¿Quién manda en la Universidad Distrital?

“Aquí la lucha por la Rectoría es a muerte”. Un empleado de alto nivel en la Universidad Distrital (UD) lanza esta frase en su oficina, con la puerta cerrada y en voz baja. Su tono es prudente a pesar de que, como bien lo sabe, afuera sus compañeros de piso, los estudiantes, profesores y empleados reconocen que esa sentencia, por exagerada que parezca, es certera.

La UD vive su primera campaña electoral después de seis años y el contexto no puede definirse sino como tormentoso. El último rector que tuvo en propiedad (Inocencio Bahamón) fue designado en 2010 y terminó su período en 2013. Incluso desde antes de que él saliera, la universidad se sumió en una seguidilla de escándalos por intentos inconsultos de reformas, presunta corrupción en la construcción de una nueva sede, un largo proceso de formulación de una reforma a los estatutos, un paro declarado en abril pasado y, en medio de éste, la muerte del estudiante Miguel Ángel Barbosa después de recibir un golpe en la cabeza en una protesta que disipó el Esmad de la Policía.

Son tres años bajo el mando de dos rectores en encargo. Hoy, en medio del paro, el puesto se lo disputan ocho candidatos que se mueven para ganar, inicialmente, una consulta donde votarán alumnos, docentes, empleados y egresados, para que después el Consejo Superior escoja entre los cinco que alcancen las votaciones más altas.

Ese enfrentamiento, como cualquier disputa electoral, crea preferencias y discrepancias. ¿Pero por qué es “a muerte” esa lucha? El Espectador habló con 10 fuentes que conocen la UD por dentro y todas coinciden en la intención de incidir que mantienen los grupos de poder que comenzaron a forjarse en los años 70, a pesar de su transformación y debilitamiento en algunos casos. El objetivo cada que está en juego la Rectoría es mantenerse vigentes y con margen de maniobra. No es poco lo que está en juego: el nuevo rector manejará un presupuesto anual que rodea los $285.000 millones.

Los grupos

La UD fue fundada en 1948. En los 70 la injerencia de la izquierda era tan fuerte como natural para una época en la que el movimiento estudiantil se fortaleció. El exrector Lombardo Rodríguez, quien se vinculó como profesor en esa década, plantea, además, que las carencias en infraestructura y de un norte académico claro incentivaron la creación de grupos con reivindicaciones puntuales, “pero al tiempo veían la posibilidad de quedarse con puestos de poder, como los decanatos”. Un exsecretario general recuerda que, como el presupuesto lo definía el Concejo, el lobby ante los políticos se volvió una práctica tan necesaria como perversa.

Dos nombres salen a relucir como protagonistas de esa época: Antonio Caicedo y Fabio Lozano, de los que hoy se sigue escuchando en la universidad. El primero es fundador del Asociación de Jubilados Docentes (Ajubilud) y el segundo fue rector y posterior representante de los exrectores en el Consejo Superior.

Como contrapeso a los sectores que ellos lideraban, a finales de los 80 surgió un grupo que encabezaron Samuel Arrieta (representante estudiantil y líder comunista) y Lombardo Rodríguez (representante de los profesores y militante liberal). Ambos coincidieron en el Consejo Superior en 1989, se entendieron y en 1992 se unieron para que el profesor llegara a la Rectoría. Apenas ganó nombró al alumno, recién egresado de lingüística y literatura, como su secretario general. A la sombra de ambos, recuerda Rodríguez, se consolidó un grupo “referente hasta el 2000”.

Son líderes que, a la postre, terminaron haciendo política. Arrieta fue concejal de Bogotá tres veces, primero por el liberalismo y luego por Convergencia Ciudadana. Llegó al Senado en 2006 por el PIN. Hoy vive entre Colombia y Estados Unidos, donde su esposa, Eliana Pedrozo Eljach (también egresada de la Distrital y exfuncionaria de la Personería) es cónsul en Orlando. Rodríguez se ha presentado a una elección de Concejo y dos para la Cámara.

Aunque él defiende lo que se hizo en la época del “arrietismo” (la construcción de la Facultad Tecnológica en Ciudad Bolívar, por ejemplo), no todo el mundo recuerda esa época con entusiasmo, sobre todo porque, sumado a los rescoldos de las fuerzas que los antecedieron, se tejieron redes de poder que, para muchos, han dificultado la gobernabilidad y han opacado sectores tan delicados como la contratación.

