetros del relleno.
A los que participaron en la demanda se les reconoció un pago de seis salarios mínimos. Adicionalmente, el Distrito reservó $235.409 millones para poder indemnizar al resto de los afectados, labor que quedó a cargo de la Defensoría del Pueblo, que a su vez contrató a la Universidad Nacional para hacer la identificación de los afectados y clasificarlos según la distancia a la que vivían del relleno.
Según lo ha explicado Raúl Hernández, abogado coordinador del proceso a nombre de las víctimas, en el camino se han presentado varios retos, tanto para recopilar la información como para corroborar la condición de los que han pedido ser reconocidos como víctimas. En gran parte, esto se debe a que se esperaba que se registraran 65.000 afectados, pero al final llegaron 600.092 solicitudes.
Una vez se avanzó en la recopilación e identificación de las víctimas que se sumaron al proceso, el siguiente problema fue la notificación de cada una de esas personas. Al involucrar más de medio millón de personas y tratarse de una extensa resolución, era casi imposible enviarles a todos la notificación impresa, por lo que la Defensoría decidió resolverlo de forma virtual, pero había otro inconveniente: la mayoría son personas de la tercera edad o no tienen fácil acceso a internet, por lo que tuvieron que hacerlo personalmente, por aviso y por conducta concluyente; es decir, los que manifestaron conocer la decisión en una audiencia o diligencia.
Esto generó los primeros inconformismos, pues de los 600.092 inscritos solo se reconoció como víctimas a 150.000 personas. No obstante, se registraron irregularidades como que solo se aceptó a la cabeza del núcleo familiar o a uno de los hijos, pese a que toda la familia fue víctima y presentaron los mismos documentos.
Según la Defensoría, esto pasó porque algunos adjuntaron como soporte la encuesta del Sisbén, pero no figuraban como censados. Otro caso fue la georreferenciación de las direcciones que se reportaron, pues los recibos de los servicios públicos (una de las formas para validar que vivían cerca del relleno) no coincidían con las bases de datos oficiales.
Todo esto llevó a que se presentaran solicitudes de reposición y apelación. Según cifras de la Defensoría, se recibieron 88.513 recursos entre reposición, apelación y queja, por lo que se extendió el contrato con la Universidad Nacional para que respondiera los recursos, algo que también han criticado las víctimas, dado que fue esa institución la que hizo la primera clasificación de adherentes y lo lógico sería que hubiera sido otra entidad.
Como fueron tantas las peticiones, el proceso se ha tardado más de lo esperado, pues en los últimos dos años se la han pasado respondiendo a las apelaciones, pero la insistencia de los afectados se incrementó en pandemia, pues parte de las familias afectadas son vulnerables y tuvieron necesidades y, aunque el proceso se encuentra en la fase final, pues en septiembre la Defensoría produjo la Resolución de integración del grupo en la que reconoció a 174.709, ahora la lista la tiene el Tribunal de Cundinamarca, encargado de hacer la reliquidación de los adherentes, basado en los tres anillos de impacto que se establecieron y si residía, trabajaba o estudiaba en la zona.
“Aunque las sumas son relativamente pequeñas les llega a las familias en medio de la mayor pobreza generada por la pandemia”, dijo Hernández.
El primer anillo integra a quienes residían a menos de 1,5 km del relleno y será el grupo más pequeño, debido a la precariedad en las que vivían en la zona y las dificultades para declararse como víctimas. El segundo anillo es el más grande y lo integran quienes vivían en el anillo dos (entre 1,5 y 3 km).
Si bien, falta poco del proceso para cumplir la sentencia, hay otras condiciones que se deben resolver en el camino. ¿Qué pasará con los rendimientos financieros que han generado los recursos de la indemnización, que permanecen en una cuenta del Ministerio de Hacienda? Algunos piden que los incluyan en el proceso para entregar a las víctimas. Otro tema será el trámite con las víctimas que ya fallecieron, pues su indemnización tendría que hacer parte de un proceso de sucesión.
El pasado jueves el Tribunal se pronunció, pero aun no se conoce oficialmente la decisión, por lo que las víctimas esperan la notificación y así terminar este capítulo que comenzó hace 24 años con la tragedia en el relleno y por el que han tenido que seguir luchando en los últimos seis a la espera de la reparación del Estado.
