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Además del hacinamiento en los centros de detención transitorios y carcelarios de la ciudad, otro flagelo se cierne sobre el ya comprometido sistema carcelario de Bogotá.
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Aparte de estar apeñuscados en las celdas que cada vez se quedan más cortas, los privados de la libertad en Bogotá no estarían recibiendo atención médica oportuna. Así lo denuncio la Personería Distrital recientemente en el evento ‘Uniendo voces por la justicia, equidad y diversidad, forjando un futuro más inclusivo’.
En esta oportunidad, en donde se recopilaron experiencias sobre la defensa de los derechos humanos en poblaciones vulnerables, el personero Julián Pinilla anunció los resultados del seguimiento que se le hizo a 150 reclusas de las cárceles Buen Pastor y Distrital para evaluar su acceso a los servicios de salud.
Tras realizar la investigación, la Personería encontró que el 46 % de las reclusas no ha recibido atención oportuna en áreas de atención como la nutrición, que representa un punto crítico para el origen de enfermedades en esta población carcelaria. El 53 %, además, dijo no haber podido solicitar una cita médica para la atención de un asunto médico no urgente. Otro 24 % de las reclusas incluso perdió citas médicas que ya tenía programas debido a la tardanza de las autorizaciones para asistir a este tipo de diligencias.
Pero la fase de salud preventiva, correspondiente a las citas de control, no es la única desatendida en este caso. Según el informe, el acceso al servicio de urgencias 24 horas está plagado de barreras para las reclusas.
La Personería encontró que el 49 % de las mujeres privadas de la libertad no ha logrado recibir atención oportuna en una situación de urgencia médica. Los fines de semana y las noches son las franjas horarias en donde más obstaculiza el acceso a este servicio médico. Algunas de las reclusas fueron más allá. La principal causa de este bloqueo a las urgencias, según el testimonio de las mujeres privadas de la libertad entregado a la Personería, son las custodias del Impec, quienes estarían impidiendo a las reclusas dirigirse a las zonas de sanidad dispuestas en los centros penitenciarios.
Tampoco hay acceso a implementos de higiene y de salud sexual
Otra denuncia que realizó el personero se concentró en el incumplimiento de la Ley 2261 de 2022, con la que se garantiza jurídicamente el acceso de las reclusas a productos de aseo personal, como toallas higiénicas y copas menstruales. A pesar de que la normativa es clara en la variedad de productos para el cuidado menstrual, y el derecho que tienen las mujeres detenidas a ellos, el 93 % dijo solo recibir de 3 a 5 toallas higiénicas para tolerar su ciclo menstrual. Esta cantidad, afirmó el 73 % de las encuestadas, es insuficiente.
Paralelamente a lo anterior, la personería informó del preocupante panorama para las mujeres víctimas de violencia sexual en las cárceles. El 15% de las reclusas que manifestaron ser víctimas de abusos de este tipo, dijo que se les negó el derecho a practicarse exámenes de embarazo y para la detección de enfermedades de transmisión sexual. De hecho, el 12 % de estas mujeres encarceladas dijo que les fue imposible acceder a métodos anticonceptivos en los centros penitenciarios.
A esta denuncia, se suman los constantes llamados que ha hecho el ente del control respecto al hacinamiento en los centros penitenciarios de la ciudad. Actualmente, en las estaciones de Policía de Bogotá, hay un sobrecupo del 169%, una cifra que se mantiene con tendencia al alza tanto en la capital, como en las otras ciudades de Colombia.
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