¿Qué implica el uso de tecnologías de reconocimiento facial en la ciudad?

El reconocimiento facial es de esas tecnologías que parecen futuristas, pero que a decir verdad están en nuestra cotidianidad. El que una máquina analice un rostro y sea capaz de validar una identidad es algo que millones hacen frecuentemente, por ejemplo cuando desbloquean su teléfono celular. Entre aciertos y desatinos, ciudades como Bogotá han dado pasos para incorporarlas en sus estrategias de gobierno, sobre todo en el ámbito de la seguridad.

El reconocimiento facial es de esas tecnologías que parecen futuristas, pero que a decir verdad están en nuestra cotidianidad. El que una máquina analice un rostro y sea capaz de validar una identidad es algo que millones hacen frecuentemente, por ejemplo cuando desbloquean su teléfono celular. Entre aciertos y desatinos, ciudades como Bogotá han dado pasos para incorporarlas en sus estrategias de gobierno, sobre todo en el ámbito de la seguridad.

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En este aspecto, la capital de Colombia ha pretendido incorporarla en su cotidianidad como en el infructuoso sistema de reconocimiento facial que se instaló en Transmilenio, bajo la administración de Gustavo Petro; el helicóptero Halcón, que usa datos de rostros aportados por Criminalística y es capaz de identificar a personas en medio de las movilizaciones, o recientemente con las llamadas “cámaras salvavidas”, para imponer fotomultas en las principales avenidas.

No obstante, todas han tenido una dificultad: la validación legal de las imágenes para usarlas como evidencia para cualquier proceso. En esta oportunidad, la administración adelanta gestiones que marcarían un real antes y después en la ciudad: el uso de las fotografías de los colombianos que tiene la Registraduría Nacional para alimentar las bases de datos de reconocimiento facial de los sistemas de seguridad del Distrito. Este medio conoció que, de hecho, ya se han adelantado mesas técnicas para evaluar el tema.

En caso de concretarse, se tendría una real capacidad de aportar en esta tarea, pues según lo dicho a El Espectador por el director nacional de Identificación, Didier Chilito, hace más de un año se logró la codificación de casi 54 millones de fotografías de colombianos que desde 1952 han tramitado su cédula. “Esa base de datos robusta permitiría establecer herramientas tecnológicas que coadyuven a la seguridad ciudadana”, dice.

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Sin embargo, Chilito recalca que solo se lograría un convenio con la Alcaldía hasta que se analicen temas como seguridad de la información, protección de datos, derechos humanos y el uso ético de estas tecnologías. “La idea es generar una herramienta eficiente y responsable con los derechos de los colombianos”, agrega.

No obstante, es normal que exista desconfianza en la ciudadanía ante proyectos como estos, pues no hay que desconocer que en ciudades como Buenos Aires (Argentina) se han registrado casos de “falsos positivos”, en los que sistemas detectan a una persona, las autoridades la detienen y horas más tarde la dejan libre con la penosa disculpa de que la habían confundido con otra. También se pueden presentar “falsos negativos”, es decir, no se detecta a alguien por errores técnicos. Según el abogado e investigador de la Fundación Karisma Juan Diego Castañeda, esto siempre será un riesgo, pues el reconocimiento facial, como cualquier otra tecnología, no es perfecta.

Otra de las inquietudes que surgen ante el eventual uso de estas herramientas es ¿qué pasa con las personas que hace décadas no renuevan su cédula? ¿Serían invisibles para el algoritmo? Además, para expertos como Castañeda, el hecho de usar fotografías para identificar a sospechosos de un delito “es una potencial violación de los derechos a la intimidad, libertad de expresión, al debido proceso, entre otros”, y más cuando se tiene en cuenta que en principio las personas aceptaron tomarse la foto para obtener su documento de identidad. Es como si de la noche a la mañana les estuvieran cambiando las reglas de juego.

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Es por lo anterior que, para este abogado, el uso que se pretende dar al archivo fotográfico de la Registraduría tendría que pasar por una ley estatutaria. “La decisión de quién puede usar las bases de datos de identificación, que tienen nuestros datos personales sensibles y que entregamos para un propósito muy particular, no puede recaer arbitrariamente en la Registraduría. Es necesario tener reglas claras para determinar cuándo, por qué motivos, con qué datos y por cuánto tiempo se pueden usar los datos de identificación por terceros”, detalla Castañeda.

Una regulación clara también impediría escenarios como el que hoy las autoridades digan que estas herramientas serán utilizadas para buscar criminales, y que mañana a eso le agreguen la identificación de personas que salen a la calle a protestar. Sumado a esto, el uso de fotografías para hacer reconocimiento facial podría implicar lo que la Universidad de Georgetown ha denominado como el reconocimiento de sospechosos perpetuo’, que no es otra cosa que la idea que, bajo el lente de las cámaras, todos siempre seremos sospechosos, además de involucrar eventuales seguimientos que terminen vulnerando el derecho a la privacidad.

Otro eventual agravante es el uso discriminatorio que se les pueda dar a estas tecnologías, ya que al ser entrenadas (se les tienen que mostrar fotos de rostros humanos para aprender a hacer un reconocimiento) muchas veces no son neutrales en sus hallazgos y pueden resultar en perfilamientos y estigmatizaciones.

Con argumentos como los anteriores, no se busca satanizar a estas tecnologías, porque bien aplicadas podrían acarrear beneficios, incluso en el ámbito de la seguridad. Lo que buscan sus expertos, y los entendidos en derechos humanos, es que su incorporación sea acorde y no termine significando problemas adicionales. En suma, que herramientas de la seguridad no terminen haciendo sentir a la población aún más insegura.

Al ser un tema relativamente nuevo, tendrá que ser objeto de debate, por lo que no se consideraría ético que las autoridades las incorporen sin antes consultarlo con la ciudadanía y que se acompañen leyes que las regulen, porque al fin y al cabo no resulta exagerado pensar que su adopción debe implicar un consenso social en el que se defina qué es más valioso: la seguridad o la privacidad.