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Este fin de semana el nombre de Natalia Paola Sánchez Cabrera salió a la luz en la audiencia de imputación de cargos en contra de hombres señalados de hacer parte de la denominada Primera Línea Usme, a quienes se les atribuyen desmanes en inmediaciones de la “Y” del sector de Yomasa.
En las diligencias de control de garantías, se conocieron los audios en los que Natalia, en conversación con los otros señalados, estaría aconsejándolos y comunicándoles sobre las acciones que adelantaba la Policía y el Esmad durante las protestas del año pasado.
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En uno de los audios se escucha que Natalia estaría sosteniendo una conversación con uno de los “líderes de la Primera Línea”, donde le indicaba lo que tenía que hacer en medio de la protesta. “Sí o sí, lo primero que tienen que hacer es lavarles las manos a esos muchachos, porque es ahí donde revisan si tienen arenilla, porque la Sijín va con peritos. Si tienen arenilla, lo primero que tienen que hacer es lavarse las manos y desaparecer”, dice la exfuncionaria del Distrito.
Otro de los archivos revelados por la Fiscalía demostraría que estaría coordinando la entrega de información. “Carolina ¿Cómo hago yo o a quién le aviso cuando se mueve el Esmad? Te aviso a ti ahora porque yo esa información se la he dado es a Javier”.
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A Natalia, y los otros cuatro capturados la semana pasada, quienes fueron identificados como Álvaro Javier Silva Cuellar, alias Jalisco; Carlos Andrés Torres Montoya, alias Flaco o Carlos; Faber Alejandro Rincón Salcedo, alias Faber; y Raúl Fernando Mendieta Herrera, alias Raúl o Shrek, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, perturbación al sistema de transporte público, y violencia contra servidor público. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Frente a esta situación la alcaldesa Local de Usme, Mabel Andrea Sua, señaló que estos actos, en donde está vinculada esta excontratista de la alcaldía de esta localidad, son rechazados de manera contundente. “Apoyamos la labor y las actuaciones que desarrolla el ente acusador, y nos ponemos a disposición para facilitar el proceso de investigación”, dijo.
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Además, resaltó que esto “en ningún caso las presuntas actuaciones de la excontratista (...) representan la labor de los más de 600 gestores de diálogo y convivencia, que a diario trabajan por la convivencia pacífica en Bogotá”.
Asimismo, dejó claro que ni desde la Alcaldía de Usme, ni desde la Secretaría de Gobierno, se dio instrucción para suministrar información a terceros que impida la actuación de la Fuerza Pública en el marco de sus funciones.
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