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Cuando se le pregunta a los recicladores de oficio si están satisfechos con su trabajo, dirán que, pese a que ejercen una labor que beneficia a las personas, al gobierno, al medio ambiente y de paso, les da el sustento económico para vivir, es un oficio pesado y poco agradecido. Uno que carga la discriminación del ciudadano común.
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“Yo he llorado, es la verdad. Es un trabajo rudo”, responde Benito Navarro, un hombre que, aunque ya se acerca a los 61 años, todavía trabaja cargando una pesada carreta, tres o cuatro noches a la semana, para recolectar y encontrarle el valor a lo que los demás toman por basura.
“A uno lo ven pequeño, creen que ser reciclador es igual a ser indigente, drogadicto o ladrón. Lo que no saben es que uno está expuesto al peligro todo el tiempo. A mí ya me han robado la carreta dos veces, por eso ahora tengo una prestada”, dice el hombre, mientras separa en varias bolsas el papel, el cartón, el plástico en el Centro Transitorio de Cuidado al Carretero de Puente Aranda, uno de los tres espacios que habilitó el Distrito, para que los recicladores puedan hacer la separación del reciclaje tranquilamente y en un lugar seguro.
Los asaltos por los que ha pasado parecen no ser lo peor. Hace apenas unas semanas bajaba con su carreta por un sector residencial de Chapinero cuando, el esfuerzo de más; las noches en las que no pudo regresar a la casa a dormir; la lluvia; el estrés, de poder ser asaltado, y los días sin comer bien le pasaron factura: sufrió un infarto cardíaco.
“Ya no tengo tantas fuerzas y por eso me tocó disminuir las noches en las que trabajo. Pero nunca me arrepiento de nada. Sí me gustaría tener un trabajo más tranquilo, acorde a mi edad y a mis capacidades, pero es lo que tengo y lo que me mantiene vivo”, cuenta Navarro.
Por otro lado, Yully Ojeda y Rubén Estrada, una pareja de esposos recicladores de oficio que recolectan en Patio Bonito, dicen que tienen otras preocupaciones. “Gracias al reciclaje y a nuestra labor, hemos podido sacar nuestra familia adelante, a nuestros dos hijos, que también son recicladores, y a nuestras dos nietas. Pero sí hay dificultades. La mayor dificultad es que ahora se incrementó el número de recicladores, todos tienen que rebuscarse el día a día, pero hay menos para recoger”, señala Estrada.
Pero no es únicamente lo difícil del trabajo, sino también, la serie de factores que ponen en riesgo la permanencia de su oficio y complejizan la vinculación de estos trabajadores en el esquema de reciclaje en Bogotá.
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Este 21 y 22 de septiembre, en la capital se llevó a cabo el ‘Congreso Nacional de Recicladores de Oficio’, encuentro en el que pusieron sobre la mesa sus principales inquietudes y reclamos, y que reunió a entidades distritales y funcionarios del Gobierno Nacional. Gracias a este congreso, se aplazó un plantón que los trabajadores pensaban celebrar al frente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
De haberse ejecutado, esta manifestación habría sido la segunda en la capital durante este año, pues como se recordará, el pasado 1 de marzo hicieron presencia en las inmediaciones de la Superintendencia, reclamando la permanencia de su trabajo, la cual, todavía aseguran, está en riesgo.
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“Desafortunadamente, la única manera de que nos escuchen los entes del gobierno es haciendo plantones o marchas. Uno siente que los esfuerzos para hablar con la Superintendencia de Servicios Públicos son nulos. Sin embargo, no hicimos la segunda Minga Nacional Recicladora, porque llegamos a un acuerdo con el nuevo gobierno”, cuenta Nelly Vargas, representante legal de la Asociación de recicladores Puerta de Oro Bogotá.
Los recicladores resaltan que hay serias dificultades con el aplazamiento de las toneladas de material reciclable que reportan ante la entidad y con el pago de la tarifa, aunado a los “falsos recicladores”, que se han sumado en el mercado. Por esto, en repetidas ocasiones han solicitado la suspensión de la aplicación de la medida de aplazamiento.