Varios indicios sostienen ese argumento. La UD fue en 2015 la sexta universidad del país con más grupos de investigación, fue quinta en el más reciente escalafón de las Pruebas Saber Pro y mantiene un sistema de admisión de estudiantes que prácticamente nadie pone en duda, pero esos aceptables indicadores académicos contrastan con su índice de transparencia, que en 2014, cuando se hizo el estudio más reciente sobre el tema, la ubicó en el puesto 30 entre 32 universidades.

La dificultad para gobernar se nota en los constantes encargos en la Rectoría, una inestabilidad generalmente inducida. La anécdota que mejor lo ilustra tiene algo de patetismo y la protagonizó el profesor William Klinger en mayo de 2006, cuando fue nombrado como rector (e) y sólo duró un día en el puesto. Una tutela ordenó el retorno del rector en propiedad, Ricardo García, que había salido empapelado (este último, a propósito, lidera un grupo de profesores llamado Cuide, con el que tiene vínculos el actual rector, Carlos Javier Mosquera. El Cuide no tiene una base realmente fuerte, aunque ha ocupado posiciones de poder).

“Renuncié porque desde el Consejo Superior me presionaban para hacer nombramientos”, asegura otro exrector (e), que pidió no ser citado. Él, que conoce otras universidades, explica que mientras en la Nacional los grupos de interés tienden a girar entorno a lo académico, en la UD “buscan beneficios particulares”.

La secretaria de Educación y presidenta del Consejo Superior, María Victoria Angulo, aunque dice desconocer cuáles son esos grupos hoy, afirma: “Siempre existen, pero encontré que aquí debe haber muchas agendas particulares cuando pasan tantos años y la universidad no logra ponerse de acuerdo en puntos básicos de gobernabilidad. Por más tensiones que haya, en otras universidades uno no ve un período tan largo de interinidad ni tantas dificultades para abrir procesos de designación de rector, constantemente demandados y que se caen”.

Líos puntuales

El escándalo del que más se habla en la UD tiene que ver con las presuntas irregularidades en la elección del constructor de la sede de Bosa, pues inicialmente los ganadores habían trabajado con el funcionario de la universidad encargado de adjudicar la licitación por $69.000 millones. Hoy, dos años después, la obra no ha sido terminada y se acaba de aprobar una adición por $19.000 millones para terminarla.

La Contraloría le puso la lupa no sólo a esas irregularidades, sino al contrato que desde 2010 se firmó para construir la sede B de La Macarena. Está suspendido por falta de un estudio técnico que no se previó al planear el proyecto, algo que el organismo de control calificó como “negligencia y omisión”, y como una actuación “a la ligera” en la suscripción del contrato.

Un histórico lío con las pensiones sigue vivo. La Contraloría advirtió el año pasado que 59 jubilados de la universidad recibían pensión tanto de la UD como de Colpensiones, a pesar de que sólo deberían recibir dinero de esta última. Ahí se van anualmente $2.542 millones.

A eso se suman problemas estructurales que han creado incentivos para realizar maniobras criticadas, como con las convocatorias para contratar profesores. Por ejemplo, si en varios programas se necesitan docentes de matemáticas, cada uno abre su propia convocatoria, cuando lo ideal sería que las vacantes se abrieran desde un departamento o una escuela de matemáticas. “Eso ha hecho que cada director de programa tenga mucho poder, incluso más que el decano que lo nombra”, explica un trabajador. Así se han creado feudos de poder resistentes a que eso cambie.

El rector, además, no es el único ordenador del gasto. También lo son los decanos y los vicerrectores, a cada uno de los cuales les delegan un presupuesto cercano a los $137 millones. Aunque eso no es propio de la Distrital, el año pasado se hizo una reforma al estatuto de contratación con el fin de centralizar algunos procesos y, sobre todo, acogerse a estándares nacionales, pues antes lo hacían con criterios propios. “Con eso había problemas y uno notaba que tendían a favorecer a unos y no a otros contratistas”, dice el rector (e) Carlos Javier Mosquera.

Otro inconveniente para gobernar es que el rector no puede nombrar cargos claves de su equipo de trabajo, como los jefes de talento humano, de control interno, de presupuesto y el tesorero. Si mucho, puede rotarlos en esos mismos cargos, pero son funcionarios que llevan mucho tiempo en esos puestos y “tienen poder no sólo por la información que manejan, sino por la forma como la manejan”, agrega un empleado que trabaja en una dependencia directiva. Aunque el actual rector (e) asegura que ha logrado construir sinergias con su equipo de trabajo, otras fuentes coinciden en que esa es una razón que explica la dificultad que llega a tener un rector a la hora de administrar, “por más que sea una lumbrera”.

