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El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) 2022-2035, que expido por decreto la administración de Claudia López, tiene de nuevo vida. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó las medida cautelar impuestas en primera instancia por un juez, las cuales suspendían provisionalmente la norma. La decisión es producto de una acción de nulidad, que radicó el congresista Miguel Uribe, quien denunció errores de procedimiento, supuestamente, al haberse expedido sin haber cumplido el tiempo de discusión en el Concejo, que ordena la ley.
Sin la suspensión, la habilitación del nuevo POT tiene implicaciones amplias y complejas. La primera, y más evidente, es que la administración distrital tiene luz verde para la puesta en marcha de los proyectos, que estaban atados a la nueva normativa de ordenamiento de la ciudad.
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“Con la vigencia del POT de Bogotá podremos seguir trabajando en la institucionalización de las manzanas de ciudad, la dignificación de las viviendas de interés social, en la protección del patrimonio ambiental de la ciudad y en la consolidación del desarrollo de un sistema multimodal de transporte”, manifestó el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez.
Por su parte, a pesar de encontrarse de nuevo con vida, aún hay asuntos por resolver en el POT. Uno de los principales son las normativas para el sector de la construcción; el paso aumento de las localidades; la protección ambiental, entre otros, que deberán reglamentarse a través de decretos. En ese sentido, la última adición presupuestal, la administración solicitó $5 mil millones para la reglamentación del POT.
“Hay muchos decretos con vacíos y que necesitan reglamentación, precisamente por la falta de discusión en el Concejo. En lo legal hay elementos que no existían y ahora se deben reglamentar, en particular en temas de renovación urbana o de delimitación de la ciudad, como la protección del borde sur”, manifestó la concejal Heidy Sanchez (Unión Patriotica).
¿Solidez jurídica del POT?
Ante esta decisión del Tribunal, cabe señalar que esta no se trata de una decisión de fondo sobre la legalidad de la expedición por decreto del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 2022-2035. Por lo que la suerte final del POT sigue siendo incierta.
En ese sentido, aún hay otras dos demandas en contra del POT en curso en los tribunales de justicia, que podrían afectar su ejecución. En ese sentido, el acto administrativo sigue siendo cuestionado por la manera en que fue construido y sobre los efectos puede tener en la ciudad.
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“Aún no hay un fallo de fondo. Sin embargo, el POT como quedó decretado está técnicamente mal hecho, lleno de errores, “chambonadas” y de incertidumbre jurídica para los habitantes de la ciudad, y lo cierto es que por cualquier lado es posible que se caiga el POT”, manifestó el concejal Carlos Carillo (Polo Democrático).
A esto, la concejal Lucia Bastidas (Alianza Verde) agrega que “el futuro para la ciudad es incierto con esta visión que Claudia López y Planeación dejaron en este POT, que vuelve a tener vigencia desde este momento, un POT que al salir de afán, con más contradicciones, venía siendo ‘ajustado’ bajo una serie de decretos reglamentarios, que siguen sin dejar claras las reglas de juego”.
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