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Junto a una de las rejas que bordean el parque Tercer Milenio, en el centro de Bogotá, justo la que da hacia la avenida Caracas y Medicina Legal, están desde hace 25 días alrededor de 450 indígenas que le exigen al Distrito soluciones ante la crisis por la pandemia, así como respuestas a largo plazo que garanticen su estadía en la ciudad. Según estimaciones, entre ellos hay alrededor de 200 niños y al menos una decena de mujeres embarazadas. Todos están en cambuches hechos con plásticos negros y cuerdas, que han atado a las rejas y los postes. Afuera de cada carpa hay varias minicocinas, que han levantado con ladrillos y madera, que consiguen en el barrio aledaño de San Bernardo, donde encontraron a alguien que les da agua y los deja entrar a bañar.
Entre ellos hay embera-katíos, que vienen del Pacífico, y embera-chamís, que han migrado de Risaralda, la mayoría como víctimas del conflicto. A estos se suman los que llegaron en busca de mejores oportunidades, y siguen sin encontrarlas, o los que arribaron en grupo y pese a haber vivido al principio en casas o pagadiarios, hoy no tienen cómo seguir allí. En el caso de Gloria, una de las indígenas que están en los cambuches junto a su esposo y su hija de dos años, este espacio terminó siendo la única opción, pues a pesar de sobrevivir de las artesanías, que vendían sobre la carrera séptima, la cuarentena los dejó sin trabajo.
Específicamente estas dos comunidades llegaron a Bogotá en enero, tras amenazas a sus líderes, supuestamente por el Eln o paramilitares, y las presiones en sus territorios por cuenta de la minería ilegal. “Al llegar nos cogió la pandemia, pero desde ahí mi comunidad la han desalojado varias veces. Muchos de los que estamos aquí no tenemos dónde llegar. Hace un mes éramos 40 y no estábamos ni en el programa Bogotá Solidaria en Casa ni recibíamos ayudas de la Unidad de Víctimas, pero el grupo ha crecido, porque no han tenido cómo pagar sus arriendos”, dijo Ancízar Cheche, uno de los líderes de las dos comunidades.
La situación ha sido tensa, pues el Distrito asegura que ha ofrecido ayudas y albergues, pero ellos no las han querido aceptar. “Hay siete grupos de familias, cinco de ellas han hecho uso de los albergues y en ningún momento se han unido a las protestas. Son solo dos grupos, liderados por Cheche Leonival Campo, los que han estado itinerantes en la ciudad durante la pandemia”, indicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.
Entre las ayudas reportan al menos $140 millones, que se entregaron a 313 familias, a través de transferencias monetarias; entre junio y julio se destinaron $39 millones a 158 familias, para arriendo solidario; en los últimos tres meses han dado bonos canjeables a 134 familias indígenas, y se han invertido $253 millones para alojamiento y alimentación en albergues para otras 160 familias.
Pero para los emberas esta no es la respuesta, pues más allá de la pandemia, están las circunstancias que los llevaron a desplazarse de sus territorios. “Para el pueblo no son garantía 15 días en un resguardo. Después de eso, ¿para dónde nos vamos? El pueblo no piensa devolverse, por eso pedimos que nos den capacitación o apoyos para vender nuestras artesanías y no depender de nadie”, aseguró Cheche.
Ante las circunstancias y la indignación que causó un video en el que se ven a dos niños indígenas lavando sus tapabocas en la calle, ayer el Distrito volvió a la zona y ofreció de nuevo ayudas, entre ellas el traslado a Corferias de quienes tengan coronavirus, pues un reporte del Gobierno indica que al menos siete de ellos están contagiados.
En el encuentro de ayer no se llegó a ningún acuerdo, pero se espera que la próxima semana se realice una mesa de diálogo con participación del Gobierno Nacional, pues al fin de cuentas no se pueden desconocer sus vulnerabilidades, y que de paso requieren acciones a futuro, más allá de la emergencia por la pandemia.