El panorama hoy

Aunque el anterior secretario de Educación, Óscar Sánchez, siempre criticó “el desastre” que para él era la administración de la UD, al final logró consolidar un bloque en el Consejo Superior que, a su juicio, le permitió contener las fuerzas que tradicionalmente han gobernado la universidad. Con el apoyo de los delegados de la Presidencia, del Mineducación y de los gremios sacó de la Rectoría a Vergara (el de la contratación de la sede en Bosa) y puso al actual rector (a propósito, exprofesor de la ministra Gina Parody en el colegio).

Con la llegada de la administración Peñalosa, en el Consejo Superior las fuerzas ya no están tan definidas, y es difícil prever cómo se inclinarán para elegir rector. Lo que sí es cierto es que los candidatos más conocidos, aunque se desmarcan de los grupos tradicionales, son identificados como sus herederos.

Es el caso de tres aspirantes: José Lizcano, Pablo Garzón y Lilia Edit Aparicio. “Son de mi hechura”, dice el exrector Lombardo Rodríguez (que, como ya se dijo, trabajó y ha hecho política de la mano de Arrieta), aunque aclara que eso no implica que hoy ellos respondan a sus intereses. De su hechura también es, según él, el exrector Vergara.

El “arrietismo”, coinciden varias fuentes, está fragmentado y no puede afirmarse que sea una fuerza cohesionada. El aspirante Lizcano, por ejemplo, tiene su propio grupo, con raigambre entre profesores, administrativos y estudiantes. Es fundador del sindicato de profesores Siprud (al que pertenece Rodríguez). “Hay un mito y mucho cuento”, asegura. “A mí no me interesa la politiquería, sino la gestión”. Y aunque le atribuyen mucho poder, la dispersión de las fuerzas hace que no tenga garantizada, desde ya, una victoria. Si unos dicen que la lucha es a muerte, otros complementan: “Aquí hay una carrera oculta que se llama ‘ingeniería electoral’”.

El ganador se conocerá el 1° de septiembre, pero está claro que, sea quien sea, no podrá gobernar a sus anchas.

“Aquí la lucha por la Rectoría es a muerte”. Un empleado de alto nivel en la Universidad Distrital (UD) lanza esta frase en su oficina, con la puerta cerrada y en voz baja. Su tono es prudente a pesar de que, como bien lo sabe, afuera sus compañeros de piso, los estudiantes, profesores y empleados reconocen que esa sentencia, por exagerada que parezca, es certera.

La UD vive su primera campaña electoral después de seis años y el contexto no puede definirse sino como tormentoso. El último rector que tuvo en propiedad (Inocencio Bahamón) fue designado en 2010 y terminó su período en 2013. Incluso desde antes de que él saliera, la universidad se sumió en una seguidilla de escándalos por intentos inconsultos de reformas, presunta corrupción en la construcción de una nueva sede, un largo proceso de formulación de una reforma a los estatutos, un paro declarado en abril pasado y, en medio de éste, la muerte del estudiante Miguel Ángel Barbosa después de recibir un golpe en la cabeza en una protesta que disipó el Esmad de la Policía.

Son tres años bajo el mando de dos rectores en encargo. Hoy, en medio del paro, el puesto se lo disputan ocho candidatos que se mueven para ganar, inicialmente, una consulta donde votarán alumnos, docentes, empleados y egresados, para que después el Consejo Superior escoja entre los cinco que alcancen las votaciones más altas.

Ese enfrentamiento, como cualquier disputa electoral, crea preferencias y discrepancias. ¿Pero por qué es “a muerte” esa lucha? El Espectador habló con 10 fuentes que conocen la UD por dentro y todas coinciden en la intención de incidir que mantienen los grupos de poder que comenzaron a forjarse en los años 70, a pesar de su transformación y debilitamiento en algunos casos. El objetivo cada que está en juego la Rectoría es mantenerse vigentes y con margen de maniobra. No es poco lo que está en juego: el nuevo rector manejará un presupuesto anual que rodea los $285.000 millones.

