¿Qué les imputan a 13 supuestos miembros de la Primera Línea?
La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de concierto para delinquir, violencia contra servidor público, instigación a cometer actos con fines terroristas, tenencia de materiales peligrosos y lanzamiento de material inflamable.
Siete meses después del primer día del paro nacional y el estallido social que vivieron por meses Bogotá y varias ciudades del país, llegaron a los estrados judiciales los hechos de presunto vandalismo cometidos por trece jóvenes que, según el ente acusador, hacen parte de la autodenominada Primera Línea Calle 80.
Según ha dado a conocer el fiscal del caso, los hoy vinculados al proceso penal estarían involucrados en al menos cinco hechos criminales cometidos en el noroccidente de Bogotá durante las manifestaciones ciudadanas, que se extendieron hasta mediados de año.
En primer lugar, la Fiscalía los señala de amenazar “de muerte mediante actos bárbaros, como el de degollar a uno de los vigilantes que cumplían con el deber de cuidar las instalaciones de dicho establecimiento (centro comercial Héroes)”.
Por otro lado, aseguró que estas personas realizaron hechos vandálicos en la carrera 30 con calle 17 sur, en los que se utilizaron bombas molotov contra miembros de la Fuerza Pública. “A uno de ellos (sic) impactándole en su humanidad, pero por la pronta reacción de sus compañeros logran extinguir el fuego de su cuerpo”, aseveró el funcionario.
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Asimismo, los responsabilizó de haber agredido a otro miembro de la Policía en las inmediaciones del Portal Suba el 20 de julio, cuando le rompieron “el escudo con el que se protegía y atentando contra su integridad personal”.
El cuarto evento al que hizo referencia el fiscal durante la audiencia de formulación de imputación, llevada a cabo el martes pasado, habría ocurrido esa misma fecha en Engativá. Ese día miembros de la Primera Línea de esa localidad atacaron un bus del Sistema Integrado de Transporte Público y a su conductor, a quien, después de bajarlo del automotor, intentaron retenerlo, pero logró “escapar y fue auxiliado por la comunidad. Luego es llamado por la policía (...), quienes le indican que el vehículo es abandonado y lo encuentran en pésimas condiciones”.
Finalmente, el fiscal narró que, en la localidad de Suba, un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sufrió varias quemaduras en la espalda, luego de ser impactado por una bomba molotov, en hechos ocurridos el 9 de agosto. “Fue ayudado por las demás unidades y lograron extinguir el fuego y continuar con la función de recobrar el orden público”.
Luego de exponer estos hechos, el representante de la Fiscalía dijo que los capturados se habrían infiltrado en la protesta pacífica para atentar contra la Fuerza Pública y contra bienes privados, en situaciones que terminaron en hechos violentos y varias personas resultaron perjudicadas en su integridad.
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Los ahora vinculados no aceptaron los cargos por concierto para delinquir, violencia contra servidor público, instigación a cometer actos con fines terroristas, tenencia de materiales peligrosos y lanzamiento de material inflamable, por lo cual irían a juicio para debatir las incriminaciones en su contra.
Aunque la Fiscalía pidió prisión para los procesados, la mayoría de los abogados defensores de los trece jóvenes argumentaron ante la jueza de control de garantías, que no se dictará prisión preventiva, pues indicaron que sus defendidos no tienen antecedentes penales, están dispuestos a colaborar con la justicia y, en un caso puntual, una de las imputadas estaba trabajando el día en que la sindican de estar en un enfrentamiento contra la Fuerza Pública. Al cierre de esta edición no se había tomado una decisión frente a dicha petición.
Siete meses después del primer día del paro nacional y el estallido social que vivieron por meses Bogotá y varias ciudades del país, llegaron a los estrados judiciales los hechos de presunto vandalismo cometidos por trece jóvenes que, según el ente acusador, hacen parte de la autodenominada Primera Línea Calle 80.
Según ha dado a conocer el fiscal del caso, los hoy vinculados al proceso penal estarían involucrados en al menos cinco hechos criminales cometidos en el noroccidente de Bogotá durante las manifestaciones ciudadanas, que se extendieron hasta mediados de año.
En primer lugar, la Fiscalía los señala de amenazar “de muerte mediante actos bárbaros, como el de degollar a uno de los vigilantes que cumplían con el deber de cuidar las instalaciones de dicho establecimiento (centro comercial Héroes)”.
Por otro lado, aseguró que estas personas realizaron hechos vandálicos en la carrera 30 con calle 17 sur, en los que se utilizaron bombas molotov contra miembros de la Fuerza Pública. “A uno de ellos (sic) impactándole en su humanidad, pero por la pronta reacción de sus compañeros logran extinguir el fuego de su cuerpo”, aseveró el funcionario.
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Asimismo, los responsabilizó de haber agredido a otro miembro de la Policía en las inmediaciones del Portal Suba el 20 de julio, cuando le rompieron “el escudo con el que se protegía y atentando contra su integridad personal”.
El cuarto evento al que hizo referencia el fiscal durante la audiencia de formulación de imputación, llevada a cabo el martes pasado, habría ocurrido esa misma fecha en Engativá. Ese día miembros de la Primera Línea de esa localidad atacaron un bus del Sistema Integrado de Transporte Público y a su conductor, a quien, después de bajarlo del automotor, intentaron retenerlo, pero logró “escapar y fue auxiliado por la comunidad. Luego es llamado por la policía (...), quienes le indican que el vehículo es abandonado y lo encuentran en pésimas condiciones”.
Finalmente, el fiscal narró que, en la localidad de Suba, un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sufrió varias quemaduras en la espalda, luego de ser impactado por una bomba molotov, en hechos ocurridos el 9 de agosto. “Fue ayudado por las demás unidades y lograron extinguir el fuego y continuar con la función de recobrar el orden público”.
Luego de exponer estos hechos, el representante de la Fiscalía dijo que los capturados se habrían infiltrado en la protesta pacífica para atentar contra la Fuerza Pública y contra bienes privados, en situaciones que terminaron en hechos violentos y varias personas resultaron perjudicadas en su integridad.
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Los ahora vinculados no aceptaron los cargos por concierto para delinquir, violencia contra servidor público, instigación a cometer actos con fines terroristas, tenencia de materiales peligrosos y lanzamiento de material inflamable, por lo cual irían a juicio para debatir las incriminaciones en su contra.
Aunque la Fiscalía pidió prisión para los procesados, la mayoría de los abogados defensores de los trece jóvenes argumentaron ante la jueza de control de garantías, que no se dictará prisión preventiva, pues indicaron que sus defendidos no tienen antecedentes penales, están dispuestos a colaborar con la justicia y, en un caso puntual, una de las imputadas estaba trabajando el día en que la sindican de estar en un enfrentamiento contra la Fuerza Pública. Al cierre de esta edición no se había tomado una decisión frente a dicha petición.