Esta medida, dispuesta por la Superintendencia, se pone en práctica cuando la entidad nota irregularidades en el reporte que los recicladores publican en el Sistema Único de Información (SUI), es decir, cuando consideran que se reportó mayor cantidad de reciclaje del recolectado o cuando este contiene material no apto para el proceso, lo que genera el aplazamiento de dicho reporte para ser estudiado detalladamente.
Armando Ojeda, director técnico de Gestión de Aseo de la Superservicios, expone que la medida de aplazamiento es necesaria y se estableció con el fin de proteger tanto a los usuarios, como al esquema de aprovechamiento.
“Nos dimos cuenta de que existían altas distorsiones de las toneladas que se estaban incorporando en las tarifas. Con la medida se ha logrado depurar el esquema, sacando a las empresas que se hacen pasar por organizaciones de recicladores sin prestar la actividad o desarrollando otras actividades que no hacen parte del servicio público domiciliario de acción en la actividad de aprovechamiento y segundo, proteger al usuario, al prevenir los incrementos injustificados en las tarifas”.
Al respecto, la presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia, Nohra Padilla, advierte que todo se debe a fallas en la aplicación de la misma: “Se ha montado un esquema pernicioso y tramposo, en donde cientos de organizaciones de supuestos recicladores se han registrado y están afectando el sistema de tarifas, encareciendo el servicio para los usuarios. Y en eso, la Administración, que no encuentra los modos de aplicar un esquema de verificación, vio una excusa para los aplazamientos del pago”.
Y enfatiza que no son los recicladores de oficio “quienes les estamos haciendo el ‘hueco’ al sistema ni al usuario, sino las organizaciones que han visto las fallas en la aplicación del decreto” y se han autodenominado empresas de reciclaje, cuando en realidad serían organizaciones fachada.
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A su vez, el gremio de reciclaje pide que se revalúe el decreto 596 de 2016, que regulariza al reciclador, formaliza las asociaciones y dispone que la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo pueda realizarse “ya sea en libre competencia o a través de áreas de servicio exclusive en las que se incluya o no, esa actividad”.
“La libre competencia no puede darse o efectuarse bajo los parámetros que plantea, porque una libre competencia es entre iguales y no se puede comparar al gremio reciclador con los grandes inversionistas y compañías prestadoras de servicio público de aseo, algunas incluso extranjeras”, dicen.
Es por esto, que los trabajadores del reciclaje están a la espera de las movidas del gobierno de turno, esperando la creación de una política pública más amigable. Por lo pronto, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco Campuzano, expresó durante el encuentro que priorizarán el bienestar de los recicladores y la sostenibilidad ambiental.
“Somos conscientes de la enorme labor que hacen los recicladores para disminuir el enterramiento de residuos, para transitar hacia basura cero. Nuestro objetivo es mejorar sus condiciones de vida, lo que implica promover sus organizaciones”.
“Y en segundo lugar, el propósito es ambiental: la ruta que ha venido siguiendo el país durante los últimos años no es sostenible, no podemos mantener estos patrones de consumo, estos enterramientos de basura. Estamos haciendo un análisis de cuál es la situación de los rellenos sanitarios y la situación no es buena. Más de la mitad de estos, incluyendo el de Bogotá, están en una situación, ya sea de licenciamiento ambiental, de capacidad o de dificultades técnicas. En los próximos dos años tendremos que tomar medidas importantes”.
Sobre el enterramiento de residuos, Padilla asegura que la labor de los recicladores impacta positivamente en que menos basura llegue a estos rellenos sanitarios. Casi un 25 % de los desechos de los bogotanos logran ser reunidos y reconvertidos en materia prima. “Bogotá le debe mucho a los recicladores porque hemos hecho posible que se ahorren años de vida útil del relleno sanitario y no tenemos aún el reconocimiento pleno por nuestro trabajo”, reclama la líder.
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