Los grupos

La UD fue fundada en 1948. En los 70 la injerencia de la izquierda era tan fuerte como natural para una época en la que el movimiento estudiantil se fortaleció. El exrector Lombardo Rodríguez, quien se vinculó como profesor en esa década, plantea, además, que las carencias en infraestructura y de un norte académico claro incentivaron la creación de grupos con reivindicaciones puntuales, “pero al tiempo veían la posibilidad de quedarse con puestos de poder, como los decanatos”. Un exsecretario general recuerda que, como el presupuesto lo definía el Concejo, el lobby ante los políticos se volvió una práctica tan necesaria como perversa.

Dos nombres salen a relucir como protagonistas de esa época: Antonio Caicedo y Fabio Lozano, de los que hoy se sigue escuchando en la universidad. El primero es fundador del Asociación de Jubilados Docentes (Ajubilud) y el segundo fue rector y posterior representante de los exrectores en el Consejo Superior.

Como contrapeso a los sectores que ellos lideraban, a finales de los 80 surgió un grupo que encabezaron Samuel Arrieta (representante estudiantil y líder comunista) y Lombardo Rodríguez (representante de los profesores y militante liberal). Ambos coincidieron en el Consejo Superior en 1989, se entendieron y en 1992 se unieron para que el profesor llegara a la Rectoría. Apenas ganó nombró al alumno, recién egresado de lingüística y literatura, como su secretario general. A la sombra de ambos, recuerda Rodríguez, se consolidó un grupo “referente hasta el 2000”.

Son líderes que, a la postre, terminaron haciendo política. Arrieta fue concejal de Bogotá tres veces, primero por el liberalismo y luego por Convergencia Ciudadana. Llegó al Senado en 2006 por el PIN. Hoy vive entre Colombia y Estados Unidos, donde su esposa, Eliana Pedrozo Eljach (también egresada de la Distrital y exfuncionaria de la Personería) es cónsul en Orlando. Rodríguez se ha presentado a una elección de Concejo y dos para la Cámara.

Aunque él defiende lo que se hizo en la época del “arrietismo” (la construcción de la Facultad Tecnológica en Ciudad Bolívar, por ejemplo), no todo el mundo recuerda esa época con entusiasmo, sobre todo porque, sumado a los rescoldos de las fuerzas que los antecedieron, se tejieron redes de poder que, para muchos, han dificultado la gobernabilidad y han opacado sectores tan delicados como la contratación.

Varios indicios sostienen ese argumento. La UD fue en 2015 la sexta universidad del país con más grupos de investigación, fue quinta en el más reciente escalafón de las Pruebas Saber Pro y mantiene un sistema de admisión de estudiantes que prácticamente nadie pone en duda, pero esos aceptables indicadores académicos contrastan con su índice de transparencia, que en 2014, cuando se hizo el estudio más reciente sobre el tema, la ubicó en el puesto 30 entre 32 universidades.

La dificultad para gobernar se nota en los constantes encargos en la Rectoría, una inestabilidad generalmente inducida. La anécdota que mejor lo ilustra tiene algo de patetismo y la protagonizó el profesor William Klinger en mayo de 2006, cuando fue nombrado como rector (e) y sólo duró un día en el puesto. Una tutela ordenó el retorno del rector en propiedad, Ricardo García, que había salido empapelado (este último, a propósito, lidera un grupo de profesores llamado Cuide, con el que tiene vínculos el actual rector, Carlos Javier Mosquera. El Cuide no tiene una base realmente fuerte, aunque ha ocupado posiciones de poder).

“Renuncié porque desde el Consejo Superior me presionaban para hacer nombramientos”, asegura otro exrector (e), que pidió no ser citado. Él, que conoce otras universidades, explica que mientras en la Nacional los grupos de interés tienden a girar entorno a lo académico, en la UD “buscan beneficios particulares”.

La secretaria de Educación y presidenta del Consejo Superior, María Victoria Angulo, aunque dice desconocer cuáles son esos grupos hoy, afirma: “Siempre existen, pero encontré que aquí debe haber muchas agendas particulares cuando pasan tantos años y la universidad no logra ponerse de acuerdo en puntos básicos de gobernabilidad. Por más tensiones que haya, en otras universidades uno no ve un período tan largo de interinidad ni tantas dificultades para abrir procesos de designación de rector, constantemente demandados y que se caen”.

Líos puntuales

El escándalo del que más se habla en la UD tiene que ver con las presuntas irregularidades en la elección del constructor de la sede de Bosa, pues inicialmente los ganadores habían trabajado con el funcionario de la universidad encargado de adjudicar la licitación por $69.000 millones. Hoy, dos años después, la obra no ha sido terminada y se acaba de aprobar una adición por $19.000 millones para terminarla.

