Raros planes para el relleno Doña Juana

La operación del relleno sanitario Doña Juana en Bogotá, que diariamente moviliza 6.000 toneladas de basura en 900 camiones, y que se vio afectada el pasado 31 de julio por un deslizamiento en el dique ambiental a consecuencia de una falla geológica, está a punto de provocar la declaratoria de emergencia sanitaria en la ciudad. Para ello se argumentaría un presunto incumplimiento del contrato de quien desde hace ocho años tiene a su cargo su manejo: la empresa Proactiva.

Así lo advirtió un periodista de El Espectador que escuchó los términos de una conversación informal sostenida en un restaurante ubicado al norte de la capital, entre la directora jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Catalina Franco, el ex consejero de Estado Alier Eduardo Hernández y una tercera persona no identificada. La conclusión fue clara: hay que sacar a Proactiva del negocio y buscar una urgencia manifiesta.

Según los contertulios, argumentando incumplimiento de las obligaciones del actual operador del relleno o a través de liquidaciones parciales del contrato, podrían justificarse los retrasos del proceso licitatorio en marcha, para facilitar la urgencia manifiesta. En tal caso, las autoridades distritales quedarían libres para buscar un operador transitorio sin complicaciones jurídicas, haciendo a un lado a Proactiva, que tiene contrato vigente hasta el próximo 8 de octubre.

Al concluir la conversación, Catalina Franco, su esposo Alier Eduardo Hernández y el tercero no identificado dejaron sobre la mesa los trazos gráficos de su proyecto. En dicho diagrama se leen palabras como “liquidar”, “incumplimiento” y “multas”, en un primer apartado. Y en el segundo, siglas como “EPM”, “Aguas”, “Eco” o “CCF” , señales que de alguna manera ratifican las particularidades del coloquio y el entorno que caracteriza hoy la controversia que rodea el multimillonario negocio del relleno Doña Juana.

En efecto, en los últimos meses, el operador Proactiva ha sido objeto de cuatro multas, que según la directora de la UAESP, Victoria Eugenia Virviescas, cuando llegó al cargo encontró “engavetadas” y “desengavetó”. Quizás esto explica los comentarios en la reunión escuchados por el periodista de El Espectador: “La doctora Virviescas confía mucho en Catalina para esto”, “hay que sacar a Proactiva y ceder el contrato”.

Se referían presumiblemente al contrato que tiene Proactiva vigente y a las multas que descalificarían a esta empresa para participar en la licitación del nuevo contrato de operación del relleno Doña Juana. Pero como la licitación puede demorarse de seis a ocho meses, la solución transitoria sería buscar una empresa nacional que maneje el relleno, que tratando de descifrar los diagramas, podría corresponder a EPM, que opera un relleno en Medellín; a Aguas de Bogotá o a la empresa Ecocapital. Y la firma Conconcreto presumiblemente sería contratada para la reparación del dique derrumbado.

Lo cierto es que uno de los temas que hoy ocupan primordialmente los intereses de la administración distrital, y de la UAESP en particular, es precisamente la definición de quién debe operar el relleno sanitario Doña Juana. Desde hace ocho años lo hace la firma Proactiva, pero entre los expertos se tiene conocimiento de que abogados muy cercanos a la Alcaldía están buscando empresas en Suramérica que se interesen en operar el relleno.

¿Pero cuál puede ser la razón para sacar a Proactiva y eventualmente forzar una urgencia manifiesta? De por medio hay un contrato de $67.000 millones y una particularidad: si el relleno deja de operar 24 horas, de inmediato habría una emergencia sanitaria en la ciudad. ¿Por qué no avanza satisfactoriamente el proceso licitatorio abierto desde hace varios meses y en cambio se le han dado cuatro prórrogas a Proactiva —la última de ellas por parte de la administración de Samuel Moreno—? Una fortuita conversación puede tener las claves.

La operación del relleno sanitario Doña Juana en Bogotá, que diariamente moviliza 6.000 toneladas de basura en 900 camiones, y que se vio afectada el pasado 31 de julio por un deslizamiento en el dique ambiental a consecuencia de una falla geológica, está a punto de provocar la declaratoria de emergencia sanitaria en la ciudad. Para ello se argumentaría un presunto incumplimiento del contrato de quien desde hace ocho años tiene a su cargo su manejo: la empresa Proactiva.

Así lo advirtió un periodista de El Espectador que escuchó los términos de una conversación informal sostenida en un restaurante ubicado al norte de la capital, entre la directora jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Catalina Franco, el ex consejero de Estado Alier Eduardo Hernández y una tercera persona no identificada. La conclusión fue clara: hay que sacar a Proactiva del negocio y buscar una urgencia manifiesta.

Según los contertulios, argumentando incumplimiento de las obligaciones del actual operador del relleno o a través de liquidaciones parciales del contrato, podrían justificarse los retrasos del proceso licitatorio en marcha, para facilitar la urgencia manifiesta. En tal caso, las autoridades distritales quedarían libres para buscar un operador transitorio sin complicaciones jurídicas, haciendo a un lado a Proactiva, que tiene contrato vigente hasta el próximo 8 de octubre.

Al concluir la conversación, Catalina Franco, su esposo Alier Eduardo Hernández y el tercero no identificado dejaron sobre la mesa los trazos gráficos de su proyecto. En dicho diagrama se leen palabras como “liquidar”, “incumplimiento” y “multas”, en un primer apartado. Y en el segundo, siglas como “EPM”, “Aguas”, “Eco” o “CCF” , señales que de alguna manera ratifican las particularidades del coloquio y el entorno que caracteriza hoy la controversia que rodea el multimillonario negocio del relleno Doña Juana.

En efecto, en los últimos meses, el operador Proactiva ha sido objeto de cuatro multas, que según la directora de la UAESP, Victoria Eugenia Virviescas, cuando llegó al cargo encontró “engavetadas” y “desengavetó”. Quizás esto explica los comentarios en la reunión escuchados por el periodista de El Espectador: “La doctora Virviescas confía mucho en Catalina para esto”, “hay que sacar a Proactiva y ceder el contrato”.

Se referían presumiblemente al contrato que tiene Proactiva vigente y a las multas que descalificarían a esta empresa para participar en la licitación del nuevo contrato de operación del relleno Doña Juana. Pero como la licitación puede demorarse de seis a ocho meses, la solución transitoria sería buscar una empresa nacional que maneje el relleno, que tratando de descifrar los diagramas, podría corresponder a EPM, que opera un relleno en Medellín; a Aguas de Bogotá o a la empresa Ecocapital. Y la firma Conconcreto presumiblemente sería contratada para la reparación del dique derrumbado.

Lo cierto es que uno de los temas que hoy ocupan primordialmente los intereses de la administración distrital, y de la UAESP en particular, es precisamente la definición de quién debe operar el relleno sanitario Doña Juana. Desde hace ocho años lo hace la firma Proactiva, pero entre los expertos se tiene conocimiento de que abogados muy cercanos a la Alcaldía están buscando empresas en Suramérica que se interesen en operar el relleno.

¿Pero cuál puede ser la razón para sacar a Proactiva y eventualmente forzar una urgencia manifiesta? De por medio hay un contrato de $67.000 millones y una particularidad: si el relleno deja de operar 24 horas, de inmediato habría una emergencia sanitaria en la ciudad. ¿Por qué no avanza satisfactoriamente el proceso licitatorio abierto desde hace varios meses y en cambio se le han dado cuatro prórrogas a Proactiva —la última de ellas por parte de la administración de Samuel Moreno—? Una fortuita conversación puede tener las claves.