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Explotación sexual, mendicidad, trata de personas, trabajo infantil. Son varios y aberrantes las situaciones que vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes en Bogotá. Las autoridades mantienen las alertas prendidas y el esfuerzo por rescatar a los menores de esos escenarios se convierte en una lucha contra el crimen y el delito.
Las denuncias se hacen valiosas, así como el trabajo de entidades —como la Secretaría Distrital de Integración Social— que coadyuvan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su labor de restablecer los derechos de los menores de edad, como a crecer en el seno de una familiar y resolver las violencias y vulneraciones en su contra.
Integración Social, en una jornada de 24 horas llevada a cabo en octubre de 2021, rescató de las calles a 225 niños que estaban en condición de mendicidad, acompañamiento laboral o trabajo infantil. De ellos, 115 eran de nacionalidad venezolana, 107 colombianos y tres eran procedente de Ecuador, en su mayoría desescolarizados y sin afiliación al sistema de salud.
En contexto: Menores de edad, blanco de explotación y trata de personas.
Un mes después, la exconcejal de Bogotá, Nelly Patricia Mosquera, reveló videos y audios que develaron una presunta red de explotación sexual de menores en el barrio Santa Fe, centro de Bogotá. En el material revelado, se observa cómo en la zona de tolerancia se ofrecen servicios sexuales con menores de edad y su utilización para la venta de estupefacientes.
Estas denuncias son el botón de muestra de la vulnerabilidad de esta población y que se traduce, al menos en Bogotá, en cifras del Distrito y de la Policía de Infancia y Adolescencia. La Secretaría de Integración Social, entre febrero y abril de 2022, ha registrado un total de 322 niños, niñas y adolescentes en contextos de mendicidad propia, acompañamiento en trabajo infantil y encierro parametrizado, de los cuales el 60 % (192) se encontraban en situación de mendicidad.
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Por su parte, la Policía de Infancia y Adolescencia señala que en los últimos dos años 534 menores de edad han quedado bajo la protección de las autoridades por encontrarse en condición de mendicidad.
¿Qué pasa después de que un menor es rescatado?
Luego de que un menor es sacado por las autoridades de situaciones que vulneran sus derechos consagrados en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), es cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entra en acción para activar todas las rutas de actuaciones para el restablecimiento de derechos inobservados, amenazados o vulnerados, que se dividen, principalmente, en tres modalidades: ubicación inicial, apoyo y fortalecimiento a la familia o red vincular y acogimiento residencial.
Restablecimiento de derechos de los menores
Según el Bienestar, se trata de las decisiones administrativas destinadas a reparar el ejercicio de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que pueden ser provisionales o definitivas y estar en concordancia con el derecho amenazado o vulnerado y asegurar el derecho del menor a permanecer en una familia (directa o extensa) que pueda proteger sus derechos.
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Para ello, se debe garantizar que en el cumplimiento de esas decisiones que se decreten se tenga el acompañamiento de la familia, a excepción de los casos en los que no se considere de acuerdo con las características de cada caso y protegiendo el interés superior de ellos.
Modalidades de restablecimiento de derechos
En primer lugar, se encuentran las modalidades de ubicación provisional mientras se decide qué otra medida es la más adecuada para protegerlos y se aplica cuando no es posible ubicar al niño en su familia de origen por falta de garantías para su cuidado. El tiempo de vigencia de esa orden es de máximo ocho días hábiles para que se determine otra medida. Para la ubicación temporal se tienen dos opciones: los hogares de paso y los centros de emergencia, en los cuales debe prevalecer que los grupos de hermanos se mantengan juntos.
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En segundo lugar, está la modalidad de atención que privilegia la permanencia del menor en su entorno familiar o red de apoyo para que se le respete el derecho a tener una familia y para que sus miembros se vinculen al proceso de atención que supere la amenaza o vulneración de derechos. Para ello, existen la intervención de apoyo psicosocial, el externado de jornada media y completa y el hogar gestor.
Y, en tercer lugar, está el acogimiento residencial y el acogimiento familiar, los cuales pueden ser internados, casas hogar, casas universitarias y casas protección, en el caso del primero; y los hogares sustitutos, en el caso del segundo. Todas estas tienen la finalidad de ubicar provisionalmente a los menores que sean separados de sus hogares por no ser garantes de sus derechos mientras se lleva a cabo el proceso de atención para restablecerlos.
Lo concreto es que la protección de los niños, niñas y adolescentes es un trabajo mancomunado entre las instituciones del Distrito que identifican y caracterizan, del Bienestar que marca un camino para su protección y de las autoridades para perseguir y judicializar a quienes vulneren, de cualquier manera, sus derechos. Toda una cadena que, al menos en el último eslabón, ha logrado este año dos capturas por explotación infantil, nueve el año pasado y cuatro en 2020.
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