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Era julio de 2008, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en un consejo de seguridad en Morelia (Caquetá), sentenció: “Si nos tenemos que gastar todo el presupuesto de Colombia pagando recompensas para acabar a estos bandidos, nos lo gastamos”. Esta semana, catorce años después, la alcaldesa Claudia López lanzó su campaña de recompensas, para mejorar las cifras de seguridad y que “la ciudadanía nos ayude a capturar y judicializar a criminales”, indicó.
Son épocas diferentes. El primero intentaba contener a las Farc, mientras la segunda busca el apoyo de los capitalinos para enfrentar a la delincuencia local, en medio de una evidente ruptura entre la ciudadanía y la fuerza pública, producto del abuso policial, en medio de la protesta social de los últimos años.
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En el arranque de 2022, el panorama en materia de seguridad no pareciera tan caótico, pues comenzó con una disminución en nueve de los trece delitos de alto impacto. Sin embargo, hay cuatro que siguen al alza y son los que más aquejan a la ciudadanía: hurto a personas, de automotores, de motocicletas y lesiones personales.
La dinámica de la estrategia del Distrito planea que quienes delaten a responsables de homicidio recibirán $10 millones como retribución. Si dicho homicidio se da en medio de un atraco, la recompensa ascenderá a $20 millones, mismo monto que recibirán quienes den información sobre atracadores reincidentes. La recompensa más alta, de $50 millones, será para quienes brinden información que permita evitar ataques terroristas.
“Nuestra Policía y Fiscalía han sido más eficaces en ir reduciendo el homicidio y el hurto. Además, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana nos dio más herramientas para poder judicializar a quienes usan armas para intimidar a los ciudadanos y poner en riesgo sus vidas, y para judicializar a quienes son recurrentes”, señaló la alcaldesa.
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A pesar de que se habla de eficiencia y la mayoría de los indicadores de criminalidad bajaron en enero, otra cosa opinan los ciudadanos. Una encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá revela, entre otros detalles, que la capital experimenta la percepción de inseguridad más alta de los últimos años, situándose en 88 %. También demuestra el descontento de los capitalinos con la institucionalidad, al reflejar una baja calificación de la Policía, ya que solo tres de cada diez ciudadanos que solicitaron su servicio en 2021 lo calificaron muy bien o bien, lo que reafirmaría la ruptura entre ciudadanía y Policía.
Pero parece que no todo está perdido. La encuesta evidencia que el indicador de denuncia alcanzó el 49 %, el más alto en los últimos tres años, el cual también se puede interpretar como el resultado del aumento de la inseguridad. Sea cual sea el origen, es un recurso que el Distrito quiere aprovechar y, de hecho, es la base de la campaña “Bogotá unidos por la vida”, como lo señaló Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad. “Como vemos, esa encuesta demuestra que la gente está denunciando más, entonces vamos a poner a disposición el fondo de recompensas para retribuir esa labor”, indicó.
Ese fondo del que habla el secretario cuenta con recursos del Ministerio de Defensa y la Policía, que se unieron en convenio con el Distrito para ir fortaleciendo dichas arcas a medida que se vayan usando sus dineros. Por ahora, no hay límite de recompensas a entregar o fecha de caducidad de la campaña.
A pesar de que parece resuelto el tema económico y cómo funcionarán los incentivos, hay dudas sobre la legitimidad de la información que brindaría la ciudadanía. Para esto, según el Distrito, dichas recompensas solo se entregarán por información que pueda ser confirmada y permita la judicialización de los criminales. “La información la verificarán la Fiscalía y la Sijín, para así identificar a los responsables y prevenir acciones que puedan afectar la tranquilidad de la ciudad. Debe ser información efectiva”, agregó el funcionario.
Pero la mayor duda de algunos sectores políticos y analistas de temas de seguridad es sobre el trasfondo de la campaña, que se perfila como el combustible para revivir la red de informantes que tuvo el país en el gobierno de Uribe y, por qué no, para reponer la ruptura entre la ciudadanía y la fuerza pública.
Para la concejal Lucía Bastidas Ubaté (Alianza Verde), esta es una medida desesperada ante los pésimos resultados de seguridad de la alcaldesa Claudia López y sería producto de la pelea que ha tenido con la Policía. “Hay una fractura evidente entre las comunidades, la Alcaldía y la Policía, preciso las que deberíamos trabajar unidas por la seguridad”, señala la cabildante, quien de paso plantea un problema que vendría con el tiempo: la rentabilidad de la campaña.
“Son $1.400 millones que gastaríamos este año. Y, claro, cualquier cosa vale la pena por la seguridad, pero botar plata a la caneca es otra cosa. Esto es revivir la red de informantes, no tiene sentido mientras no haya un abordaje integral; un trabajo coordinado de la Alcaldía, la Policía y las comunidades, ni investigación en inteligencia policial, para dar con estas bandas criminales”, agregó.
El concejal Humberto Papo Amín (Centro Democrático), por su parte, lo ve con buenos ojos. Afirma que es la base de lo que se conoció como la red de informantes, la cual, en su momento, dejó una buena sensación y excelentes resultados. “Un año después de implementar la seguridad democrática, que tuvo auge en el 2002, la red sumaba 1,6 millones de ciudadanos y ayudó en la liberación de más de 96 secuestrados”, afirma.
No obstante, detrás estarían problemáticas como la justicia por mano propia y la mercenarización de la información, como lo ha calificado César Niño, profesor de la U. de La Salle, quien señala que “las labores de inteligencia, de administración, justicia y seguridad son competencias de las instituciones avaladas constitucionalmente para esto, donde la ciudadanía no tendría por qué estar en medio”.
Agrega que, por lógica, los ciudadanos deberían estar tranquilos, bajo la premisa de que las instituciones se están encargando. Por lo que antes de proponer estas estrategias, las autoridades deberían “actuar con más legitimidad y recuperar la confianza”, sin estar de por medio el dinero. Tanto la concejal Bastidas como el profesor Niño califican el plan como el menos indicado en un momento en el que la autoridad ha perdido arraigo con la ciudadanía, y esta última desaprueba la labor institucional, no solo por las recientes actuaciones, sino por el historial que pone en tela de juicio su proceder ante la seguridad ciudadana.
Además de enfrentar las recientes críticas que ha despertado la campaña, el Distrito también deberá crear un plan de seguridad para los informantes, pues las denuncias podrían generar represalias de las organizaciones criminales que sean enfrentadas con esta estrategia.