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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, anunció este jueves que se comenzará un proceso por el caso en el que tres adolescentes son señalados de haber violado a una menor de 13 años en las instalaciones del colegio Jaime Pardo Leal, ubicado en la localidad Antonio Nariño, sur de Bogotá.
Así lo hizo la directora en declaraciones recogidas por Blu Radio, en las que dijo que este hecho “debe tener consecuencias penales en el marco de la responsabilidad penal adolescente sus compañeros, que son mayores de 14 años”. Además, agregó que el Bienestar Familiar “iniciará los procesos, que claramente un juez debe determinar cuál es la condena para estos adolescentes, pero deben ser penas ejemplarizantes para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir”.
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Fuentes del Icbf le contaron a El Espectador que lo que la institución puede hacer en estos casos es un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, tanto para la víctima como para los victimarios, quienes, por ser menores de edad, no pueden ser investigados o procesados penalmente por la Fiscalía General de la Nación.
Así mismo, que a la menor agredida, además de estar recibiendo atención psicológica por parte de su entidad prestadora de salud, tiene un proceso de restablecimiento de derechos abierto; y, por otro lado, que para juzgar a los adolescentes involucrados se realiza por el Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes, el cual inicia y va de la mano con el restablecimiento de derechos, siempre y cuando estén entre los 14 y 18 años.
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El sistema de responsabilidad penal referido son las reglas de comportamiento, instituciones y personas que trabajan en equipo para investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que han cometido delitos, y busca garantizar el respeto de los derechos de los adolescentes para que se hagan responsables de las acciones que realizaron.
En estos procesos intervienen un fiscal, un defensor, un defensor de familia y un juez (de garantías o de conocimiento) y, al finalizarlos, pueden terminar en sanciones como la amonestación, la presentación de servicios sociales, la libertad vigilada o la privación de la libertad.
Este aberrante caso se conoció esta semana y puso en evidencia el aumento de denuncias por acoso sexual y delitos sexuales en los colegios de Bogotá luego del regreso a clases tras dos años de virtualidad por la pandemia del Covid-19.
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De hecho, la madre de la menor víctima relató a Noticias Caracol que supieron de la situación que vivía su hija luego de acercarse a la institución por hostigamiento escolar de algunos compañeros hacia ella y de notar cambios de humor y de comportamiento en ella.
Según la mamá, esta menor le dijo: “mis amigas me tratan de ayudar, pero al ver que son más grandes y tienen más fuerza, me cogen, me suben y allá hacen lo que hacen conmigo (...). Abusan de mí (...). No puedo contarte porque ellos me amenazan”.
Tras conocer el caso, el colegio Jaime Pardo Leal manifestó que procedió a identificar a los presuntos responsables y entablar comunicación con las familias para activar los protocolos.
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