La Contraloría le puso la lupa no sólo a esas irregularidades, sino al contrato que desde 2010 se firmó para construir la sede B de La Macarena. Está suspendido por falta de un estudio técnico que no se previó al planear el proyecto, algo que el organismo de control calificó como “negligencia y omisión”, y como una actuación “a la ligera” en la suscripción del contrato.

Un histórico lío con las pensiones sigue vivo. La Contraloría advirtió el año pasado que 59 jubilados de la universidad recibían pensión tanto de la UD como de Colpensiones, a pesar de que sólo deberían recibir dinero de esta última. Ahí se van anualmente $2.542 millones.

A eso se suman problemas estructurales que han creado incentivos para realizar maniobras criticadas, como con las convocatorias para contratar profesores. Por ejemplo, si en varios programas se necesitan docentes de matemáticas, cada uno abre su propia convocatoria, cuando lo ideal sería que las vacantes se abrieran desde un departamento o una escuela de matemáticas. “Eso ha hecho que cada director de programa tenga mucho poder, incluso más que el decano que lo nombra”, explica un trabajador. Así se han creado feudos de poder resistentes a que eso cambie.

El rector, además, no es el único ordenador del gasto. También lo son los decanos y los vicerrectores, a cada uno de los cuales les delegan un presupuesto cercano a los $137 millones. Aunque eso no es propio de la Distrital, el año pasado se hizo una reforma al estatuto de contratación con el fin de centralizar algunos procesos y, sobre todo, acogerse a estándares nacionales, pues antes lo hacían con criterios propios. “Con eso había problemas y uno notaba que tendían a favorecer a unos y no a otros contratistas”, dice el rector (e) Carlos Javier Mosquera.

Otro inconveniente para gobernar es que el rector no puede nombrar cargos claves de su equipo de trabajo, como los jefes de talento humano, de control interno, de presupuesto y el tesorero. Si mucho, puede rotarlos en esos mismos cargos, pero son funcionarios que llevan mucho tiempo en esos puestos y “tienen poder no sólo por la información que manejan, sino por la forma como la manejan”, agrega un empleado que trabaja en una dependencia directiva. Aunque el actual rector (e) asegura que ha logrado construir sinergias con su equipo de trabajo, otras fuentes coinciden en que esa es una razón que explica la dificultad que llega a tener un rector a la hora de administrar, “por más que sea una lumbrera”.

El panorama hoy

Aunque el anterior secretario de Educación, Óscar Sánchez, siempre criticó “el desastre” que para él era la administración de la UD, al final logró consolidar un bloque en el Consejo Superior que, a su juicio, le permitió contener las fuerzas que tradicionalmente han gobernado la universidad. Con el apoyo de los delegados de la Presidencia, del Mineducación y de los gremios sacó de la Rectoría a Vergara (el de la contratación de la sede en Bosa) y puso al actual rector (a propósito, exprofesor de la ministra Gina Parody en el colegio).

Con la llegada de la administración Peñalosa, en el Consejo Superior las fuerzas ya no están tan definidas, y es difícil prever cómo se inclinarán para elegir rector. Lo que sí es cierto es que los candidatos más conocidos, aunque se desmarcan de los grupos tradicionales, son identificados como sus herederos.

Es el caso de tres aspirantes: José Lizcano, Pablo Garzón y Lilia Edit Aparicio. “Son de mi hechura”, dice el exrector Lombardo Rodríguez (que, como ya se dijo, trabajó y ha hecho política de la mano de Arrieta), aunque aclara que eso no implica que hoy ellos respondan a sus intereses. De su hechura también es, según él, el exrector Vergara.

El “arrietismo”, coinciden varias fuentes, está fragmentado y no puede afirmarse que sea una fuerza cohesionada. El aspirante Lizcano, por ejemplo, tiene su propio grupo, con raigambre entre profesores, administrativos y estudiantes. Es fundador del sindicato de profesores Siprud (al que pertenece Rodríguez). “Hay un mito y mucho cuento”, asegura. “A mí no me interesa la politiquería, sino la gestión”. Y aunque le atribuyen mucho poder, la dispersión de las fuerzas hace que no tenga garantizada, desde ya, una victoria. Si unos dicen que la lucha es a muerte, otros complementan: “Aquí hay una carrera oculta que se llama ‘ingeniería electoral’”.

El ganador se conocerá el 1° de septiembre, pero está claro que, sea quien sea, no podrá gobernar a sus anchas.