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Una de las poblaciones más afectadas por las condiciones de la pandemia fue sin lugar a dudas la de los migrantes venezolanos, quienes al comienzo de las cuarentenas comenzaron a regresar a su país ante el cierre de los comercios y, en particular, por las dificultades para depender de trabajos informales. Sumado a esto, está la profundización de condiciones previas como la atención en salud y el acceso a la educación, que se dificultó por los esquemas virtuales que se tuvieron que implementar.
Al respecto, la Personería de Bogotá presentó un informe sobre las condiciones de los migrantes entre julio de 2020 y junio de 2021, en los que no solamente se destaca el panorama en la prestación de los derechos básicos, sino además las dificultades para acceder al estatus migratorio y las variaciones en los casos de xenofobia y discriminación.
En principio, se reconoce que en la ciudad hay alrededor de 340.711 venezolanos, de acuerdo con cifras de Migración Colombia, que representan el 19,5% del total que se encuentra en el país. A la hora de establecer su ubicación por localidades, no hay un censo claro, dado a los cambios que se dieron durante la pandemia, pero se especula que la mayoría se encuentra en Kennedy, Engativá, Bosa y Suba, con base en estimaciones que hizo la Personería y la Cruz Roja previamente y a los requerimientos que recibió el ente de control entre 2020 y 2021.
De las solicitudes recibidas por la Personería, se destaca que la mayoría fueron para acceder a servicios de emergencia social y ayuda humanitaria (43%), seguida de la orientación jurídica (13%), en Salud (13%), y por violencia intrafamiliar (6%), mientras que la localidad en donde más hubo requerimiento fue Barrios Unidos.
“Puede deberse, entre otros factores, a que en esta localidad se encuentran sectores de tránsito diario de la población, como el barrio 7 de Agosto, en el que se ubican talleres mecánicos y de venta de autopartes, así como comercio y venta de alimentos en torno a estos, en los que se emplea población migrante. También en el barrio 7 de agosto está una de las zonas de alta concentración de establecimientos y puntos de contacto en calle, asociados a las actividades sexuales pagadas, en las que se insertan algunas mujeres migrantes con mayores niveles de vulnerabilidad”, resalta el informe.
En salud, destacan la necesidad de que los migrantes tengan acceso a servicios preventivos a, por ejemplo, controles prenatales, oferta anticonceptiva e información de los servicios a los que puede acceder como migrante, dado que por su condición y desconocimiento se ha presentado discriminación a la hora de buscar acceso o atención.
Así mismo, la recomendación se hace con base en las causas de morbilidad en consultas, urgencias y hospitalización, ya que se destacan partos espontáneos, infecciones urinarias, falso trabajo de parto, complicaciones en el embarazo y las enfermedades respiratorias, entre otras.
En cuanto a la regularización migratoria, la Personería indica que el registro civil y acceso a nacionalidad de hijos e hijas de colombianos que nacieron en Venezuela es una de las principales solicitudes, así como se destacan otros casos como orientación en temas laborales como acoso laboral, despido injustificado e incumplimiento de normativas y hechos de discriminación en distintos escenarios; mientras que con lo relacionado al avance en el proceso del Estatuto Temporal de Protección alertan que no se conocen cifras concretas de la ciudad.
Entre otras recomendaciones, la Personería pide mayor atención prioritaria del Distrito a la población femenina migrante, retornada y refugiada, mientras que con respecto a la nacionalidad señalan que es urgente fortalecer las rutas de atención dado que, si bien se da la orientación para apostillar los documentos requeridos para la expedición del Registro civil de niños, el proceso es costoso y nuevamente dificulta su atención y los pone en riesgo de ser apátridas.
Por último, el informe se refiere a la xenofobia. Además de que más de la mitad de los venezolanos en la ciudad se sienten rechazados y discriminados por su nacionalidad, de acuerdo con una encuesta de Usaid, datos del DANE demuestran que al menos el 73,1% de los habitantes de Bogotá no confía en los migrantes. Por ello, reconocen que se debe capacitar y sensibilizar a los actores sociales, funcionarios públicos, medios de comunicación y demás sectores para rechazar los discursos de odio, que estigmaticen y vulneren aun más los derechos de los migrantes venezolanos.
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